CBI Cordubensis – El dinero fue encontrado en agosto de 2014 en una caja de seguridad

La Cámara Nacional de Casación Penal devolvió el expediente a Vaca Narvaja, quien deberá investigar al exintendente de Villa María por presunto lavado de activos

El juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, volvió a recibir el expediente de la causa por los 290 mil dólares que aparecieron en una caja de seguridad de la exfinanciera CBI Cordubensis a nombre del exintendente de Laguna Larga Fernando Boldú, con autorización para acceder al exintendente de Villa María Eduardo Accastello.

La causa fue remitida la semana pasada por la Cámara Nacional de Casación Penal, en un fallo unánime, según publicó este domingo el diario Perfil. De esta manera, la Cámara se pronunció sobre la competencia federal para examinar la causa y Vaca Narvaja deberá continuar investigando la posible comisión del delito de lavado de activos por parte de Accastello y Boldú.

Los jueces calificaron de “errónea y prematura» la declaración de incompetencia de la Justicia Federal para intervenir en estas actuaciones y remitirla al fuero provincial, debido a que todavía no está descartada la comisión de algún delito de competencia federal.

Cabe recordar que, luego de la debacle de la financiera CBI, en un allanamiento realizado el 27 de agosto de 2014, la Justicia secuestró 290 mil dólares de las cajas de seguridad 38 y 39 que figuraban a nombre de Boldú con acceso autorizado a Accastello. Eran 29 fajos de 10 mil dólares en billetes de 100 dólares. Posteriormente, el 29 de octubre de 2015, el juez dio intervención a la Fiscalía Federal Nº 1 de Córdoba para profundizar la investigación sobre el origen de esos fondos.

El matutino recordó que, luego de algunas diligencias, el fiscal Enrique Senestrari planteó la incompetencia de la Justicia Federal, argumentando que no se había comprobado vinculación con los hechos analizados en la causa CBI. Con esta decisión, se descartaba la posibilidad de investigar el lavado de activos y evasión impositiva, delitos de competencia federal.

Ante la disidencia entre el juez y el fiscal intervino la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que, por mayoría, en marzo de 2017, declaró la incompetencia federal y ordenó remitir los antecedentes a la Justicia provincial para que investigue el posible enriquecimiento ilícito de los exintendentes.

Según Perfil, la decisión fue objetada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y por esa razón la causa llegó a la Cámara Nacional de Casación Penal, que dictaminó que no correspondía la declaración de incompetencia federal.

La UIF señaló, entre otros motivos, que era necesario profundizar la pesquisa sobre posibles conductas de lavado de activos que surgen de los hechos relatados en los expedientes de CBI.

“No debería descartarse, entonces, si efectivamente los imputados se enriquecieron ilícitamente, y luego hayan efectuado maniobras para introducir esos bienes en el circuito económico formal, incluyendo en este caso operaciones en el mercado cambiario, que incluso si se hubiesen hecho en contravención de las disposiciones de la Ley 19.359 constituirían un delito precedente a su posterior aplicación en las cajas de seguridad Nº 38 y 39 requisadas”, advirtió la UIF.

Sobre la base de estos argumentos, Casación devolvió el expediente al juez Vaca Narvaja, quien deberá investigar a los exintendentes Accastello y Boldú por presunto lavado de activos, concluyó el matutino.