A tres años de la reunión promovida en Villa María por el sindicato de policías, los agentes cesanteados no logran una respuesta de la Justicia. Si bien fueron sobreseídos penalmente, no consiguen que les devuelvan el empleo

El 28 de junio de 2014, en los altos de Mar Gut, se llevó a cabo la primera -y tal vez única- reunión en Villa María del discutido sindicato de policías.

El encuentro fue interrumpido cuando llegaron los jefes de la Departamental, quienes les pidieron a los asistentes que los acompañaran hasta la sede de la calle General Paz, donde sorpresivamente quedaron detenidos.

Después de un largo proceso judicial, todos (29 en total) fueron sobreseídos de los cargos que se les imputó. Pero la peor parte se la llevaron los agentes en actividad, que si bien asistieron al cónclave estando fuera de servicio (es decir, sin armas, ni uniformes y fuera del horario laboral) fueron cesanteados de la fuerza.

¿Cómo es la vida de ellos, a tres años de ocurrido el incidente?

Para dar respuesta a esa pregunta, entrevistamos a dos de los agentes cesanteados: los mellizos Fernando y Federico Bordini.

Fernando perdió todo lo material que había conseguido hasta esa fecha, dado que él y su mujer, -que estaba amamantando al pequeño que hoy los acompaña en su reclamo- fueron cesanteados. “La verdad, fue muy difícil. Hoy trabajo de peón de albañil, porque me contrata un compañero que también fue cesanteado y se armó una empresita de construcción. Además, trabajo de noche en un quiosco. Y mi señora, consiguió hace unos seis meses un trabajo en una empresa de limpieza”, dijo Fernando.

Tenían un terreno, habían salido sorteados en el Procrear, pero no pudieron acceder al crédito porque se quedaron sin sueldo y además, quedaron “tapados” en deudas, porque llevaban el nivel de gastos de cualquier trabajador, sin prever jamás que abruptamente se les interrumpirían los ingresos.

Hoy, afrontan como pueden los gastos de alquiler y el resto de las necesidades de la familia.

Federico, quien fue distinguido como “héroe”, dado que sin su oportuna intervención estando de franco en la Policía, no hubieran podido identificar a los autores materiales del intento de homicidio del dirigente Alejandro “Caño” Roganti, atravesó una situación similar. “Fue tremendo, con el paso del tiempo uno se va acomodando, pero fue muy duro. Yo me dedico a hacer tareas de pintor y de colocación de Durlock y vamos tirando, con mucho apoyo familiar”, dijeron.

Ambos habían vivido una experiencia sindical a través de su mamá, que era trabajadora bancaria. “Ella siempre nos inculcó la honestidad. No te digo que seamos Teresa de Calcuta, pero siempre actuamos honestamente, con principios”, dijeron los hermanos que ingresaron juntos, en el año 2007, como agentes de Policía.

“Con mi vieja, desde los tiempos de (Domingo) Cavallo, íbamos a las marchas de la Bancaria. Por eso, cuando hablaron de la reunión, yo pensé que era bueno, porque el policía, como cualquier trabajador, necesita alguien que lo defienda. Yo sé que nosotros no podemos hacer manifestaciones, pero eso no quiere decir que no tengas alguien que te defienda”, dijo Fernando.

Y Federico acotó: “Lamentablemente, vimos que el gremio, al menos con estas personas, no nos defendió. Todo giraba en torno a (René) Zabala, pero en realidad, no nos defendieron”.

Las secuelas del despido en la fuerza no fueron solo económicas, sino que melló la salud de los mellizos que hoy tienen 38 años. Fernando tiene soriasis provocada por el estrés que le causó la situación y Federico, está medicado porque en enero de este año, sufrió dos convulsiones en un mismo día, como consecuencia, también, del estrés.

Acerca de “transas”

En realidad, creen que más allá de esa reunión, hubo una cuestión de fondo. “Nosotros, no fuimos parte de ninguna transa de la Policía”, dijeron.

Recuerdan como una de las épocas más difíciles, las que tuvieron como jefe a Julio César Suárez, que después de su paso por la Departamental San Martín llegó a ser titular de la Policía de la Provincia de Córdoba. “El te pedía números, es decir, que detuvieras a gente sin importar si habían hecho algo o no. Nosotros nunca lo hicimos. No nos da la cara para arruinarle la vida a un tipo que va con ropa de albañil y llevarlo porque sí a la comisaría. Tampoco si vemos a alguien que estuvo preso por algo y salió en libertad. No podés seguir deteniéndolo si no hizo nada. Estamos seguro que si nosotros hubiéramos sido parte de alguna transa, nos hubieran protegido”, agregaron. En esos años, cuando el jefe les pedía “números”, fue tal la situación que se daba que “en Villa María se creó la Vacap”, que es la comisión de vecinos contra los abusos policiales. “Mucha gente no sabe que a los policías les pasa lo mismo que a los chicos con el viejo Código de Faltas: el policía que te aplica una sanción es el que resuelve si te hace lugar al descargo o no. Es decir, es juez y parte”, dijeron.

Recuerdan que aquella tarde, hace tres años atrás, “sacaron a los detenidos de los calabozos que había en la calle General Paz para que entráramos nosotros. No te imaginás cuánto nos dolió”, dijeron.

Hoy, esperan una respuesta de la Justicia: “Por sí o por no, pero que nos digan qué van a resolver”, dijo, en relación a la demanda administrativa que todavía no tuvo resolución judicial.

El 14 de abril de 2008, un hombre disparó a quemarropa a Alejandro “Caño” Roganti en la puerta de la vivienda del dirigente ubicada en el barrio Rivadavia. Acto seguido, subió al vehículo conducido por un segundo hombre y procuraron huir del lugar.

Todo fue rápido, por lo que hubieran logrado su cometido de no ser que pasaba por allí, en su motocicleta, el joven agente de Policía Federico Bordini. Sin importar que estaba de franco y que iba con su mujer, comenzó a perseguir a los autores del disparo que, si bien huyeron, lograron ser identificados gracias a que el agente anotó la matrícula del auto.

Eso posibilitó juzgar y condenar a los hermanos Sebastián y Maximiliano Eve como autores materiales del intento de homicidio.

-“¿Lo condecoraron?”, preguntó el camarista cordobés durante el juicio en el que declaró como testigo Federico Bordini.

-“No, me despidieron”, respondió.

Claudio Juárez Centeno, abogado de ocho de los cesanteados

El letrado cordobés Claudio Juárez Centeno (foto) presentó días atrás una denuncia en Córdoba “contra las autoridades policiales y gubernamentales” del momento porque entiende que la aplicación de la Ley Antimotín para los asistentes a la reunión de Mar Gut tiene “irregularidades no solo desde el punto de vista administrativo, sino que se basa en una ley inconstitucional y que es un subterfugio legal armado con el solo hecho de dar un escarmiento y cesantear a estos empleados”.

Entiende que eso debe ser investigado en Córdoba porque “el soporte administrativo y las disposiciones que motivaron las cesantías se generaron en Córdoba”.

Si bien no identifica a nadie en particular en la denuncia (que firmarán todos los cesanteados), no duda que el instrumento legal fue un decreto “firmado por el entonces gobernador José Manuel de la Sota y sus ministros de Gobierno y de Justicia” y mencionó como responsable de las órdenes dirigidas a “(Luis) Gervino, (Mauricio) Rantica y (Claudio) Quiroga”, autoridades de la Departamental, de parte de “Julio César Suárez, quien fue jefe de la Policía por entonces”.

“No hay lógica en esto: cómo puede decir la Policía que despide a sus agentes por un delito que la misma Justicia dice que no existió”, planteó el letrado.

Recordó que en Córdoba capital, además de la denuncia presentada contra autoridades gubernamentales y provinciales, continúa investigándose la cuestión administrativa. “Estamos cerca de presentar una cautelar para que le den una respuesta al reclamo” laboral de los ocho agentes que representa.

Cabe recordar que además, hay otros policías cesanteados tras la reunión de Mar Gut, quienes eligieron a abogados de Villa María. Algunos están ya cerca de una resolución en la Justicia de esta ciudad.

“Denunciamos a todas las autoridades”

Insólito – No fue a la reunión, pero lo echaron igual

De todos los hechos que se registraron hace tres años, el más llamativo es el de Adrián Mina. El policía, hoy cesanteado, “ni pasó cerca de Mar Gut”, dijeron los hermanos Bordini. Sin embargo, alguien les indicó a los jefes de la Departamental que estaba y lo llamaron. Cuando llegó a su lugar de trabajo, le informaron que estaba detenido por participar de la reunión.

Lo insólito de la situación hace que el expediente de Mina vaya por un carril separado. El, representado por el abogado cordobés Claudio Juárez Centeno, denunció en un Juzgado de Córdoba capital al actual segundo jefe de la Departamental: Mauricio Rantica por “estafa procesal” y “abuso de poder”, dado que lo indica como el responsable de haber dicho que estaba en esa reunión.