A través de una radio abierta, personas con discapacidad, familiares y organizaciones repudiaron las últimas medidas del Gobierno nacional y, más allá de que se daría marcha atrás, juntaron firmas por la derogación del decreto que les permitió suspender las pensiones
Las voces de personas con discapacidad, familiares, instituciones y organizaciones que defienden sus luchas se hicieron oír ayer en plaza Centenario en una radio abierta en la que pidieron por sus derechos, reclamaron por la restitución de las pensiones y, sobre todo, juntaron firmas para la destitución del Decreto 437/97.
Más allá de que la decisión del Gobierno nacional de cortar miles de pensiones en el país sería revertida, los protagonistas sintieron la necesidad de estar presentes para, además, dar lectura a un documento (ver aparte) que elaboraron en una segunda reunión.
“Estamos en la plaza para no bajar la guardia”, resumió Lucas Gil, quien argumentó que “sobre todo ante los últimos anuncios del Gobierno nacional de que van a restituir las pensiones después de una revisación de cada una de ellas, lo cual sabemos que es una medida de dilatación para que la lucha se olvide y puedan seguir adelante con el plan de realmente quitar las pensiones como han venido haciendo hasta ahora”.
Son decenas de beneficiarios de Villa María que se llevaron la desagradable sorpresa de que sus cuentas estaban en cero porque sus pensiones habían sido quitadas. “Queremos hacerles saber que no nos dejamos engañar, que no dejamos la lucha. No solo queremos que se restituyan, queremos que se derogue inmediatamente el Decreto 432 el cual usaron como herramienta para poder hacer lo que hoy están haciendo y que se respete lo que dice la convención de los Derechos Humanos para Personas con Discapacidad de la ONU”, enfatizó Gil.
“Esta es nuestra manera de exigirle al Gobierno nacional que no solo revean las medidas, queremos que hagan las cosas como corresponden”, insistió.
Por su parte, mientras algunas trabajadoras de la Cooperativa 20 de Febrero se sumaban para brindar su apoyo, el atleta adaptado Lucas Basualdo expresó que “esto que sucedió nos envalentona más para visibilizarnos y seguir reclamando por nuestros derechos naturales y constitucionales”.
“Somos personas, después viene el diagnóstico. Esto nos une cada vez más, no solo entre quienes estamos en silla de ruedas sino entre todos los sectores como la comunidad sorda, la comunidad muda, las personas que vienen por sus familiares, todos estamos tirando para el mismo lado”, apuntó, al tiempo que invitó a las personas que tienen alguna discapacidad y a sus familiares a sumarse.
Con su pequeña hija en brazos, a quien también le sacaron la pensión, Carolina Barufaldi enfatizó que “venimos a pelearla porque es un derecho adquirido y no tienen por qué someternos a semejante barbaridad”.
“También venimos a pelear la derogación del decreto porque es lo que nos va a perjudicar ahora y siempre, a nosotros y a muchos que están en peores condiciones que ella”, mencionó.
Además, la mamá dijo que no todo queda en el tema de las pensiones. “Vamos a pelear por otros derechos también, el derecho a la inclusión, a la educación porque las integraciones escolares están sobrepasando el límite de las personas, sentimos que no somos vistos desde una realidad de igual a igual. Aparte la universalidad del derecho no está dado desde la misma visión general para todos”, enfatizó Carolina.
El comunicado
Algunos pasajes del comunicado que dieron a conocer menciona: “Bajo la apelación a una norma caduca, la 432 del año 1997 y contraria a lo establecido en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango de ley en nuestro país, exigimos la nulidad de la misma”.
“El decreto al que se hace referencia nunca puede ser más restrictivo que la ley, por lo tanto, no puede prever regulaciones ni limitaciones que la misma establece”, continúa el escrito.
“Las personas no son números, tienen historia, tienen derechos obtenidos por la vía legal exigida cuando tramitamos las pensiones no contributivas”, apunta y agrega en otro pasaje: “No nos/los revictimicen a las personas con discapacidad, no piden ni pedimos limosna, son/somos sujetos de derechos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos lo son”.
“Somos familias enteras preocupadas por el presente y el futuro de quienes ustedes dicen ‘podemos amparar o, si quieren, pueden trabajar’”, prosigue y sentencia: “No apelamos a la sensibilidad ni a la solidaridad, sino al compromiso y al deber que tienen los funcionarios de un estado democrático y republicano”.
