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Desde su órgano de prensa, La Cámpora, cuyo secretario general es Andrés Larroque, dio a conocer su opinión acerca de calificar como delito de lesa humanidad a la actuación de militantes guerrilleros en el secuestro y muerte de Argentino Larrabure, militar que revistaba en la Fábrica Militar de Villa María

En los últimos días, el llamado “Caso Larrabure” ha puesto sobre alerta a los organismos de derechos humanos, a los familiares y víctimas, a los abogados querellantes en delitos de lesa humanidad y a todos aquellos que defienden el camino de memoria, verdad y justicia en nuestro país.

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario pretende reabrir una causa para enjuiciar hechos ocurridos en 1974. Pretende hacerlo llevando a juicio a un civil, miembro en ese entonces de una organización armada, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Para entender la gravedad de lo que está sucediendo es necesario hacer un poco de historia.

En el marco de la toma de la Fábrica de Pólvora y Explosivos de Villa María, el ERP apresó y mantuvo en cautiverio al coronel Argentino del Valle Larrabure. En 1975, Larrabure se suicidó durante su detención.

Estos hechos fueron sometidos a investigación, instrucción y también juicio y condenas entre los años 1975 y 1983. Hubo condenas de entre 4 y 15 años de prisión. Por lo tanto, se trata de cosa juzgada, por lo que su reapertura violaría el principio de que no se pueden realizar dos juicios por los mismos hechos.

Ahora bien. No sólo estamos hablando de graves cuestionamientos en lo judicial y en lo procedimental. Estamos frente a una arremetida para lograr que se juzgue bajo las condiciones de lesa humanidad a un delito que no fue cometido por el Estado. Y sobre esto que pretenden los genocidas y sus defensores tenemos que ser inequívocos. Los delitos de lesa humanidad tienen al Estado como único responsable y de ahí su condición de imprescriptibles.

Estamos frente a una ola que tiene por objetivo frenar el proceso de juzgamiento a los genocidas, lograr la impunidad para todos los responsables y, además, sentar en el banquillo de los acusados a militantes populares de los años 70 y desandar el proceso de memoria, verdad y justicia que se profundizó durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que los impulsaron como política de Estado.

Son esos juicios los que convirtieron a la Argentina en un ejemplo mundial en materia de derechos humanos. Esos compañeros, sobrevivientes de los centros clandestinos de detención de la dictadura, han sido un motor fundamental para llevar adelante los procesos contra los genocidas y los cómplices civiles. Han sido la voz de lo innombrable, los cuerpos con las marcas de lo imborrable. Y han sido también la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos y lo que de ellos recuperaron sus madres, hijos y familiares.

Es por eso que tenemos que estar alertas. Tenemos que contar, difundir lo que los representantes de lo más siniestro de nuestra historia pretenden hacer. Si lo logran con el Caso Larrabure, tienen 10 causas más para presentar en idénticas condiciones. Así lo admiten, amenazantes, los abogados que representan a la familia del militar.

No es poco lo que está en juego. Hace más de 40 años, un 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres comenzó a caminar en la Plaza de Mayo. Buscaban a sus hijos, a sus nietos. Tenían miedos, no sabían qué hacer ni cómo. El dolor las impulsaba a seguir preguntando, exigiendo, denunciando. Sabían, eso sí, que tenían que juntarse y organizarse. Y lo hicieron. Dieron vueltas a la plaza y dieron vuelta la historia. Ahora nos toca a nosotros. Tenemos que ser capaces de organizarnos para defender lo logrado con tanta lucha. Tenemos que juntarnos y estar a la altura de lo que exige el momento y no permitir que la impunidad vuelva a reinar en nuestra Patria.