La oposición quedó fortalecida en las últimas horas cuando todo lo que vino advirtiendo sobre la concesión del servicio de agua potable y cloacas se tradujo en la realidad y además cuando finalmente logró tener un lugar en la comisión interventora del mismo.

Tal como se indica en página 3, se aprobó la prórroga de la recepción provisoria del servicio. A tal fin, la comisión del Departamento Ejecutivo que reunió información de la prestación del servicio incluirá a concejales, un representante de la Auditoría General y de los trabajadores.

La comisión interventora comenzará a trabajar desde mañana 1 de octubre y “garantizará la continuidad del servicio, la protección del recurso, las condiciones de salubridad y los puestos de trabajo”. Durante la prórroga, “el servicio se seguirá prestando en las mismas condiciones y costos que las actuales”.

Cuando finalice esta tarea, la comisión estará facultada para recomendar la figura jurídica más conveniente para la recepción definida del servicio.

Desde Juntos por Villa María no dejaron de remarcar todas las acciones que llevaron adelante para buscar que hoy, que finaliza la concesión que la Cooperativa 15 de Mayo tiene desde hace 25 años, la prestación del servicio cambiara de manos.

Fue Gisele Machicado quien repasó en sala todas las advertencias a través de proyectos de resolución. Recordó que pidieron integrar la comisión a la que ahora sí podrán sumarse. Habló además de la reunión que mantuvieron con los directivos de la 15 de Mayo, de la que “nos fuimos satisfechos pero con más dudas que las que teníamos”. Subrayó que en todo este tiempo hubo “silencio y hermetismo” desde el oficialismo.

Después, su par de bancada Gustavo Bustamante destacó que se sabía que esta concesión “tenía un plazo”, justamente el de hoy.

Pero quien fue contundente con sus fundamentos fue Nora Landart. Cuando habló, no dejó pasar que “la responsabilidad del Ejecutivo hubiese sido llegar hoy a la forma jurídica para tomar el servicio como corresponde”. Y si bien valoró la presencia de Gill en el Legislativo, advirtió que se dio a 48 horas del cierre de contrato y sin haber podido “construir una alternativa de solución en tiempo y forma”.

La radical hizo hincapié en las advertencias que hizo el bloque mediante proyectos para alertar sobre lo que se venía. Y luego apuntó hacia la 15 de Mayo señalando que no existen sistemas normativos, protocolos de administración ni procedimientos para abordar el servicio desde hoy.

“No hay claridad sobre la cantidad de trabajadores ni sobre las remuneraciones”, manifestó. Agregó que desde hace cinco años y medio viene solicitando “el acceso a la información de balances y estado de situación patrimonial, algo que dice la ley, no este bloque”.

Puso énfasis en sostener que “esto no es casualidad” sino que existen “responsables políticos” de esta situación.

“Negaron la participación del Concejo Deliberante, de la Auditoría y de todos actores que vienen denunciando irregularidades”, advirtió. Y fue más lejos al decir que hubo causales de rescisión de contrato ante las que “ni el Gobierno de 15 años” -en alusión al accastellismo- ni el de Gill, “tomaron decisiones”.

Improvisación, impericia, necesidad de ocultar información o bien una escala de prioridades en las que el servicio no apareció. Algunas de estas razones aparecen como posibles detrás de esta reacción muy tardía del oficialismo, que llegó a esta instancia sin haber resuelto cómo continuaba la prestación del servicio de agua potable y cloacas.

Todos los argumentos que dieron se tornan grotescos si se tiene en cuenta que desde el vamos se conocía que la concesión que se extendió por más de dos décadas finalizaba hoy. Era uno de los asuntos políticos del año y no se llegó a tiempo, habilitando una comisión que a la luz de los hechos debió actuar antes y con la improlijidad de no permitir la inclusión de actores ajenos al Ejecutivo, cuanto menos a la auditora general.

Todo muy extraño, con ingredientes que fortalecen las suspicacias.

Diego Bengoa