Trabajadores de Sepriv – Empleados de seguridad siguen con audiencias en el Ministerio de Trabajo
Los 20 trabajadores de la empresa de seguridad que dirige el excomisario Claudio Quiroga fueron blanqueados por media jornada. Seguirán con audiencias en el Ministerio de Trabajo el martes próximo
Un poco más aliviados porque percibieron el sueldo de abril, los empleados de la empresa de seguridad Sepriv seguían anoche en el Ministerio de Trabajo, cobrando las diferencias que les adeudaban de ese mes.
Unidos, lograron algunas mejoras que claramente resultan insuficientes. Una de esas mejoras fue la salarial, dado que les pagaban 40 pesos la hora y ahora les pasaron a abonar 45. El monto dista de ser el de la escala de los empleados de seguridad de la provincia de Córdoba, que, sin adicionales por horarios nocturnos, establece que un trabajador del sector debe ganar unos 17 mil iniciales. Los de Sepriv, con 12 horas diarias de trabajo, de lunes a viernes, llegan ahora, con el incremento, a algo más de 10 mil mensuales.
La otra mejora fue la registración. Antes -hay trabajadores con siete años de antigüedad- estaban totalmente en negro. Ahora, Iván Quiroga -hermano de Claudio, el director logístico y esposo de la dueña de la empresa- trajo las altas ante la AFIP por las que quedaron todos registrados. El problema es que los registró poniendo en “blanco” el salario de media jornada y no de la jornada completa, como realmente trabajan.
Esa postura no conformó a nadie. En la audiencia realizada anoche -adaptaron los horarios a los de la empresa, cuyos representantes vienen de Río Cuarto-, los abogados de la Municipalidad de Villa María y del sector privado que contrata a Sepriv para la seguridad de sus ámbitos, expresaron claramente que solo aceptarán el blanqueo completo.
El detalle no es menor, dado que si ocurre algún inconveniente o accidente, digamos, en algunos de los espacios de la Municipalidad que custodia Sepriv, las consecuencias de tener a un trabajador en negro las puede llegar a pagar solidariamente el Estado local, es decir, todos los villamarienses.
Como los que contratan el servicio no aceptaron ese blanqueo de medio tiempo, se dispuso una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo para el martes 5 de junio, a las 18, donde debería comparecer la propietaria de la firma con las altas correctas de los 20 trabajadores que tiene Sepriv en Villa María.
Manuel Sosa, abogado de los trabajadores, destacó que “es un avance lo logrado hasta ahora”, y espera que se complete lo requerido en los próximos días. “La verdad que este blanqueo parcial le da a los trabajadores la obra social, el seguro y el aporte jubilatorio, por lo que si bien no es lo ideal, lo consideramos un avance”, remarcó.
Otro de los temas es que Iván Quiroga no tiene un poder que lo acredite formalmente como representante de Sepriv.
“Y también, estuvimos hablando para que se vayan regularizando los pagos. Hoy -por ayer- están terminando de cobrar los haberes de abril. Esperemos que los haberes de mayo los abonen antes del 20 y que vayan regularizando los pagos hasta normalizarlos”, agregó Sosa.

Sobre la empresa
El excomisario acusado de incumplir la ley
Sepriv es una empresa de seguridad que cuenta con la habilitación de la Dirección de Prestadores Privados de Seguridad. Está registrada a nombre de Rosana Mariela Cacciavillani, esposa del excomisario Claudio Quiroga. Se espera que la titular esté presente en la próxima audiencia.
A raíz de una investigación periodística de EL DIARIO se pudo corroborar que mientras Quiroga cumplía funciones como policía en Arroyo Cabral, promocionaba la empresa de su esposa, en la que trabajaba como “director logístico”.
Frente a este hecho, la Fiscalía de Primer Turno de los Tribunales de Villa María inició acción penal contra Quiroga y lo imputó por el supuesto delito de “abuso de autoridad”. Quiroga nombró como abogada a la Defensora de la Justicia local. Por otra parte, el Tribunal de Conducta Policial lo pasó a pasiva.
El motivo de la sanción y de la acusación es que ser parte de una empresa de seguridad y ser policía es incompatible. Así lo establece la Ley Provincial 9.236, que en su artículo 33, dice: “Queda prohibido al personal en actividad de la Policía… y a quienes hayan sido dados de baja de los citados organismos por causas graves, constituir personas jurídicas, gestionar, instalar, realizar o promocionar, por sí o por interpósita persona, los servicios citados en el artículo 1º de la presente ley, ni desempeñarse en los mismos o en tareas relacionadas”.