Juicio abreviado – Por insuficiencia probatoria, cambiaron la calificación legal original
José Agout llegó a juicio acusado por un grave delito, que tiene un mínimo de ocho años de prisión. Sin embargo, el fiscal Francisco Márquez advirtió que la prueba era muy endeble. “Mucha prueba, mucha pena; poca prueba, poca pena”, dijo el funcionario a EL DIARIO
Un albañil villamariense zafó ayer de recibir una dura condena por hechos de abuso sexual en perjuicio de una menor de su entorno familiar, luego que el propio fiscal de la Cámara del Crimen, Francisco Márquez, pidiera un cambio de calificación legal por insuficiencia probatoria.
En efecto, José María Agout (30) llegó a la audiencia de debate imputado como presunto autor de “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo”, pero al pronunciar su alegato, el titular del Ministerio Público sostuvo que la prueba colectada era muy endeble e insuficiente como para imponerle una condena de ocho años de prisión, el mínimo que prevé el Código Penal de la Nación para ese delito.
Concretamente, el fiscal Márquez sostuvo que los elementos probatorios obrantes en el expediente solo permitían inferir que Agout era autor de “abuso sexual simple, agravado por la relación de convivencia” con la víctima, ilícito que tiene una escala penal sensiblemente inferior, con un mínimo de tres años de cárcel.
“Mucha prueba, mucha pena; poca prueba, poca pena”, dijo escuetamente el funcionario judicial al ser consultado por EL DIARIO sobre los motivos que lo habían llevado a cambiar la calificación legal de los hechos atribuidos a Agout.
Aunque la audiencia se realizó a puertas cerradas por tratarse de hechos de instancia privada, pudo saberse que el trabajador de la construcción admitió haber sometido a tocamientos y manoseos impúdicos a la menor (quien a la fecha de los hechos tenía 5 años) entre enero y mayo del año pasado en la vivienda que ambos ocupaban en barrio Los Olmos de Villa María.
Agout fue detenido el 21 de mayo de 2017, dos días después que la abuela materna de la niña radicara la denuncia en sede judicial.
Por el tiempo que lleva entre rejas y tratándose de un convicto primario, el albañil quedó en situación temporal de solicitar la “libertad condicional”, trámite que realizará la semana venidera el abogado defensor Martín Mattea.
Sin embargo, para que proceda dicho beneficio excarcelatorio, Agout deberá aprobar una pericia psicológica que acredite que está apto para reinsertarse en la sociedad. Caso contrario, seguirá en la cárcel.
El juicio fue presidido por la camarista Eve Flores de Aiuto y como secretario intervino Guillermo Picco.
Condena y libertad
En otro juicio sustanciado en la víspera en los Tribunales de Villa María, un joven changarín recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional por hechos de violencia de género y pudo recuperar la libertad luego de casi cinco meses.
Se trata de Matías Ariel Pérez (19), quien fue hallado autor responsable “desobediencia a la autoridad”, “lesiones leves calificadas” y “hurto”, cometidos a principios de enero pasado en perjuicio de su expareja.
Pérez se declaró culpable y posibilitó que el juicio se realizara bajo la modalidad de trámite abreviado.
Por la entidad de los delitos y como se trata de un convicto primario, la sanción aplicada fue en suspenso lo que le permitió obtener la libertad ni bien concluyó el debate.
De todos modos, Pérez deberá cumplir con una serie de reglas de conducta (sobre todo, evitar cualquier tipo de contacto con la víctima), porque de lo contrario quedará sin efecto la condicionalidad de la pena y volverá a la cárcel.
Presidió la audiencia el juez Félix Martínez y, además del fiscal Márquez, como defensor intervino el abogado villamariense Oscar Pieckenstainer.
Penas en suspenso
Finalmente, en otro juicio de trámite abreviado, la camarista Eve Flores condenó ayer a dos ingenieros agrimensores y exfuncionarios de la Municipalidad de la ciudad de Bell Ville, quienes recibieron sendas penas de un año de prisión en suspenso por “abuso se autoridad” y “negociaciones incompatibles con la función pública”, e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública.
Se trata de Guillermo César Turco (57) y José Ambrosio Teghillo (57), quienes llegaron a juicio tras haber sido sobreseídos en los Tribunales bellvillense, en agosto pasado.
En diciembre, el Tribunal Superior de Justicia revocó ese sobreseimiento y ordenó que el caso se juzgara en Villa María, donde fueron declarados culpables luego que ambos profesionales admitieran su responsabilidad en los hechos atribuidos.
Intervinieron en las deliberaciones el fiscal Correccional, Horacio Vázquez, y los abogados bellvillenses José María Franciscena (defensor de Teghillo) y José Ismael Miguel (Turco), además del letrado cordobés Carlos Martín Díaz, quien representó al Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia, entidad profesional que se constituyó en la causa como querellante particular.
