Jorge Schiel y Alberto Pereyra recibieron penas unificadas de ocho y cuatro años de prisión, respectivamente. En tanto, a Ignacio Imberti se le impuso una sanción de cinco años y a Miguel Cuevas una condena de un año y un mes
Un hombre oriundo de Canals, un joven domiciliado en Río Cuarto, otro nacido en Río Segundo y un villamariense fueron juzgados y condenados ayer en los Tribunales locales por diferentes hechos delictivos.
Se trata de Jorge Rafael Schiel (34), Alberto Daniel Pereyra (23), Miguel Angel Cuevas (28) e Ignacio Rafael Imberti (23), quienes comparecieron privados de la libertad en tres juicios orales y públicos sustanciados en la Cámara del Crimen.
Penas unificadas
En una de las audiencias de debate, la jueza Eve Flores de Aiuto les impuso penas de dos años de prisión de cumplimiento efectivo a Schiel y Pereyra por un frustrado asalto a mano armada perpetrado hace poco más de 18 meses en la localidad de Etruria.
Sin embargo, como ambos convictos estaban debiendo parte de sanciones anteriores, fueron declarados reincidentes y recibieron condenas unificadas: ocho años para el vecino de Canals y cuatro para el riocuartense.
Schiel y Pereyra llegaron a juicio acusados como coautores de “robo calificado por uso de arma cuya operatividad no se pudo acreditar, en grado de tentativa”, por un hecho ocurrido el 28 de agosto de 2016 en la despensa “Cuatro Soles”, ubicada en Calle 12 Nº 437 de Etruria y perteneciente a Gabriela Garro.
Sin embargo, como la dueña del negocio empezó a gritar, los delincuentes se dieron a la fuga sin sustraer nada. El frustrado atraco quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio, por lo que la Policía detuvo a los sospechosos al día siguiente.
Poco después la Justicia determinó que Schiel había sido condenado por un homicidio cometido en La Carlota, aunque obtuvo la “libertad condicional” el 31 de diciembre de 2014.
Como estaba debiendo siete años de aquella sanción, en la víspera se unificaron ambas sentencias y se le impuso una única pena de ocho años de prisión, con declaración de reincidencia.
Algo similar ocurrió con Pereyra, quien además fue juzgado y condenado por un hecho de “tenencia ilegal de arma de fuego” y una “violación de domicilio”, mientras que se lo absolvió por un “encubrimiento”.
Como el joven riocuartense estaba adeudando dos años y cuatro meses de una condena anterior, ahora fue sancionado con una pena unificada en cuatro años y se lo declaró reincidente.
Además de la jueza Flores, de la audiencia de debate participaron el fiscal Francisco Márquez, la asesora letrada Silvina Muñoz (defendió a Pereyra), el abogado Sebastián Elía (asistió legalmente a Schiel) y la secretaria Gabriela Sanz.
Primera condena
En otro de los juicios de la jornada, Ignacio Imberti, alias “Tati”, fue condenado por la camarista Eve Flores a cinco años de prisión efectiva una serie de hechos delictivos cometidos durante el primer semestre de 2017.
Imberti, un arenero nacido el 16 de diciembre de 1994 y domiciliado en barrio Las Acacias de esta ciudad, fue declarado autor responsable de “robo calificado de automotor”, “coacción”, “disparo de arma”, “amenazas”, “daño”, “resistencia a la autoridad” y “abuso de arma”, hechos por los que está detenido desde mediados del año pasado.
En esta audiencia también intervino el fiscal Márquez, mientras que el letrado villanovense Jorge Bustos estuvo a cargo de la Defensa y Guillermo Picco fue el secretario de Cámara.
Otra vez al banquillo
Finalmente, Miguel Cuevas, apodado “Bebi”, recibió una pena de un año y un mes prisión por hechos de “amenazas simples reiteradas” y “amenazas calificadas” (por el uso de un revólver), en perjuicio de su expareja Alejandra Coronel y de la madre de la mujer.
Lo sorprendente del caso es que este albañil nacido en Río Segundo, pero domiciliado en Villa María, acababa de recuperar la libertad luego de cumplir íntegramente una pena de cuatro años de prisión por “tenencia y comercialización de estupefacientes”.
En efecto, Cuevas salió de la cárcel el 24 de mayo de 2017 al mediodía y apenas tres horas después fue hasta la casa de Coronel, donde profirió amenazas de muerte contra ella y su madre, hechos por lo que fue detenido el 6 de junio.
Este juicio fue presidido por el camarista René Gandarillas y contó con la participación del fiscal Correccional, Horacio Vázquez, mientras que Rodrigo Hayas ejerció la Defensa del convicto reincidente.
