Se llevó a cabo el viernes una nueva audiencia en la Cámara del Trabajo en el marco de la causa iniciada por Mónica Marcela Quiero contra la Municipalidad y un dirigente del SUOEM

¿Fabián “Mojarrita” Carranza iba o no regularmente a la oficina de Tránsito durante los años 2007 y 2008, cuando ocurrieron los hechos denunciados por una exagente de Tránsito? Esa pregunta es la que generó una controversia que motivó el careo entre Jorge Mulinetti -quien se desempeñaba al frente de dicha área en la Municipalidad de Villa María- y Nadia Brossard, extrabajadora del lugar. Ambos se mantuvieron en sus dichos.

Para Mulinetti, Mojarrita no iba a Tránsito porque “estaba en el gremio”, ocupando el cargo para el que fue electo en el año 2006.

Para Brossard, en cambio, “casi siempre” estaba tanto Carranza como Rubén “Paco” Quevedo a la hora del refrigerio en la oficina de Tránsito.

“Ratifico lo que dije: yo llegaba al refrigerio y lo veía, daba órdenes, tomaba los vales del municipio para combustible y además siempre tenía el Nextel en la mano”, señaló Brossard.

Frente a eso, Mulinetti aclaró: “A veces lo convocaban las trabajadoras y puede ser que otras iba solo por su cuenta, pero por motivos gremiales”.

Dado que la controversia, tras el careo, siguió firme, las partes pidieron un oficio a la Municipalidad para que envíe al Tribunal presidido por Osvaldo Mario Samuel los libros de entrada y salida en esa oficina durante el período en cuestión. Tras eso, pasaron a un cuarto intermedio hasta el jueves 26 de octubre.

Tanto para la defensa como para la acusación es central determinar si el acusado, Fabián Carranza, estaba en la oficina, dado que los hechos denunciados refieren a que el dirigente gremial acosaba sexualmente a Mónica Marcela Quiero en el ámbito laboral. Agregan en la denuncia que el municipio no hizo nada para proteger a las mujeres que denunciaron públicamente ese tema.

Un hecho similar ya obtuvo sentencia: fue el que inició Ivana Chialvo contra Rubén Quevedo. En este caso, la magistrada Liliana Cuevas de Atienza falló a favor de Quevedo y de la Municipalidad.

Testigo ausente: Un dato llamativo para señalar sobre la audiencia del último viernes, donde debía comparecer como último testigo el doctor Arturo Moroni, quien asistió como médico a la denunciante cuando ésta se descompuso trabajando, como consecuencia -adujo- del estrés que le provocaba el acoso sexual de su superior. Moroni, como no compareció tras tres citaciones, fue buscado por “la fuerza pública” en el único domicilio que tenía registrado el Tribunal, que no es otro que la clínica en la que trabaja. Como no estaba allí y desconocían el domicilio particular del profesional, la defensa de Mónica Marcela Quiero desistió de receptar ese testimonio.

Una denuncia similar, pero en la Policía de Hernando

El viernes último, en el noticiero de Uniteve, Alejandra Giraudo, una suboficial de la Policía de 31 años, relató que sufrió un calvario como consecuencia del acoso sexual de un superior y por la falta de respuesta de las autoridades.

Según dijo en la entrevista, al regresar de su licencia por maternidad el entonces jefe de la Comisaría de Hernando comenzó a hacerle propuestas sexuales. “En todas las oportunidades me negué”, dijo.

Asegura que la “sacaba a patrullar sola” y que, como no pudo resistir más esa situación, decidió comunicarlo a los superiores. No tuvo apoyo, los hechos continuaron -según su relato- en el tiempo, por lo que decidió sacar carpeta psiquiátrica y evitar así encontrarlo a diario.

“Fui a mis superiores y al Tribunal de Conducta con las pruebas, como son los mensajes de texto y los audios, pero no hicieron nada. Incluso, cuando lo citaron a él ante el Tribunal fue acompañado por el jefe de la Departamental” Tercero Arriba, aseguró. “A él lo acompañan, lo ascienden. A mí me maltrataron, me hostigaron y me dejaron sola”, planteó.

Además, también hizo una denuncia penal en la Fiscalía de Segundo Turno de los Tribunales de Río Tercero. “Ahí tampoco se movió nada”, planteó.

Asegura que muchas mujeres atraviesan por la misma situación, pero evitan denunciar “para que no les pase lo que me está pasando a mí”, dijo esta mujer, que es madre de dos hijos y se encuentra hoy teniendo que dar ella explicaciones sobre su conducta.

Tan es así que el martes de la semana próxima tendrá que asistir a una pericia especial ordenada por sus superiores para ver si encuentra justificación a las prolongadas licencias psiquiátricas que se tomó en la fuerza.

El camino que eligió Alejandra Giraudo fue el de la comunicación a sus superiores y la denuncia penal. En el caso de los hechos de la Municipalidad de Villa María, el camino fue el de recurrir a la Justicia del Trabajo. Pero las situaciones en las que una mujer no es escuchada se repiten.