Cuando cumplía el cargo de secretario de Ambiente

También está implicado otro funcionario que ocupó el mismo cargo. Están acusados de haber autorizado una obra que implicó el desmonte de una reserva natural, yendo en contra de normas provinciales y nacionales que protegen el medio ambiente

El político villamariense y actual vicepresidente de Lotería de Córdoba, Raúl Costa, está imputado en una causa que el juez de Primera Instancia de Córdoba, Esteban José Díaz Reyna, elevó a juicio por abuso de poder cuando era secretario de Ambiente de la Provincia.

Junto a Costa también está implicado Luis Federico Bocco, quien también ocupó el cargo en esa repartición. Ambos se relacionan con la autorización a la firma desarrollista Gama SA a construir sobre un terreno en San Antonio de Arredondo, que implicó el desmonte en una reserva natural.

La información fue publicada ayer en La Voz, pero el exsenador provincial se abstuvo de dar declaraciones al ser consultado por EL DIARIO.

Costa fue secretario de Ambiente durante 2007 y 2011, período en el cual se autorizó a GAMA SA a desarrollar el barrio privado El Dorado II, entre el kilómetro 40 de la ruta 14 y el río San Antonio, en la localidad homónima.

Esta construcción implicó el desmonte de la  Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor, desatendiendo la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (LOTBN), según lo dispuesto por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331.

El dirigente peronista también fue imputado por haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar el aviso de proyecto presentado por la EPEC, en 2009, para la construcción de la estación transformadora Carlos Paz Sur, en San Antonio, y la edificación del campo de salida de la Estación Transformadora Falda del Cañete sin que presuntamente cumplimentara debidamente la evaluación de impacto ambiental, otorgando la licencia ambiental.

No es la primera

En 2016, Raúl Costa fue imputado por el fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco, por el presunto delito de abuso de autoridad y a los exfuncionarios de esa misma cartera, Abel José Anucis y Jorge Antonio Ferrari.

Están acusados de haber autorizado a la firma Ticupil SA para edificar en una zona protegida por la Ley 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Córdoba.

La situación fue advertida en su momento por una asamblea de vecinos de Agua de Oro, El Manzano y Cerro Azul.