El listado de juicios contra el municipio villamariense refleja que expropiaciones mal realizadas representan el monto mayor

Escribe Diego Bengoa
De nuestra Redacción

La documentación oficial da cuenta de que la deuda flotante o pasivo circulante de la Municipalidad de Villa María asciende a 89.000.770,28 pesos.

Esa cifra es la que hizo mención días atrás Daniela Lucarelli, la secretaria de Economía y Finanzas, cuando le dijo a EL DIARIO que la comuna tiene que pagar entre 80 y 100 millones de pesos por juicios en contra ante los cuales “ya nada hay por hacer”, porque tienen sentencia firme o no caben otros recursos.

El recuento de los juicios y actuaciones administrativas que componen esa suma da cuenta que hay casos de expropiación vinculados al plan 400 Viviendas, hoy barrio Malvinas Argentinas, que representan nada menos que 54.422.145 pesos

Son cuatro juicios que involucran a tres apellidos: Martinotti, Torasso y Miozzo. Y se produjeron porque la Municipalidad les pagó por las tierras en donde se levantó el programa habitacional un monto mucho menor a lo que correspondía.

Este asunto es el de mayor envergadura en el listado de procesos judiciales en los cuales el municipio está en la cuerda floja.

Aparte hay cuatro pleitos de índole laboral, entre los que se cuentan los de fuerte repercusión en estos meses, como los de Ivana Chialvo (ya con un fallo en primera instancia que rechazó la demanda contra la comuna, pero que al ser casado ahora quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia) y Marcela Quiero.

Lo laboral ocasionó una estimación de 5.685.416 pesos a pagar por el municipio.

Por otros expedientes de daños y perjuicios se presume que habrá que abonar 5.401.300 pesos. Son dos causas. Una de ellas fue muy conocida y se registró en las primeras semanas del primer mandato de Accastello, en enero de 2000, cuando un adolescente que en ese momento tenía 16 años realizó una pirueta en el Salón de los Deportes, y se lesionó la columna. La Justicia siempre falló a favor del joven, pero el Gobierno extendió el periplo judicial una y otra vez sin dar una respuesta al por entonces adolescente en base a lo definido en estratos judiciales.

Por otro lado, hay 18.313.752 pesos que corresponden a juicios por el denominado “impuesto a la valija”, el nombre que se le dio a la técnicamente “Contribución a empresas de extraña jurisdicción”, destinada a cobrar a las firmas que comercializan productos en la ciudad aunque no tengan sede aquí.

Villa María aplicó este tributo durante ocho años, hasta que en 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de Laboratorios Raffo SA en su controversia con la Municipalidad de Córdoba, considerando inconstitucional su cobro, lo que generó jurisprudencia sobre el asunto.

Hasta entonces, la Municipalidad se sentaba en fallos en que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba lo consideraba legal.

El listado se completa con otros pocos pleitos.

¿Cómo se pagará?

Aunque Lucarelli dijo que se tiene que pagar entre 80 y 100 millones de pesos, lo presupuestado para el año próximo es mucho más bajo: 16.450.000 de pesos.

El monto dado por la funcionaria alarmó, más allá de que 100 millones de pesos en un presupuesto de 1.600 millones de pesos no compromete el normal funcionamiento de la administración local, aunque representa un fuerte golpe para las finanzas.

No obstante, no es eso lo que se aspira a pagar en el período anual que se viene.

Según evidencia el proyecto de recursos y gastos 2018, para la Asesoría Letrada del Gobierno, a cargo de los abogados Oscar Barroso y Eduardo Rodríguez, se proyectó 16.450.000 pesos para “impuestos, derechos, tasas y juicios”.

Dentro de esto se encuentra el ítem “sentencias y otros gastos judiciales relacionados” por un total de 13 millones. Hay otros 3 millones por mediaciones, acuerdos extrajudiciales y otros gastos relacionados. En tanto, se previeron 150 mil pesos por indemnizaciones por daños y perjuicios y 300 mil por embargos y gastos relacionados.

Mirando hacia atrás

Lucarelli destacó que desde que asumió el intendente Martín Gill no hay nuevos juicios.

Por eso, en el oficialismo explican que lo que deberán pagar corresponde a la herencia que recibieron en diciembre de 2015. Lo que se omite decir es que muchos nombres del Ejecutivo actual, e incluso el intendente, fueron parte del accastellismo, es decir del mismo proyecto político. Además, la expropiación por las 400 Viviendas -que motivó la mayor cifra judicial- involucra también a la gestión de Nora Bedano, de la cual Gill fue el secretario de Gobierno, además de haber sido en los seis meses previos intendente interino. Lucarelli también estuvo en las filas del accastellismo.

Pero, volviendo a los números, ¿cuál fue lo presupuestado a fines de 2015 – última etapa de Eduardo Accastello- para 2016, el primer año de la gestión actual? El Presupuesto de ese entonces exhibe un monto de 5.658.150 pesos (3.907.050 pesos para sentencias y 1.751.100 pesos para mediaciones y acuerdos extrajudiciales). De estos 5,6 millones se pagaron al 31 de diciembre de 2016 un total de 4.070.120, 43 pesos.

Llama la atención que en la salida de Accastello del poder la cifra haya estado tan lejos de lo que hoy está para pagar.

¿Qué ocurrió en el primer período del jefe comunal actual? De acuerdo al Presupuesto 2017 (el que está vigente en la actualidad, y que fue elaborado en los últimos meses de 2016), el monto estimado para sentencias, mediaciones y acuerdos fue de 15 millones de pesos, habiéndose pagado al 30 de septiembre último solo 1.777.991, 15 pesos.

Aparentemente, ahora viene la peor parte.