Escribe: Miguel Ortiz Pellegrini

DOCTOR EN DERECHO

El 29 de agosto es un buen día para reflexionar sobre nuestra profesión; el ideal de los abogados es luchar por la justicia, aunque parezca utópico por la conducta de algunos y por la actuación de algunos magistrados.

La justicia humana es el fruto del accionar del Poder Judicial, resolviendo las controversias de la gente. No hay otra.

Todo el sistema constitucional y legal se sanciona para ser obedecido por la sociedad y el Estado; si se logra la obediencia, existe previsibilidad para desenvolvernos en cualquier ámbito social; existe seguridad jurídica y esa seguridad es el objetivo central que custodian los Sres. jueces.

¿En Argentina hay seguridad jurídica? Para responder solo hay que verificar si nuestro pueblo tiene confianza en su Poder Judicial; las encuestas   indican que solo una minoría del 10% o menos “cree en el Poder Judicial”. Si nosotros “desconfiamos” de nuestros jueces, qué dejamos para los “inversores extranjeros” que promete el Gobierno cada vez que puede.

Sin seguridad no es posible desarrollo económico alguno.

Recuerdo -una anécdota- haber concurrido, hace años, a una reunión mundial de fiscales en China; en el discurso inaugural, el ministro del Interior expresó que China necesita mostrar al mundo que es un país previsible, que cualquier inversor debe conocer con claridad y facilidad todos sus derechos y estar tranquilo de que iban a ser respetados, que esa era la tarea de los fiscales y los jueces chinos. Y siguió “fundamentando” con expresiones muy conocidas por nosotros, pero lo curioso era que las pronunciaba un ministro de la China comunista… y a tenor de su crecimiento, en los últimos años, seguramente alcanzaron ese objetivo o están cerca de hacerlo.

En Argentina hablamos y proclamamos seguridad jurídica desde siempre, pero en la realidad ni siquiera el dinero depositado en los bancos está seguro, ni que hablar de los contratos comunes o internacionales siempre sujetos a ser modificados por “la emergencia”, por un decreto o una ley “sorpresiva”, modificaciones que llegan a Tribunales, donde duran años antes de tener una sentencia final. Es común que por “ley o decreto” se reduzcan las jubilaciones o se disponga “la flexibilización” del derecho laboral, se suscriban “acuerdos secretos” para ciertos intercambios, etcétera, etcétera. Lo “normal” es la “emergencia” y con ella, todo a disposición del poder.

En medio de esta situación hay un punto que supera toda imaginación y que demuestra lo “atrasados” que nos encontramos para acceder al primer mundo:

Es el llamado “Fuero Anticorrupción” que funciona en la ciudad de Córdoba, cuyo desempeño en 17 años solo refleja condenas por “coimas” de 10 o 20 pesos cometidas por algún “zorro gris” y ninguna actuación seria, y en nuestra provincia, “que ha pasado de todo” y sigue pasando, sin que ningún fiscal “anticorrupción” se entere de nada. Tenemos índices de trasparencia superiores a Dinamarca (el país con menos corrupción del mundo), pero los argentinos sabemos que los índices estadísticos también eran (¿son?) falsos; como sea, tampoco les creemos, los hemos remplazado por la movilidad del dólar, los precios que fija el supermercado, el precio del cemento, el hierro, etcétera, etcétera.

En lugar de seguridad jurídica parece reinar el “sálvese quien pueda” y en esa selva, los peces grandes se comen a los chicos.

La tarea hoy, si queremos progresar, es generar -como los padres fundadores- seguridad jurídica en nuestra Argentina. Esa es la base de un futuro mejor.