Los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta pidieron ayer penas de dos a siete años de prisión para cuatro exfuncionarios de la Justicia Federal que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura cívico-militar.

En el marco del juicio por la llamada “causa de los magistrados”, que está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, están imputados el exjuez federal Miguel Angel Puga, el exfiscal federal Antonio Cornejo, el exsecretario Penal del Juzgado Federal 1, Carlos Otero Alvarez, y el exdefensor oficial federal Ricardo Haro.

Al concluir su alegato, Gonella y Trotta solicitaron para Cornejo y Puga penas de cinco años de prisión por los delitos de “incumplimiento de la obligación de promover acción penal” y “abuso de autoridad”.

Para Otero Alvarez, los fiscales villamarienses pidieron una condena de siete años de cárcel por el delito de “abuso de autoridad reiterado” (62 hechos) y “omisión de dar cuenta a la autoridad competente de una detención ilegal”, mientras que en relación a Haro, por el delito de “abuso de autoridad”, solicitaron una pena de dos años de prisión, con la aclaración de que debía ser en suspenso dada la avanzada edad del imputado.

Cabe recordar que el pasado 18 de septiembre las Querellas (acusadores privados) habían requerido cinco años de prisión para Otero Alvarez y tres años para Puga y Cornejo, sin aludir a Haro.

Los abogados Patricia Chalup, Jorge Chalup y Adriana Gentile sostuvieron que en el debate “quedaron probados” los hechos por los que fueron acusados en la elevación a juicio estos exmagistrados, al exponer como querellantes en representación de los familiares de las víctimas Hugo Vaca Narvaja, Miguel Angel Ceballos y Marta Juana González de Baronetto.

El juicio de la causa caratulada “Cornejo, Antonio Sebastián y otros”, más conocida como “causa de los magistrados”, comenzó el pasado 25 de julio.

Los acusados fueron procesados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y por encubrir torturas, secuestros, homicidios y otros delitos de los que fueron víctimas prisioneros políticos de la Dirección de Informaciones Policiales (D2) y de la Unidad Penal 1 (UP1) de la ciudad de Córdoba.

Según la instrucción de la causa, los funcionarios judiciales imputados no promovieron la investigación de crímenes denunciados por las víctimas frente a ellos y encubrieron a los perpetradores.

Más de 70 víctimas de estos delitos consideradas en la causa estaban detenidas a disposición de jueces e instancias militares de la dictadura en causas abiertas por violación a la denominada “ley antisubversiva” Nº 20.840.

Tras la exposición de los fiscales, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el martes de la semana próxima, cuando comenzarán los alegatos de las Defensas en el juicio que, según lo previsto, llegará a sentencia el próximo 6 de noviembre.