A través de un duro comunicado, los letrados convocaron a las organizaciones sindicales a defender los derechos que, entienden, están intentando avasallar. Cuestionan especialmente al presidente Macri
“El presidente de la Nación, desde que asumió el cargo, está comprometido en una cruzada contra la Justicia del Trabajo”, comienzan diciendo los integrantes de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Abogados Laboralistas que tiene referentes en Villa María.
“Periódicamente hace declaraciones públicas, en las que sin el menor pudor agravia a magistrados y abogados, desnudando con llamativa simpleza su pensamiento íntimo. Cuando habla de estos temas evidencia su extracción de clase y la verdadera representación que ejerce: la de los empresarios que repiten constantemente un relato que la realidad desmiente a gritos: “la Justicia del Trabajo falla siempre para el mismo lado”, “jueces y abogados son responsables de la quiebra de las Pymes”, “la mafia de los laboralistas”, “la industria del juicio de los accidentes de trabajo”, etcétera”, agregaron.
Frente a las últimas declaraciones que hizo recientemente en Buenos Aires el presidente de la Nación, los laboralistas respondieron: “La quiebra de las PYMES, en todo caso, obedece a las políticas macroeconómicas de esta gestión, a la apertura indiscriminada de las importaciones, a la destrucción de la industria nacional, al congelamiento o reducción de los salarios reales y la consecuente retracción del consumo. Es decir, la estrategia económica basada en el “enfriamiento” de la economía, entre otras medidas, incrementó los despidos, el desempleo y la subocupación. Se trata de consecuencias nefastas para los/as trabajadores/as, jubilados/as y los sectores más vulnerables de la población.”
“Es evidente que el presidente de la Nación, como gran parte de la clase que representa, sueña con un país sin Justicia del Trabajo. Su pensamiento encarna el ideal del denominado neoliberalismo, que sueña con la vuelta al siglo XIX y un retorno al mercado autorregulado, sin intervención estatal en la economía ni Derecho del Trabajo. Pretende así retroceder más de 100 años”.
A criterio de la comisión directiva de la Asociación, el mensaje de Mauricio Macri expresa una intención de “disciplinar a la Justicia laboral. “Así se terminan los recursos de amparos y medidas cautelares que traben sus políticas”, puntualizaron.
“De avanzar en sus propósitos, en poco tiempo la experiencia menemista de una Justicia adicta será un juego de niños frente a lo que vendría”.
Contra los trabajadores
El comunicado expresa que “aunque parezca obvio, es necesario remarcarlo: los verdaderos destinatarios de esta feroz ofensiva contra la Justicia del Trabajo no son los jueces o los abogados, sino las y los trabajadores, ya que ella es una herramienta fundamental a fin de lograr la efectividad de sus derechos. Una Justicia del Trabajo colonizada por el Gobierno sería un fuerte golpe para la clase trabajadora argentina y la aplicación de sus derechos fundamentales, quedando en letra abstracta el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual reconoce que la persona que trabaja es el sujeto de preferente tutela constitucional”.
Explican que las autoridades laborales dependientes del Ejecutivo actúan en la misma línea: “El Ministerio de Trabajo de la Nación ataca a los sindicatos que defienden fielmente los derechos de sus representados. Prueba de ellos es la intervención lisa y llana a distintas entidades, la suspensión de la personería a varias asociaciones sindicales y la amenaza permanente del “quite” de la personería gremial frente al ejercicio legítimo del derecho de huelga y de otras acciones gremiales.
Asimismo, se difunde por medios masivos de comunicación que no se homologarán los convenios colectivos que superen los “techos” impuestos a los aumentos salariales, a lo que se suma una cantidad de iniciativas con el intento de derogar normas protectorias, limitar o anular la negociación colectiva, revivir la precarización y flexibilización laboral. Y peor aún, se constata un avance inusitado de la criminalización de la protesta social, con detenciones arbitrarias y multiplicación de causas penales a quienes ejercen colectivamente un derecho.
Por tales motivos, creemos necesario convocar al movimiento obrero organizado en todas sus vertientes, a los organismos de derechos humanos, a los movimientos sociales, a las asociaciones de abogados, de jueces y funcionarios, a las universidades, a las organizaciones académicas de derecho y a todas aquellas personas que sueñan con un orden social más justo y solidario, a resistir y enfrentar este ataque al Fuero laboral y a los derechos sociales”, concluyeron.
