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Un reclamo de tres años por una moto robada del depósito municipal

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Un reclamo de tres años por una  moto robada del depósito municipal
La denunciante que expuso los documentos en la Redacción de EL DIARIO aseguró que se siente “perseguida” por los municipales. Abajo, la carta “trucha” con la que un individuo retiró el vehículo

Falsificaron la firma del juez de Faltas para sustraer un vehículo secuestrado

Ya hizo los reclamos pertinentes, pero asegura que no le dan respuesta y, por el contrario, es “perseguida” por seguridad ciudadana. En 2015 le secuestraron la moto por no llevar casco y cuando la fue a retirar se encontró con que otra persona ya lo había hecho

Era mayo de 2015 y Georgina Soraire se dirigía en moto con su marido por calle Santiago del Estero. Por no llevar el casco protector, agentes de Tránsito los detuvieron en la intersección con avenida Hipólito Yrigoyen y le secuestraron el vehículo.

“En ese momento íbamos a buscar unos estudios de mi hijo que tiene artritis”, detalló la mujer. Ese mismo motivo hizo que no puedieran retirar la motocicleta, por no contar con el dinero disponible para pagar la multa.

Recién lograron reunir la plata en julio de 2016, abonaron lo que correspondía y obtuvieron una nota firmada por el juez de Faltas, Miguel Salvador Gaitán, con la que debían ir a la sede de Tránsito (por entonces todavía en avenida Hipólito Yrigoyen) a retirar la moto secuestrada el año anterior.

“Mi moto no estaba. Tampoco estaba en Jujuy y Maciel (depósito municipal) y se dan con que un mes antes otra persona había retirado la moto”, contó Georgina.

Resulta que un individuo falsificó el documento que normalmente emite el Juzgado de Faltas, incluidas las firmas y los sellos, y pudo retirar el rodado sin inconvenientes del depósito municipal.

“Son muy evidentes las falsificaciones”, señaló la mujer, que se presentó en nuestra Redacción con la documentación que respaldaba sus dichos.

La carta apócrifa presentaba los sellos con el escudo de la Municipalidad de Villa María más acuosos que en los documentos originales, además de quedar expuesto que la firma del juez Gaitán no es la misma que en los escritos con validez.

El sorprendente episodio ocurrió en julio de 2016 y en septiembre la familia de Georgina contrata un abogado, Javier Lamberti, para intentar recuperar el vehículo que le correspondía a ellos.

Ese mismo mes ingresó una nota a modo de reclamo administrativo por Mesa de Entrada en el municipio. Luego, ante la falta de respuestas, siguieron los mensajes vía Facebook al intendente Martín Gill, quien prometió dos veces comunicarse con la mujer, pero no lo hizo.

También pidió audiencias por Mesa de Entrada, pero tampoco le contestaron.

“Ese día me atendió el director de Tránsito y me dijeron que cualquier cosa me llamaban, pero nunca se comunicaron conmigo. Al contrario, nos hemos sentido intimidados por ellos”, afirmó Georgina y contó que “van al frente de nuestra casa y toman datos de nuestros vehículos”.

“Uno de los abogados de la Municipalidad le dijo a nuestro abogado que nosotros habíamos falsificado, salieron a decir cosas que no son verdad. Desde que hicimos público el reclamo, nos empezaron a perseguir”, indicó.

Asegura sentirse “defraudada” por los dirigentes que conducen la ciudad.

En tanto el abogado, Javier Lamberti, confirmó que la única respuesta por parte de los asesores letrados del Estado municipal fue que “lo iban a ver” al caso.

“No estamos pidiendo resarcimiento por daños y perjuicios ni nada de eso, simplemente que le den una moto, que es lo que le corresponde”, aclaró el profesional del derecho.

Con esa promesa se mantiene no tan paciente la familia de Georgina Soraire, a tres años del secuestro de la moto y a dos años de enterase de que una persona falsificó hasta la firma de un juez de Faltas para llevarse el vehículo del depósito, sin ser advertida esta situación por personal municipal.

 

“Uno de los abogados de la Municipalidad le dijo a nuestro abogado que nosotros habíamos falsificado, salieron a decir cosas que no son verdad. Desde que hicimos público el reclamo, nos empezaron a perseguir”. Georgina Soraire, denunciante