Cuestiona al municipio por haber permitido el inicio de obras antes de la realización de la audiencia pública. Por otro lado, un concejal de la oposición elevó el primer pedido de informes sobre la planta al municipio
Por estos días circula en las redes sociales un video informativo sobre la instalación de la central termoeléctrica en la ciudad, los posibles riesgos a los que se enfrenta la población y las irregularidades ocurridas en el proceso de radicación de esta industria de tercera categoría, rango que incluye a los establecimientos que más contaminan.
Entre los principales cuestionamientos planteados en el audiovisual, que está firmado por “vecinxs autoconvocadxs”, se menciona el hecho de que la Municipalidad de Villa María autorizó el comienzo de obras cuatro meses antes de la realización de la audiencia pública, paso fundamental para obtener el permiso de funcionamiento.
“Exigimos pausa total al proceso de instalación de la termoeléctrica en Villa María hasta tanto:
-Se habilite un mecanismo para la auténtica participación de la población en la toma de decisiones referidas al uso del patrimonio natural común.
-Se conozcan los estudios reales sobre la capacidad de uso del agua de nuestro suelo.
-Se expliciten los mecanismos que se utilizarán para el tratamiento del agua de rechazo”, manifiesta el relato que acompaña a las imágenes.
El spot se puede ver en la página de Facebook de la Asamblea No a la Termoeléctrica en Villa María.
“¿De qué modo se puede sostener un argumento de progreso basado en el ecocidio?”, cuestiona el video.
La empresa MSU Energy -con experiencia sojera y que está realizando su primera incursión en generación de energía- espera poner en marcha la planta en enero de 2018.
Sin embargo, aún no trascendió que hayan obtenido las licencias ambientales necesarias para operar ni completado los estudios sobre el agua para saber si se podrán obtener los 600 mil litros necesarios para el funcionamiento, sin dañar nuestro suelo.
El concejal de Juntos por Villa María, Gustavo Bustamante, elevó ayer el primer pedido de informe al respecto por parte del Poder Legislativo local hacia el Ejecutivo. También reclamó información sobre la planta de residuos peligrosos.
