A las críticas de la ciudadanía por el daño ambiental se sumó el hecho de querer instalar la planta en un lugar no permitido para este tipo de establecimientos. Según la normativa de la ciudad bonaerense no podía estar en una zona industrial, tal como sucederá en Villa María
Escribe: Emiliano Eandi (DE NUESTRA REDACCION)
La central termoeléctrica que ya se construye en el Parque Industrial de Villa María forma parte de un plan energético del Gobierno nacional para el cual se licitaron tres nuevas estaciones generadoras en el país: una en nuestra ciudad, otra en Tandil y la tercera en San Nicolás, ambas en la provincia de Buenos Aires.
La empresa MSU Energy fue quien adjudicó el paquete de estas tres importantes obras, para las que se destinaron unos 150 millones de dólares para cada planta.
En enero pasado, el pueblo de Tandil logró que la firma encargada de montar la central termoeléctrica diera marcha atrás a la instalación de la planta en esa ciudad bonaerense. El 28 de enero, más precisamente, una solicitada publicada por la empresa en los diarios de esa ciudad anunciaba la decisión.
Sumado al rechazo de la población por los daños ambientales que este tipo de establecimientos genera -los mismos que tendremos que sufrir en nuestra ciudad-, se conoció que el lugar donde MSU Energy propuso montar la central no estaba permitido según la normativa de Tandil.
El predio está ubicado en una zona industrial -tal como sucede en Villa María-, cuando en realidad debe encontrarse en la zona rural.
Así lo explicaba el Directorio de la empresa en el comunicado:
“Para su radicación en Tandil, se consideró como establecimiento el área industrial, un lugar estratégico por su cercanía con la traza del gasoducto, combustible necesario para el funcionamiento de las turbinas, y próximo también donde está proyectada la edificación de la subestación de energía local, aún sin fecha de inicio de la obra.
Sin embargo, avanzados los estudios preliminares, se conoció que el código urbanístico local establece que, para la instalación de una planta de generación de estas características, se requiere que sea emplazada en zona rural, condición que no cumple el sitio elegido, y su rezonificación, en caso de que así se decida, implicaría un lapso necesario de debate que superaría los plazos establecidos en la adjudicación de la Secretaría de Energía de la Nación”.
Así justificó MSU Energy el hecho de no haber evaluado en un principio la legislación local -de Tandil-, siendo que se trata de un emprendimiento energético y con una inversión multimillonaria en moneda extranjera.
A partir del frustrado intento de instalar la central termoeléctrica en la ciudad serrana, la firma decidió mudar el proyecto a Barker, una pequeña localidad del partido de Benito Juárez, en Buenos Aires. Todo esto sucede al mismo tiempo que en Villa María trabajan a contrarreloj para terminar con la construcción de la estación generadora, en el predio del Parque Industrial.
El jefe de Gabinete de esa ciudad, Jorge Ismael, manifestó al diario La Voz del Pueblo que la planta de MSU Energy “se levantará lejos de cualquier centro urbano, ya que el más próximo sería Barker, a 20 kilómetros”.
Recaudos como estos no se tomaron en el caso de Villa María, ya que a menos de tres kilómetros está la población más cercana. Estamos todos nosotros.
Organizaciones como el Observatorio Petróleo Sur y la Asamblea NO a la termoeléctrica en Barker se han manifestado en contra de la generación de energía mediante este método.
Igual generación, distintos requisitos
Según publica MSU Energy en su sitio web, las tres plantas térmicas -de Villa María, de San Nicolás y de Barker- tendrán la misma capacidad: una potencia de 150 MW.
¿Por qué en Tandil se prohibió la instalación de la central en una zona industrial y en nuestra ciudad se dio vía libre? Este interrogante toma mayor fuerza al tratarse de establecimientos con idénticas condiciones.
Tampoco hubo objeciones de los concejales locales, ni del oficialismo ni de la oposición, luego de la Audiencia Pública llevada a cabo en el mes de mayo de este año.
Sin embargo, las voces opositoras sí se hicieron oír en la reunión en la que se debatió sobre la instalación de un depósito de residuos peligrosos, también en mayo pasado. Tras el rechazo de la ciudadanía a este proyecto, el intendente Martín Gill se sumó al pedido de renovación del estudio de impacto ambiental, uno de los puntos más débiles de la propuesta de la empresa EMRE SA.
Pero sobre la central termoeléctrica todo lo dicho hasta el momento fueron solo elogios: a la generación de puestos de trabajo, a la inversión realizada en la ciudad, al aporte energético de la planta.
La idea de “desarrollo” local y regional y el hecho de que la construcción de la planta forme parte de un proyecto del Gobierno nacional -que comparte signo político con concejales de la oposición- generó un silencio político que le hace -paradójicamente- mucho ruido al medio ambiente.
La misma empresa Uensa, del grupo MSU Energy, admite los daños que se esperan en la ciudad tras la puesta en marcha de la planta generadora de energía.
Tal como lo publicó EL DIARIO en la edición del lunes 21 de agosto, el informe presentado ante la Provincia afirma que “el mayor impacto ambiental viene dado por la emisión de gases y materiales particulados a la atmósfera producidos por el proceso de combustión y la generación de ruido, seguido por el manejo de residuos sólidos peligrosos, tales como aceites, refrigerantes y combustibles entre otros y los impactos sobre el agua en cuanto a demanda y a la emisión de efluentes”.
En los párrafos siguientes, el escrito reconoce que “el impacto ambiental potencial más relevante que pueden causar los procesos de generación eléctrica con base en turbogeneradores esta dado por el deterioro de la calidad del aire”.
