Sr. director:
En principio quiero agradecerles de todo corazón por la cobertura seria, humana y profesional que ha hecho la prensa del tema que nos ocupa.
De manera simultánea a mi protesta pacífica en defensa de nuestros derechos, en la ciudad estaba sucediendo otro conflicto por similares reivindicaciones, sin embargo ustedes, los trabajadores de prensa, no dejaron de acompañarme cada uno de los 19 días que duró mi huelga de hambre, informándole a la sociedad prácticamente minuto a minuto el devenir de esta lucha.
Seguidamente decir que a pesar de que no cumplieron con la palabra empeñada a mi hermana, que fue en principio la mediadora con el señor ministro de Salud de la provincia, Francisco Fortuna, consideramos que los logros que habíamos obtenido hasta hoy eran lo suficientemente importantes como para dar concluida la medida de protesta.
No quiero dejar pasar por alto mi repudio a la verdadera amansadora que tuvieron que soportar tanto mi hermana como mis abogados (los doctores Elisa Garzón y Carlos González Quintana) en el Ministerio de Salud, durante casi 12 horas, donde no se les proporcionó alimento ni bebida (siendo coherentes con la manera deshumanizada de tratar a sus conciudadanos), cuando mis demandas eran lo suficientemente claras y concisas.
Finalmente comentar algunos aspectos de la resolución ministerial que puso fin a mi huelga de hambre:
Que la Resolución (Ministerial Nro. 232/17), admite en forma contundente la existencia de absolutamente todos los comprobantes y facturas de los gastos efectuados por mi persona de manera particular, de los cuales poseo copias certificadas en mi poder. Lo cual tira por la borda y deja al descubierto las falacias vertidas desde el Directorio de Apross, cuando manifestaron en un comunicado de prensa que yo habría presentado facturas apócrifas en el reclamo administrativo, lo que motivó una denuncia penal en mi contra que se encuentra radicada en la Fiscalía a cargo del Dr. Fenoll. Una denuncia penal por eventual intento de estafa al Apross. Es de hacer notar que jamás el Apross pidió disculpas públicas por tamaña calumnia hacia mi buen nombre y el de mi familia toda.
Que el señor ministro de Desarrollo Social, a instancias del ministro de Salud, me otorga un subsidio no reintegrable, teniendo en cuenta además de mi huelga de hambre, los antecedentes profesionales y académicos prestigiosos… lo cual amerita concluir con la acción humanitaria sugerida. Con esto me pondría en un rango superior a un ser humano de menor prestigio, pero con mayores necesidades que las mías, lo cual a mi modesto entender, resulta normalmente inaceptable. Los fondos deberían haber salido de la misma Administradora Provincial de Seguro de Salud (Apross), ya que es su deber legal el prestarme dichos servicios en tiempo y forma. No seis meses después.
Como dicho subsidio ya está otorgado (la partida presupuestaria ya ha sido ordenada) y a mi entender nada tiene que ver con mi justo reclamo por reintegros de gastos efectuados de manera personal, considero que esa es plata de un sector de la sociedad de mayor vulnerabilidad, que se encuentra abandonada por un estado ausente; es por dicha razón que he decidido donarlo a dos entidades que lo necesitan más que yo, y es a donde verdaderamente deberían ir los fondos del Ministerio de Desarrollo Social: la mitad a un comedor de niños carenciados que lidera el Dr. Ernesto Argañaraz en Unquillo: Movimiento Peronista barrial de Unquillo y su merendero diario. Y la otra mitad a la Clínica de Ojos Ernesto Che Guevara, ubicada en calle Tomás Guido 757 de barrio San Martín, Córdoba, donde se realizan cirugías oftalmológicas de manera absolutamente gratuita; su directora es una hija de desaparecidos de la última dictadura militar; es una verdadera luchadora y se llama Lucía Coronel y es médica que además atiende de manera gratuita en un dispensario en el barrio recuperado del fondo de la Villa el Libertador. Es muy inmenso el trabajo que hace esta gente en esa clínica. Ya han practicado más de 50 mil operaciones de ojos.
Todo lo anterior no invalida las acciones legales que iniciaré en contra de los prestadores y el Directorio de Apross, con el equipo de abogados que me acompaña.
Ha quedado demostrado ante la sociedad que la Apross no es ni funciona como una obra social, ya que no se rige por la ley nacional al respecto, no es solidaria, no es eficiente, no actúa en los tiempos que las enfermedades ameritan, y además, no está dirigida por personas idóneas.
Insto a los señores legisladores a tomar cartas en el asunto para que esta situación cambie a la mayor brevedad posible.
Carlos Soriano
En defensa del PAMI
Una vez más, como en otros tiempos, tenemos que salir a defender al PAMI y lo que el Instituto representa para la cobertura, social y de salud, de los jubilados y pensionados.
Y este plan de acción no se enmarca en ninguna postura política partidaria, es un paso más en nuestro compromiso histórico de las personas mayores y de los trabajadores en actividad, los verdaderos dueños de la mayor obra social de Latinoamérica y un ejemplo a nivel mundial. Y en este compromiso incluimos a los agentes que trabajan en el PAMI que, a diario, ponen lo mejor de sí en la atención a los afiliados, la mayoría de las veces sin tener las herramientas adecuadas para resolver problemas, porque la salud de nuestros viejos queda enredada en una telaraña burocrática, armada para ajustar, pero no para brindar servicios.
Los gobiernos siguen incumpliendo la Ley 19.032, al no permitir que el PAMI se organice de acuerdo a los estatutos, con directorios colegiados con representación de los trabajadores jubilados y los trabajadores activos y representantes del Poder Ejecutivo.
El despropósito de los afiliados obligados a deambular para demostrar su pobreza para que les reintegren la entrega de medicamentos, que compulsivamente les fueran suspendidos. Como si cobrar unos pesos más que un haber y medio de la mínima los convirtiera en potentados evasores.
La injusticia que genera la demora en la entrega de elementos de ortopedia, prótesis (que obligan a la angustiante reprogramación de cirugías), así como la provisión de audífonos, marcapasos, camas, sillas de ruedas, colchones antiescaras, bolsas de colostomía. A lo que se agregan la inhumana demora de medicamentos que requieren la autorización de nivel central (como oncológicos, suplementos dietarios, etcétera).
En esta suma de “errores voluntarios” resulta grave que a la gerencia de medicamentos se la haya desvinculado de la gerencia de prestaciones médicas.
Otra medida injustificada ha sido la desvinculación del Centro Operativo de Derivaciones (CODE), de la Gerencia de prestaciones médicas, con lo que han logrado un sistema ineficiente que obliga a los afiliados a contratar servicios con prestadores privados.
Aumentaron el presupuesto para hacer frente a las demandas judiciales, a la que obligan a los afiliados para recibir las prestaciones comprometidas.
Con respecto a las prestaciones sociales, desfinanciaron programas y servicios y deterioraron algunos como pro-bienestar. Faltan cientos de trabajadores sociales y se golpea por falta de auxilio a los centros de jubilados.
Podemos hacer una lista casi infinita de medidas injustas e improcedentes. El nuevo modelo de contratación de los prestadores médicos, con el ya fracasado sistema capitado y, para colmo, pretendiendo abonar por las prestaciones menos de lo que se abonaba, terminará implosionando con la consiguiente desatención de los afiliados.
No se privaron de aumentar los gastos en publicidad y redes sociales en un 262%. Estrategia con la que intentan tapar el avasallamiento de los derechos de los afiliados.
A fines de 2015, el PAMI tenía un excedente de $3.500 millones prestados al Tesoro Nacional, a cambio de un interés mensual. Hoy ya no contamos con estos fondos de reserva, sino que el Instituto le debe al Tesoro $407 millones.
A todo esto venimos a decirle basta. Nos organizamos para defender al PAMI y lo hacemos con la convicción de que no es la primera vez que ganaremos la pulseada. Los que tienen que oír, que oigan.
Víctor Vedelago,
presidente del Centro de Jubilados José Luis Suppo
