Criticaron duramente la política del Gobierno nacional y la actitud de los ediles. Pidieron que se expresen sobre los beneficios que traerá la propuesta para los despedidos de la Fábrica Militar, en tono de ironía
En la pasada edición del 2 de febrero de EL DIARIO se publicó una nota donde se muestran dos concejales de Cambiemos presentando un proyecto de ordenanza para prohibir, limitar o condicionar la designación de personas que tengan algún tipo de parentesco con funcionarios del departamento Ejecutivo, Legislativo y/o del Tribunal de Cuentas.
Además, en la misma nota se expresa que en la Legislatura provincial el edil Darío Capitani hizo lo propio con un proyecto de ley del mismo tenor; obviamente que ambas acciones se desprenden de la “iniciativa patriótica” que ha tomado el presidente Macri cuando presentó el Decreto 93/2108.
En algunos pasajes del texto se deja entrever que las virtudes de “semejante proyecto”, en pocas palabras, son las siguientes:
-Mejorar la institucionalidad y transparentar los actos de gobierno y funcionarios.
-Evitar sospechas de favores y/o nepotismo hacia el interior del Estado.
-Limpiar la imagen de la política como herramienta de transformación.
-Dar muestras de austeridad para normalizar la economía nacional.
En resumidas cuentas, y entre líneas, lo que los concejales de Cambiemos nos quieren hacer creer es que ordenanzas como estas nos van a llevar a una mejor calidad de vida a todos los trabajadores, ya que pretenden hacernos ver que el yugo que no nos deja crecer es el Estado y que por eso es necesario reformarlo (aunque en el lenguaje de ellos sería achicarlo).
Desde Izquierda Socialista, como miembros del Frente de Izquierda (FIT), vemos con suma preocupación que estos concejales le dediquen su tiempo a presentar proyectos vacíos e insulsos como este y que no hayan hecho mención alguna a las consecuencias que trae aparejadas para nuestros abuelos la última reforma previsional.
Tampoco dijeron nada sobre la tremenda cantidad de despidos que se están dando en distintas dependencias estatales de todo el país, como tampoco se han expresado sobre la cantidad de comercios y fábricas que, día tras día, cierran sus puertas en diferentes localidades; tampoco han emitido opinión alguna sobre el descomunal aumento de los impuestos y servicios, no se han pronunciado sobre el cierre definitivo de la Fábrica Militar de Azul y mucho menos han hablado sobre el brutal endeudamiento externo actual.
A nuestro entender, no es para nada casual que en el mismo momento en que se sanciona y se promulga el Decreto 93/2018, con el ya mencionado contenido, haya una oleada de despidos masivos en dependencias estatales; queda en clara evidencia que el objetivo del Gobierno nacional es despedir de manera compulsiva e indiscriminada a la mayoría de los empleados estatales apoyándose en los medios de comunicación afines y adictos, que le encuentran cualquier justificación a las medidas tomadas, utilizando como fuente el decreto mencionado y/o arguyendo otras razones similares.
Nuestra postura al respecto es muy clara y decimos que si lo que se busca es transparentar el accionar del Gobierno y sus funcionarios, el primero que se debería ir es el mismo presidente, ya que es heredero de una fortuna mal habida por su padre y el mismo está acusado y procesado en más de 200 causas, muchas de ellas por evasión y otros negocios turbios.
Escuchar hablar a Macri sobre decencia y moral cívica sería como escucharlo a Aldo Rico hablar sobre derechos humanos.
Para terminar, les queremos dejar planteada la siguiente pregunta a los concejales de Cambiemos: ¿de qué manera esta ordenanza les resuelve la situación a los 30 trabajadores despedidos de la Fábrica Militar local, como a todos los vecinos desocupados?
Nos interesa mucho una respuesta.
Ramón Castillo,
Leandro Quintans
y Franco Brusa –
Izquierda Socialista
Villa María –
Frente de Izquierda
y de los Trabajadores
