Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos aseguran que los corredores inmobiliarios impulsan una “campaña mentirosa y marketinera dirigida a ensuciar a profesionales”

Desde el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Córdoba (Colmart) salieron al cruce de las expresiones vertidas por referentes del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios (CPCI) que, según precisan, difundió “de manera maliciosa” que la Justicia declaró ilegal a martillero para ejercer la actividad inmobiliaria.

“Hasta el día de la fecha, el Colmart no ha recibido comunicación alguna de que haya sido imputado algún colegiado bajo la Ley 7.191”, esgrimieron desde la entidad que tiene como representante local a Efraín Vargas Ruiz.

“Asimismo, oportunamente hemos asistido desde nuestra área legal por falsas denuncias del Colegio de Inmobiliarios, las que fueron todas y cada una desestimadas y archivadas”, resaltaron.

Cabe destacar que la Ley 7.191 delegó en el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos, de manera exclusiva, el otorgamiento y contralor de la matrícula para realizar ventas por remate y/o para realizar operaciones de corretaje en general.

Según aseveran las fuentes consultadas por EL DIARIO, “este colegio profesional, creado en el año 1984, tiene la matrícula ‘madre’ para el ejercicio de la profesión de martillero y corredor público, mientras que el denominado CPCPI solo tiene una matrícula accesoria”.

“Desde nuestra institución, denunciamos una campaña mentirosa, marketinera y dirigida a ensuciar a los profesionales que intermedian con bienes y servicios, autodenominándose los ‘únicos legales’, en abierto desconocimiento de lo resuelto por la Justicia en cuanto a que el género es el “corredor público” y que el control de la actividad está delegado por el Estado provincial, exclusivamente la entidad creada por Ley 7.191”, enfatizaron.

“Desde este espacio no solo denunciamos esta actividad ilegal y contraria al derecho de trabajar y ejercer la profesión de manera libre y dentro del régimen legal vigente, sino que además denunciamos su actitud tendiente a favorecer a las franquicias inmobiliarias y grandes desarrollistas, a quienes defienden y justifican”, también dijeron.

“No existe fallo judicial alguno que impida ni afecte el normal desenvolvimiento profesional de nuestros colegiados y la referencia a un fallo emitido por la Cámara 2da. de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba no se encuentra firme, siendo otra mentira más que difunde esta entidad”, argumentaron antes de concluir: “No permitiremos que estos ‘pseudorigentes’ ensucien nuestra profesión y pretendan manchar nuestra dignidad”.