Cuatro jóvenes villamarienses están acusados de integrar la patota que terminó con la vida de Lautaro en la puerta del boliche bailable Bugarú el 18 de diciembre de 2011. En el juicio intervendrá un jurado conformado por doce vecinos, ocho de los cuales serán titulares
Lautaro Andrés Piva (19), apodado Piquí, fue asesinado por una patota de jóvenes villamarienses con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, alrededor de las 5.30 de la mañana del 18 de diciembre de 2011, en la puerta del boliche bailable Bugarú, de Arroyo Algodón, ubicado en calle Rivadavia 230, frente de la plaza de aquella localidad.
La patota estaba integrada por seis adolescentes, que lo atacaron a golpes de puño y patadas en el piso hasta dejarlo indefenso.
Uno de los sujetos arrojó un ladrillo block sobre su cabeza, provocándole la muerte.
A dos semanas de que se cumplan seis años del brutal crimen, comenzará hoy a la 9.30 en Tribunales, el juicio por jurados donde estarán en el banquillo de los acusados, los cuatro sindicados como autores del asesinato.
Cabe recordar que Lautaro iba a cumplir 20 años al día siguiente del trágico episodio.
En un primer momento el hecho fue caratulado como “homicidio en riña”, pero el fiscal Francisco Márquez sostuvo que podría configurarse el delito de “homicidio calificado por alevosía” y solicitó que el Tribunal se constituyera con jurados populares.
Intervendrán los integrantes de la Cámara del Crimen de Villa María en pleno, junto a un jurado conformado por 12 ciudadanos (seis hombres y seis mujeres), ocho de los cuales actuarán como jurados 
titulares.
Es importante señalar que los acusados son todos de Villa María: el más comprometido es Nelson Destéfanis (23), sindicado como el integrante de la patota que golpeó a Piva con un ladrillo mientras estaba en el suelo. Está acusado de “homicidio calificado por alevosía”, delito que tiene como única pena la prisión perpetua.
También están imputados su hermano Darío Diego Destétanis (22), Walter Ezequiel Pajón y Juan Carlos Heredia como partícipes del hecho.
El abogado local Sebastián Elía representa a la mamá de Lautaro, Susana Raquel Correa, quien se constituyó en la causa como querellante particular (acusador privado).
La asesora letrada Silvina Muñoz defiende a los cuatro imputados.
La causa fue inicialmente instruida por el exfiscal Gustavo Atienza (ya jubilado) y fue elevada a juicio el 29 de septiembre de 2015 por la fiscal Silvia Maldonado, quien concluyó la instrucción.
