El juez federal Nº 3 de la ciudad de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, procesó ayer a los empresarios villamarienses Darío Onofre Ramonda y Darío José Ramonda, junto a otras 12 personas, en el marco de la causa en la que se investigan delitos como “lavado de dinero”, “intermediación financiera no autorizada”, “defraudación” y “asociación ilícita” realizados a través de la desaparecida financiera CBI Cordubensis SA, en tanto dictó una falta de mérito y cuatro sobreseimientos.
Vaca Narvaja resolvió procesar por “lavado de activos agravado” a los socios de CBI, Eduardo Rodrigo, Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Tissera y Oscar Américo Altamirano.
También dispuso los procesamientos de los Ramonda (padre e hijo) y de Carlos Forconi, Juan Dabusti, Raúl Toscano, Fernando Abril, Alejando Yacoppini y Luis de los Santos.
En la misma resolución, el magistrado cordobés ordenó la inhibición de bienes y el embargo a Forconi (por 90 millones de pesos), Abusti, Toscano, Abril (70 millones para cada uno de los tres) y Yacoppini (40 millones).
Falta de mérito
Por otra parte, Vaca Narvaja dictó la falta de mérito al empresario Euclides Bugliotti, que había sido involucrado en una causa por cobro de cheques de la obra social nacional Osecac, en la que sí quedó procesado su contador Javier Amado Guevara por “intermediación financiera no autorizada, agravada” y “lavado de activos agravado”.
Además, Vaca Narvaja sobreseyó al periodista Víctor Alaniz, a Antonio Casado y a José Luis Weissbein, acusados de “asociación ilícita”, y de Guillermo Mateos, quien estaba imputado por “evasión tributaria simple”.
Todo empezó…
La causa CBI estalló el 14 de febrero de 2014, cuando se conoció la dudosa muerte del vicepresidente de la firma, Jorge Suau, ocurrida un día antes en circunstancias aún no aclaradas por la Justicia.
El hallazgo del cadáver en el interior de su camioneta, en un camino rural, se producía en el marco de la caída de una mesa de dinero multimillonaria y el fraude a cientos de ahorristas que confiaron sus depósitos en dos locales, ubicados en el complejo Dinosaurio Mall y en calle Rivadavia al 100, ambos de la ciudad de Córdoba.
Ese día se desataba un descomunal escándalo financiero y judicial que ahora los 14 imputados por la Justicia Federal deben responder por diferentes cargos, como “estafa”, “intermediación financiera fraudulenta” y “lavado de dinero”, entre otras figuras penales.
El origen de los fondos, el manejo del capital financiero y los nombres de las personas involucrados transformaron la causa en uno de los hechos judiciales más resonantes de los últimos años en Córdoba.
