Se trata de Gustavo Day y Maximiliano Porporatto, quienes fueron hallados culpables de una veintena de hechos de “defraudación calificada” cometidos hace poco más de ocho años. Como Bancor no realizó acción civil, tampoco tendrán que devolver el dinero malhabido
Dos villamarienses, exempleados de la Sucursal Centro del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), fueron condenados ayer en la Cámara del Crimen local luego que confesaran haber estafado a la entidad crediticia en mayo y junio de 2009 por una suma superior a los 110.000 pesos.
En el marco de un juicio oral y público de trámite abreviado, Gustavo Enrique Day (49) y Maximiliano Porporatto (43) recibieron penas de tres años de prisión tras ser declarados coautores responsables de “defraudación calificada reiterada”; pero como la sanción impuesta es “de ejecución condicional”, los dos mantendrán la libertad.
Day, quien se desempeñaba como cajero de la sucursal ubicada en San Martín y Entre Ríos, llegó a juicio acusado por 23 hechos del delito mencionado, 21 de los cuales los cometió conjuntamente con Porporatto, quien cumplía funciones en la venta de moneda extranjera y plazo fijo.
Además, se probó la participación individual del cajero en otro caso de “defraudación calificada” y fue absuelto por el restante, por lo que finalmente fue condenado por 22 estafas, una más que su compañero de andanzas.
De acuerdo con la investigación judicial, tarea que estuvo a cargo del hoy exfiscal Gustavo Atienza (se jubiló hace un par de meses), los empleados infieles se hicieron de una suma que el abogado del banco, Juan Ramón Echegaray, fijó ayer en 111.000 pesos al pronunciar su alegato en calidad de representante de la Querella.
Day y Porporatto lograron mantener el estado de libertad por dos razones fundamentales: ambos carecían de antecedentes y el delito por el que fueron condenados tiene una escala penal de dos a seis años de prisión, razón por la cual es excarcelable.
La audiencia fue presidida por el juez René Gandarillas y contó con la participación del fiscal Francisco Márquez y de los abogados José Luis Bertoldi (defendió a Day), Eduardo Luis Rodríguez (asistió a Porporatto) y del mencionado letrado cordobés Echegaray, mientras que Guillermo Picco intervino como secretario de Cámara.
Antes de que se iniciara el debate, las partes habían acordado la pena que luego solicitaron para ambos imputados ya que los dos adelantaron que admitirían sus responsabilidades en los hechos y, por ende, se declararían culpables.
Así ocurrió luego de que se leyera la pieza acusatoria y al momento de que tanto Dan como Porporatto prestaran declaración en la sala del quinto piso de Tribunales.
La denuncia penal
El 24 de agosto de 2009, funcionarios del Banco de Córdoba formularon una denuncia penal en la Fiscalía a cargo de Atienza por irregularidades detectadas en la sucursal céntrica, que podrían configurar el delito de estafa.
La acusación se basó en una investigación interna realizada por los auditores de la entidad crediticia, que dio como resultado que al menos los empleados habían realizado extracciones de dinero de diversas cajas de ahorro con la intención de comprar divisas, especulando con las diferencias en la cotización.
En rigor de verdad, la investigación se había iniciado un par de meses antes tras la denuncia de un cliente que detectó que le faltaban alrededor de 3.600 pesos de una caja de ahorro que no utilizaba. Ese hecho disparó las averiguaciones y, a medida que avanzaba, fueron descubriendo que una serie de cuentas tuvieron extracciones que no fueron reconocidas por los clientes.
En paralelo, los auditores encontraron que había operaciones de compra de divisas que los ordenantes no reconocieron haberlas efectuado.
De acuerdo con el resultado de la instrucción judicial, Porporatto se encargó de averiguar qué clientes habían fallecido y cuáles cajas de ahorro no registraban movimiento en los últimos años. Y luego, conjuntamente con Day, se encargaron de pergeñar las maniobras delictivas que les permitieron obtener jugosos dividendos en apenas dos meses.
En una primera etapa de la investigación se detectaron ocho hechos de “defraudación calificada”, pero con el correr de los meses el abogado Echegaray denunció 15 nuevos ilícitos cometido en perjuicio de la entidad bancaria y por la suma que él mismo refirió durante su alegato de la víspera.
Al momento de ser separados de sus cargos (agosto de 2009), el excajero de Bancor tenía 23 años de antigüedad, mientras que Porporatto llevaba poco más de un año y medio en la entidad crediticia.
Sin embargo, como Day era delegado de la Asociación Bancaria, siguió cobrando su salario hasta 2014, año en el que finalmente la Justicia hizo lugar al pedido de desafuero gremial reclamado por la entidad crediticia.
Dos sobreseimientos
Además, cabe recordar que en un primer momento (el 11 de septiembre de 2009), el fiscal Atienza también imputó como supuestos cómplices de las maniobras a la contadora Diana Esther Pineda y a Nicolás Bertello, quien se desempeñaba en el mismo puesto que Porporatto, por lo que también fueron separados de sus cargos.
Sin embargo, en los primeros días de noviembre de 2010, el propio Atienza solicitó el sobreseimiento de ambos empleados, medida procesal que fue confirmada apenas tres semanas después por la jueza de Control, Edith Lezama de Pereyra.
De ese modo, tanto Pineda como Bertello fueron desprocesados y, por ende, quedaron fuera de toda sospecha o acusación en su contra.
Reglas de conducta
La sentencia impuesta por el juez Gandarillas incluye un par de reglas de conducta que Gustavo Day y Maximiliano Porporatto deberán cumplir: fijar domicilio y concurrir mensualmente a Tribunales, durante los próximos tres años, para firmar su comparendo.
Finalmente, cabe señalar que a lo largo de los más de ocho años que transcurrieron desde que se detectaron las maniobras delictivas hasta ayer, en que la Justicia dictó sentencia, ninguno de los condenados fue detenido. Y como las autoridades del banco no entablaron una demanda civil para reclamar un resarcimiento económico, tampoco deberán reintegrar dinero alguno.
Confirmaron la elevación a juicio del «Caso Mignola»
El juez de Control de Jesús María, Oscar Daniel Patat, confirmó la elevación a juicio de la causa por la muerte del joven villamariense Francisco Javier “Pancho” Mignola (19), quien falleció el 26 de octubre de 2014 durante una fiesta electrónica realizada en la estancia El Silencio, ubicada sobre el Camino del Cuadrado, en proximidades de las localidades de La Falda y Valle Hermoso. Por ese hecho, los organizadores del evento, Ricardo Mariano Carballo (31) y César Augusto Lombardi Santa Ana (33), serán juzgados como presuntos coautores de “homicidio culposo”. El abogado de la familia Mignola, Miguel Ortiz Pellegrini, dijo ayer que estaba “conforme” con la decisión del Patat y que en el juicio espera “meter presos” a los acusados.
