Psicólogos, docentes y usuarios del sistema de salud mental informaron a la ciudadanía sobre los riesgos y el retroceso que significaría la aprobación de un proyecto de decreto presidencial

El Colegio Profesional de Psicólogos, la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), usuarios de Confluir, pacientes y profesionales del Hogar de Día y del Hospital Emilio Vidal Abal, entre otros, estuvieron ayer a la mañana en Plaza Centenario para comunicar a la ciudadanía sobre el proyecto de un nuevo decreto presidencial que significa un retroceso en el abordaje de la salud mental.

Es el que, tras aprobarse, derogará al Decreto 603 firmado en 2013, constituyéndose en un cambio de paradigma que pone en jaque las conquistas alcanzadas con la Ley de Salud Mental que está en vigencia y que se aprobó en noviembre de 2010.

“La lectura del nuevo articulado del proyecto que se ha presentado nos pone en alerta. Es un cambio de paradigma, es volver a puntos que entendíamos habíamos superado”, advirtió la docente universitaria y psicóloga Mariana Aimino.

Entrevistada por EL DIARIO en el microcentro, recordó que la ley vigente “es producto de muchas discusiones y debates de diversas organizaciones y de profesionales”, por lo que “fue intersectorial e interdisciplinaria y concibe a la salud mental desde una perspectiva y abordaje sociocomunitarios”.

Como contracara, “este nuevo decreto sería un retroceso en la misma concepción de salud mental, hablando de enfermedad y considerando enfermo al sujeto que tiene un padecimiento mental. Ya no estaríamos hablando de usuario, que es una manera activa, sino de enfermo, una posición más pasiva. Y a lo mejor no habla de manicomios y de instituciones monovalentes, pero sí de hospitales especializados en psiquiatría y salud mental”, objetó, en relación a la intención de Mauricio Macri.

Aimino también recalcó que el proyecto de decreto “hace una fuerte restricción en los derechos de las personas con consumo problemático de sustancias” y “quita las posibilidades de intervención del órgano de revisión de la ley, que está conformado por distintas organizaciones y cuya función es revisar y observar el cumplimiento de la ley”.

“Ahora sería el mismo Ministerio el que designaría quiénes componen ese órgano. Es muy complejo ser juez y parte, el mismo ministerio designaría a personas para que revisaran su accionar”, cuestionó.

Cuando se le hizo mención a desafíos que se presentan en la actualidad respecto a la falta de herramientas para suplir la institucionalización, Aimino destacó que desde la sanción de la ley, hace siete años, se camina en un proceso tendiente a brindar esos dispositivos intermedios para personas que lo necesitan, evitando la manicomialización.

“La declaración de Caracas plantea un continente sin manicomios hacia 2020. Esto genera la necesidad de mayores recursos y dispositivos, de una decisión política y de mucho recurso económico para construir estos dispositivos, como una casa de medio camino y otros espacios intermedios que estarían faltando”, graficó.

“En ese sentido, está el plan de salud mental, que planteaba toda esta cuestión en pos de conquistar los fines de la ley, planteando la formación de los profesionales dentro de este paradigma”, ilustró, y recalcó que se trazó a “la formación desde una perspectiva interdisciplinaria e intersectorial de entender de qué se trata el enfoque de derechos y la inclusión social. No solo es la creación de dispositivos, sino que los profesionales que lo van a habitar estén formados a tono a lo que se pretende lograr”, indicó.

La presidenta de la delegación local del Colegio de Psicólogos, Nadia Quevedo, se pronunció en similar sentido. Dijo que desde la sanción de la ley en 2010 se recorre un sendero de “trabajo continuo y todavía se está accionando en pos de conquistas posteriores”.

Admitió que “tal vez a la hora del ejercicio y de cumplir la ley, faltan los recursos y dispositivos”, pero subrayó que la misma “era una conquista”.

Una conquista que, a la luz de la intención presidencial, está en riesgo.