El 1 de junio alcanzó un récord histórico: 11.507 internos. Además, durante 2016 se contabilizaron 36 internos muertos, 14 de ellos en circunstancias violentas. La tasa de encarcelamiento subió a 168,54 por cada 100.000 habitantes
La población en las cárceles federales llegó al récord histórico de 11.507 presos, según el último informe anual de 2016 de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que también alertó por las 36 muertes bajo custodia ocurridas el año pasado y la persistencia de prácticas de tortura por parte del personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El documento oficial, difundido bajo el título “La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina”, arrojó que al 31 de diciembre de 2016 la población detenida en cárceles federales se había incrementado hasta 10.968 personas, lo que marcó un nuevo récord histórico.
Para febrero de este año esa cifra aumentó a 11.128 internos y desde la Procuración se alertó por la sobrepoblación en las cárceles federales, ya que hay un cupo declarado de 11.074 plazas.
El informe precisó que en el país la tasa de encarcelamiento subió a 168,54 por cada 100.000 habitantes, incluso sin contar los presos en comisarías, lo que daría una cifra superior a 77.000 personas privadas de la libertad en Argentina, cuya amplia mayoría se concentra en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense con una cifra máxima registrada de 33.482 personas.
El 51% de las personas privadas de su libertad no tiene una condena firme sino que están presas en calidad de procesadas y en su mayoría son varones, ya que las mujeres representan apenas el 4% de la población carcelaria a nivel nacional.
Según informó la PPN, “la inmensa mayoría” de los detenidos son argentinos, mientras que los extranjeros representan solo el 6%.
El 62% de los presos en Argentina son menores de 35 años, principalmente de entre 25 y 34 años.
Torturas y malos tratos
En tanto, el organismo denunció que “las torturas y los malos tratos constituyen un problema extendido y generalizado en las cárceles de nuestro país”.
En 2016 se detectaron 606 casos y sólo el 39% de las víctimas prestaron su consentimiento para realizar la denuncia penal.
“Ante toda esta evidencia, la Procuración Penitenciaria considera necesario que los responsables políticos y autoridades del SPF incluyan en agenda el problema de la tortura en los lugares de detención y, en consecuencia, se diseñe un plan de erradicación de esta práctica”, advirtió el informe firmado por el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Miguel Mugnolo.
En ese sentido, se informó que la respuesta judicial ante este tipo de denuncias es “inadecuada”, aunque resaltaron que existieron avances “puntuales pero importantes” en la investigación y sanción judicial de estos delitos.
El organismo informó que actualmente se desempeña como querellante en 34 casos judiciales, en los que 72 agentes penitenciario se encuentran procesados y otros nueve ya fueron condenados.
Por último, la PPN alertó por las 36 muertes ocurridas el año pasado dentro de las cárceles, 14 de las cuales se produjeron de forma violenta: cinco accidentes en el marco de medidas de fuerza extremas, tres homicidios, tres suicidios y tres muertes accidentales.
