La jueza de Paz brindó cifras y advirtió que en febrero pasado hubo la misma cantidad de casos que en la vecina localidad de General Cabrera, que la triplica casi en población

«Hoy se acaban de agregar dos denuncias por violencia familiar… con acción penal incluida».

Son más de las 21, casi las 22, pero la jueza de Paz se toma el tiempo para agregar datos a lo que estuvimos conversando en el día. Mariana Richetta accedió a brindar una entrevista a la luz de algunos números que no pueden quedar sólo en la estadística: en febrero la localidad de Las Perdices tuvo la misma cantidad de denuncias que la vecina General Cabrera, cuando la primera tiene apenas seis mil habitantes y la otra más de 15 mil. Además, la funcionaria marcó que en más del 90% de los casos existen el alcohol y las drogas. También se refirió a la tarea que abordan ahora en la aplicación del nuevo Código de Convivencia Ciudadana de la provincia.

La abogada lleva poco más de un año al frente del Juzgado de Paz perdiceño, lo que fue suficiente para elaborar cuadros comparativos interanuales.

Claro que los números van fluctuando y algunos meses se presentan muy distintos. En marzo de 2015 hubo dos denuncias por violencia familiar, mientras que en marzo reciente fueron tres. Aparecen como pocas, pero arriesgó que «a este ritmo, en dos años, o sea, para 2017, podrían duplicarse si nos guiamos por el número y aumenta una al año».

«Hay mucha violencia y hay mucha droga», amplió Richetta.

Comparativo

“En ese aspecto estuve cubriendo General Cabrera en febrero, ciudad que triplica en habitantes casi a la nuestra y no tuvimos proporcionalmente tantos casos”, dijo.

A la hora de discriminar la gravedad de los casos, admitió que «el 70% aparece con ese indicador , el que está dado por el alcohol y las drogas (o ambas)». «La mayoría de las denuncias tienen como protagonistas a parejas o exparejas, ya sea que están o estaban casadas legalmente o conviviendo», aportó.

Esos factores y porcentajes se repiten en las cifras comparadas tanto en General Cabrera como en Las Perdices, sobre 12 casos en cada localidad.

Pero subrayó que «esa violencia física va acompañada de violencia psicológica», en ambas poblaciones.

La letrada consideró que «si bien no son muchos los números en la región y ahora se ha frenado (abril), en mayo subiría, bajaría en junio y lamentablemente repuntaría en julio. Ya me lo habían adelantado y así se viene dando».

Ratificó que «el primer denominador es el alcohol o las drogas, o el alcohol y las drogas». Otro común denominador es que «la mayoría de los casos que se denuncian provienen de estratos sociales más bajos, donde además de carencias de recursos diarios se registra falta de educación, sin obra social, sin vivienda propia y más».

Hacia atrás

Sumó que «en muchas oportunidades se da que la víctima denuncia a su agresor de cometer un acto de violencia estando alcoholizado, puntualmente, y en oportunidades aclaran que también existe el consumo de estupefacientes». De la misma manera, Richetta sostuvo que «a veces la mujer hace la denuncia y luego da marcha atrás. Desde el Juzgado se ordena la exclusión, la restricción y se completa el procedimiento, y resulta que como el hombre a veces aparece como el dueño de la casa o se da la cuestión económica que expone a la mujer a quedarse sin darle de comer a sus hijos, es ella quien pide anular todo».

Entre los porcentajes, la jueza explicó que ha tomado en este breve período en su cargo casos inversos, pero muy pocos: «Sólo en el 3% de las que se dio de un hombre contra su compañera, fue por violencia».

Richetta precisó que, en esos casos, «la función de los jueces de Paz en los pueblos, en cuanto a violencia de género, es tomar la denuncia y deducir la gravedad del hecho y de inmediato tomar una medida. De acuerdo a esos parámetros, si hay menores involucrados, se elevará a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y a los Tribunales de Violencia Familiar de Villa María. Más tarde habrá una audiencia y a posteriori, de acuerdo al procedimiento, se levantará la medida bajo su responsabilidad».

Cuota alimentaria

Sobre situaciones de conflicto entre vecinos, la jueza indicó que no recurren, «no se presentan». En cambio, postuló, «los reclamos por cuota alimentaria son muchos».

Convivencia

Respecto al nuevo rol como jueces de Faltas en la aplicación del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, Richetta deslizó que pasarán a «hacer lo que hacía un comisario a la hora de juzgar, a pesar de que lo administrativo seguirá en manos de la Policía, como el sumario, definiremos los días de arresto, haciendo que haya más control por el uso de costumbres abusivas en el accionar policial».

Entre los puntos más relevantes y a utilizar en localidades como la suya, Richetta destacó: «El Código tiene un espíritu garantista, se basa en el debido proceso de asegurar al infractor no estar incomunicado, por ejemplo, y no estar demorado de modo preventivo más de ocho horas. También elimina la figura del merodeo, aunque lo deja para la zona rural, y en caso de negativa a identificarse la ley prevé contar con dos testigos que esa persona se ha negado; este nuevo Código baja la punición del Estado. En cuanto a arresto, sí o sí la audiencia debe ser con un abogado para ser juzgado, quien tiene lo pagará y para quien no el Estado dispondrá uno».

Durante febrero, hubo 12 casos de violencia denunciados en la ciudad de General Cabrera, que cuenta con más de 15 mil habitantes, y la misma cantidad en Las Perdices, con una población que ronda apenas los seis mil.

“Como el hombre a veces aparece como el dueño de la casa o se da la cuestión económica que expone a la mujer a quedarse sin darle de comer a sus hijos, es ella quien pide anular todo”.