La entidad reclama “una urgente revisión de la situación planteada, ya sea en la reincorporación de los trabajadores, como de una política de Estado que recupere el desarrollo productivo”
A los 30 cesanteados en Villa María se suman 29 trabajadores de la Fábrica Militar de Río Tercero, la principal industria de la ciudad, que también fueron notificados sobre sus despidos, quienes corresponden a la División de Producción Química y de Producción Mecánica de la industria nacional.
Frente a la situación en ambas ciudades, se pronunció la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos: “Ante la lamentable noticia de no renovación de contratos de personal de Fabricaciones Militares de la ciudad de Río Tercero y Villa María, la APDH Regional Río Tercero y APDH Regional Villa María expresan su enérgico reclamo a tales medidas, teniendo en cuenta que la misma es producto de un plan de vaciamiento perpetrado desde hace bastante tiempo que fue llevando al complejo fabril a no recibir materia prima para cumplir con los contratos establecidos, ni desarrollar proyectos productivos viables, buscando achicar de esa manera el proceso de producción de esta Empresa estatal que fue una importante fuente de desarrollo y progreso para nuestras ciudades”.
“Desprotección y abandono del Estado”
“Políticas erráticas basadas en concepciones de achicamiento del Estado en favor de sectores privados de la economía, determinan que hoy sea Río Tercero y Villa María quienes tienen que sufrir lo que viene siendo una constante en distintos lugares del país, la pérdida de empleo de trabajadores y la consecuente situación de desprotección y abandono por parte del Estado nacional para todos los grupos familiares involucrados”.
“Avasallan garantías constitucionales”
“Políticas de ajuste, que sólo ajustan por el lado de los más débiles, acompañadas por acciones represivas para acallar todo tipo de protesta social, avasallan garantías constitucionales sobre diferentes Pactos y Tratados Internacionales a los que Argentina adhirió, sosteniendo una concepción integral de los derechos humanos, mediante la obligación de los Estados de evitar la privación a sus pueblos del conjunto de medios de subsistencia económicos, sociales y culturales necesarios para la vida humana y su dignidad”, señaló. la Asamblea.
Y añadió finalmente: “por tal razón la APDH, como entidad defensora de los derechos humanos, caracterizados por su universalidad, indivisibilidad, interdependencia e integralidad, responsabiliza al Estado nacional por vulnerar el insustituible derecho al trabajo, y reclama una urgente revisión de la situación planteada, ya sea en la reincorporación de los trabajadores despedidos, como de una Política de Estado que recupere el desarrollo productivo de esta importante Empresa estratégica del Estado argentino”.
