Causó malestar en la Auditoría General la decisión del intendente Martín Gill de no permitirle a su titular, Alicia Peressutti, integrar la comisión de recepción del servicio de agua y cloacas. Lo ocurrido llama mucho la atención porque la Carta Orgánica establece entre las facultades y deberes del auditor el de requerir informes, datos o documentos a concesionarios de servicios públicos, acceder a documentación y archivos realizando pericias de toda índole y realizar todos aquellos actos que considere imprescindibles para asegurar por parte de la administración pública municipal el cumplimiento de principios de celeridad, eficiencia, oportunidad, austeridad, honestidad, idoneidad y publicidad en el ejercicio de la función pública.