El legislador estuvo en Villa María disertando sobre políticas ambientales. Antes, pasó por EL DIARIO y habló de la corrupción, las elecciones y su mirada de la Ley de Bosques

La Justicia archivó hace unos días atrás las denuncias contra el Gobierno de Córdoba por supuesta corrupción y sobreprecios en la construcción del Hotel Ansenuza, en Miramar. “Esto fue una clara muestra de por qué el Gobierno de (José Manuel) De la Sota y de (Juan) Schiaretti, pueden hacer los desastres que han hecho en esta provincia, porque tienen un blindaje de los grandes medios y de la Justicia. Si no, cómo explica que el jueves pasado, cuando Córdoba literalmente ardía por el conflicto del transporte, mandaron a archivo la causa por el Hotel Ansenuza. Si a alguien le quedó una duda, creo que esa actitud la esclareció”, dijo Aurelio García Elorrio, legislador provincial y dirigente del partido Encuentro Vecinal Córdoba (EVC). “Alguna vez se tendría que escribir sobre los desastres que dejó Unión por Córdoba”, agregó.

En otro orden, el legislador fue consultado sobre el conflicto del transporte en Córdoba y acerca de la ley aprobada en la unicameral por la cual se declara “servicio esencial” al que prestan los colectiveros.

Sobre el particular, García Elorrio señaló que su voto fue en contra “porque claramente no es algo que deba legislar una Provincia”, dijo. “Entiendo que el 90% de la población hubiera preferido que votara a favor, pero alguna vez hay que ser serios. Una Provincia no puede reglamentar un artículo de la Constitución”, dijo, en alusión al 14 Bis. “Esa ley se va a caer”, aseguró. “Hay una comisión nacional, creada por una ley, que puede agregar servicios esenciales. A nadie se le ocurrió pedirle a esa comisión que lo hiciera”, planteó.

Ley de Bosques

El legislador estuvo en Villa María en el marco de las jornadas “de ambiente y compromiso social”, en la que participaron especialistas en la materia.

El tema de su disertación fue política ambiental y dio a conocer su posición sobre la Ley de Bosques.

“Estamos viendo cuál es el efecto de la sojización en Córdoba”, dijo.

Agregó que el debate de la Ley de Bosques es en realidad un debate de intereses económicos. “Se está analizando dónde ponen el millón de vacas que se perdieron por la extensión de la frontera agrícola. Quieren hacerlo en el arco noroeste de la provincia, donde están los bosques que quedan”, puntualizó.

“Ellos dicen que tirando abajo el monte bajo, el fachinal que se llama y dejando los árboles, no perjudican el ambiente. Algo que no es así, porque si se colocan pasturas entre las plantas nativas, se perderá la fauna que anida en el lugar”, dijo.

“Además, argumentan que es para que el hombre del monte tenga un medio de vida, a lo que nosotros respondemos que hay que conservar ese 3% de bosques que queda y proteger al hombre que vive en el monte con lo que se llama ‘bono verde’, es decir, un subsidio ecológico para quien conserva el lugar y cuida el ambiente de todos”, agregó.

Su propuesta radica en que no solo se protejan los bosques que quedan, sino que se haga un plan de reforestación en toda la provincia.

También impulsa que se fomente la radicación de familias en el campo. “El campo puede ser un gran generador de empleo y para ello, entendemos que habría que favorecer, con beneficios fiscales a los que tengan familias afincadas en zonas rurales”, dijo.

“Todos saben que los árboles tienen una función ambiental y una de ellas es absorber el agua. Vemos lo que ha pasado en nuestra provincia, que tenemos las napas a un metro promedio, cuando lo lógico es que estén a 10 metros. Esto es porque se ha llenado de soja la provincia, la impermeabilización de los suelos nos explica por qué tenemos tantas inundaciones”, aseveró.

“Por eso digo que en el fondo, este debate es una pelea por aumentar la rentabilidad de la tierra”, concluyó.