Secuestrado en Villa María – En la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

El coronel fue secuestrado en la Fábrica Militar de Villa María y un año después apareció muerto en Rosario. Las organizaciones de Derechos Humanos sostienen que se busca reflotar la teoría de los dos demonios

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario comenzó a analizar ayer el pedido de que el secuestro seguido de muerte de un oficial del Ejército Argentino de parte de una organización guerrillera durante los años 70 sea considerado un delito de lesa humanidad, de modo que, según la pretensión del fiscal del caso, uno de los presuntos involucrados en el hecho pueda ser llevado a juicio. Esto es fuertemente resistido por la defensa del implicado, que sostiene que el hecho no es un delito de estas características, motivo por el cual está prescripto y no puede generar persecución penal.

El episodio que motiva el debate que se inició ayer en el edificio de Entre Ríos al 400 es la muerte del mayor Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por un grupo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 11 de agosto de 1974 en la Fábrica Militar de Polvoras y Explosivos de Villa María, en Córdoba, y hallado muerto 372 días después, en la casa donde estaba retenido, en Garay al 3200 de Rosario.

Controversia

El deceso del militar, ocurrido durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, es motivo de controversia.La agrupación ERP sostuvo siempre que la víctima se suicidó durante su cautiverio y el Ejército y la familia indican que lo asesinaron. La autopsia no es concluyente en uno u otro sentido.

En el año 2008, el fiscal general de Rosario, Claudio Palacín, dictaminó que a su criterio el secuestro y la posterior muerte del militar constituían un delito de lesa humanidad y por lo tanto el incidente podía ser objeto de juicio. La posición del fiscal dio respuesta a un pedido en ese sentido impulsado por el hijo de Larrabure.

Por este hecho está señalado como autor mediato Arnold Kremer, conocido en la organización guerrillera como Luis Mattini, quien fue autor del libro «Hombres y mujeres del ERP». Para los defensores de Kremer, que tiene 76 años, la idea de habilitar un proceso en su contra constituye una aberración política y jurídica porque los únicos crímenes imprescriptibles son los que se cometen desde el aparato del Estado.

Reacción

Por el coronel Argentino del Valle Larrabure, quien había sido capturado tras una acción insurgente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), realizada en la Fábrica Militar de Villa María en 1974 -y que se suicidó durante su detención-hubo un proceso judicial durante 1975 y 1983, con condenas de entre 4 y 15 años de prisión incluidas.

Tras la aparición del cadáver de Larrabure, el Ejército Argentino montó por un lado una operación de prensa en aquellos años con el objetivo de conmover a la opinión pública, y  por el otro desatar un serie de secuestros, seguidos de torturas, asesinatos y desapariciones.

“Además de que ya es cosa juzgada, por lo que su reapertura violaría el principio de que no se pueden realizar dos juicios por los mismos hechos, lo que ocurrió con Larrabure es que se suicidó”, afirmaron los organismos de derechos humanos.

Ayer solo estaba previsto el debate entre las partes. La resolución de la Cámara Federal de Rosario sobre si Kremer debe o no ser juzgado por este caso se conocerá en no menos de un mes.