El Consejo Superior de la UNVM se expresó a través de una resolución donde sientan posición ante la posible modificación del decreto reglamentario. Según el análisis realizado por los consejeros, los cambios generarían “un grave retroceso”

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) manifestó su preocupación ante la posible modificación del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental.

Lo hizo a través de una declaración institucional que fue aprobada por resolución en la que se expresó que las reformas propuestas generarían “un grave retroceso en el reconocimiento de derechos humanos y una clara situación de incumplimiento de tratados internacionales a los que suscribió el país”.

Los consejeros advirtieron que en el proyecto propuesto “se prioriza el modelo médico hegemónico y rehabilitador por sobre la concepción del modelo social de discapacidad”.

También observaron una “modificación reduccionista en la concepción de la salud mental, basada en una perspectiva biologicista y habilitando exclusivamente ‘prácticas fundadas en evidencia científica’ el cual ha resultado insuficiente para el tratamiento integral de los padecimientos mentales”.

Restricción de garantías

Según el texto, en la propuesta de modificación se evidencia “una restricción de la garantía de derechos para las personas con consumo problemático, el restablecimiento del abordaje en hospitales monovalentes en los procesos de atención, bajo el nombre de ‘hospitales especializados en psiquiatría y salud mental’, potenciando el aislamiento de personas a quienes vuelve a considerar ‘enfermos’ y tratamientos regidos por el ‘arte médico’, en detrimento del enfoque interdisciplinar, comunitario y territorial”.

Entre otros aspectos, el Consejo Superior resaltó que el proyecto reinstala el concepto de peligrosidad, ya que “permite una evaluación basada en riesgos potenciales”; lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas usuarias; y considera que una persona puede ser declarada completamente incapaz, “en franca contradicción con las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación”.

“Dicho escenario genera máxima preocupación en los campos de la salud, la educación, la discapacidad y los derechos humanos en general, por lo cual solicitamos se respeten y garanticen los derechos humanos de las personas con discapacidad en los términos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asimismo bregamos por la efectiva implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y su decreto reglamentario”, concluyó el documento.

Cabe destacar que esta ley fue sancionada luego de un amplio consenso que incluyó debates federales, intersectorial e interdisciplinarios, con la participación de usuarios, familiares, profesionales, colegios de profesionales, universidades y diferentes organizaciones de la sociedad civil que impulsaron el cambio del paradigma manicomial por el de enfoque de derechos humanos, con restitución y protección de los mismos para todas las personas con padecimiento subjetivo, los cuales deben ser garantizados por el Estado.