ATE – Ayer estuvieron en la Justicia Federal cara a cara los despedidos de la Fábrica Militar y el titular de la empresa castrense

El juez federal de Villa María convocó a los trabajadores despedidos y a las autoridades de la Fábrica para participar de una audiencia de conciliación. Sin mandato desde Buenos Aires, no pudieron dar respuesta a los reclamos de los trabajadores

-Quiero preguntarle por qué me despidieron a mí, si usted dijo en una asamblea que me quedara tranquila, que por mi tratamiento oncológico no me iban a dejar sin trabajo.

-Todo fue ordenado desde la Intervención, y estoy hablando de más, porque no estoy autorizado a contestar nada.

El diálogo es una reproducción de algunas de las preguntas que le hicieron ayer al ingeniero Miguel Toselli, director de la Fábrica Militar de Villa María, en el ámbito de la audiencia de conciliación convocada por el juez Roque Ramón Rebak.

Por primera vez estuvieron cara a cara el juez, el director del polvorín junto el abogado de Fabricaciones Militares, el letrado bellvillense Juan Pablo Miguel y los trabajadores despedidos en diciembre último, acompañados por el abogado Carlos De Falco y por dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En la audiencia no se pudo avanzar en conciliación alguna, dado que Miguel y Toselli expresaron que no tenían autorización para negociar. Solo se presentaron por haber sido convocados por el juez.

“En realidad pensábamos que podía haber alguna oferta por lo menos para algunos casos puntuales, como el de la persona con tratamiento oncológico, a quien le falta poco para jubilarse, o a uno que está por ser papá y se queda sin obra social. Pero lamentablemente no ofrecieron nada”, expresó al término de la audiencia Carlos De Falco.

En el mismo sentido, Gustavo Vílchez, de ATE, manifestó la desazón que vivió al ver llorar a sus compañeras a la salida del Juzgado. “Te imaginás que cuando nos dijeron que iba a haber una audiencia de conciliación, se generaron muchas expectativas, pensábamos que iban a ofrecer algo, que podíamos llegar a un acuerdo. Pero no dieron ninguna respuesta y todo fue muy doloroso -expresó-. Te confieso que salimos con tanta amargura, realmente hechos pelota”, agregó.

Si bien no era el ámbito para preguntas, los trabajadores despedidos se encontraron todos juntos por primera vez con el director, por lo que fluyeron los interrogantes. “El fue quien firmó los telegramas y por eso le preguntaron a él. Pero solo dijo que recibieron órdenes de la Intervención”, planteó el dirigente.

“En definitiva, estamos muy preocupados porque se habla de una nueva ola de despidos, por lo que tenemos que estar atentos, cuidando los derechos de los trabajadores que están dentro de la Fábrica y acompañando a los que echaron”.

Pruebas

Además de la fallida conciliación, se realizó ayer una audiencia de recepción de prueba en el marco de la misma causa.

En ese sentido, De Falco explicó que ellos ofrecieron los testimonios de los dirigentes de ATE y de los trabajadores despedidos. “Y, fundamentalmente, el del propio director, que puede informar sobre la tarea que desempeñaba cada uno, que era normal y habitual del funcionamiento de la Fábrica y no una tarea extraordinaria que mereciera un contrato a término”, explicó De Falco.

Esos testimonios se comenzarán a receptar el viernes 9 de marzo en el Juzgado Federal.

Por otra parte, desde la Fábrica Militar presentaron una pericia contable, es decir, ofrecieron que se analizaran los balances del polvorín con la intención de demostrar la inviabilidad de la empresa estatal. “A mi criterio, no hace a la cuestión que se discute en la Justicia. Acá se discute otra cosa, que es la facultad que tiene el Estado para contratar personas para tareas extraordinarias y por un tiempo determinado. Acá las tareas eran ordinarias y se renovaban los contratos cada año, por lo tanto, deberían ser empleados con estabilidad como dice la Constitución”, dijo.

Tras la recepción de pruebas, el juez Rebak podría dar lugar al amparo ordenando la reincorporación de los trabajadores o rechazarlo, con lo cual quedaría habilitada la vía para reclamar la indemnización.

Cabe señalar que desde el Estado sostienen que no corresponde indemnizarlos porque son contratos que expiraron, por lo que seguramente, si deben seguir este camino, no estará exento de litigio.

Cautelar

En otro orden, la medida cautelar solicitada por De Falco -que fue rechazada por Rebak y que ahora analiza una Cámara Federal en Córdoba-, sigue sin resolverse.

A través de esa medida, el abogado de los trabajadores pidió que mientras se analizaba el amparo, se retrotrajera la situación de los despedidos al momento antes de haber recibido el telegrama.

“Tampoco en este caso hay plazos, por lo que seguimos esperando. Sabemos que ya corrieron traslado al Estado, el Estado contestó, pero no hay resolución todavía”, concluyó.