Como la de Gilibertti, es por el plan 250 Viviendas, pero en este caso apunta a la anterior gestión

El caso se desencadenó tras una nota que publicó EL DIARIO hace hoy exactamente un mes. Investiga el fiscal René Bosio

Escribe Diego Bengoa
DE NUESTRA REDACCION

Hace exactamente un mes, el extribuno José Naselli publicó una carta en EL DIARIO en la que daba cuenta de presuntas graves irregularidades en el plan federal Techo Digno de barrio Evita durante el accastellismo.

El abogado había escrito esas líneas ante la consulta de este matutino. Esa misiva desencadenó una denuncia penal, y en ese marco ayer se realizó un allanamiento judicial en dos institutos municipales: el de Inversión y el de Viviendas.

Desde las 9 y por varias horas, funcionarios de la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno y policías estuvieron en el interior de ambas dependencias, ubicadas en la sede municipal de calle Mendoza al 800, situadas fuera del Palacio Municipal.

Por esto, los dos institutos no estuvieron abiertos al público. Ya desde las 14 del jueves había consigna policial y la orden del fiscal René Bosio fue inmovilizar las oficinas.

El origen

Bosio instruye varias causas penales que involucran al exintendente Eduardo Accastello.

La que provocó la movida de ayer es muy reciente.

La generó José Naselli días después de escribir la carta que salió en este matutino.

“Desconocía el allanamiento. Estoy en Córdoba. Sí puedo confirmar que he hecho una denuncia, en la que no acuso a nadie en particular. Sólo describí una sucesión de hechos”, explicó el exsupervisor de Cuentas cuando este diario lo consultó por teléfono en la mañana de la víspera.

Aunque Naselli fue sucinto y esquivó hacer declaraciones, trascendió que tras aquella nota periodística fue impulsado a hacer la denuncia penal. Cuando la hizo, la mantuvo en secreto porque no quería mediatizarla, con el fin de no entorpecer la investigación.

El jueves trascendió que la había hecho y ayer con los allanamientos se terminó de blanquear.

Naselli había descripto que en febrero de 2011, la obra de viviendas fue adjudicada por el Instituto Municipal de Inversión (IMI), entonces presidido por José Carignano (hoy presidente del Concejo Deliberante), a una Unión Transitoria de Empresas (UTE), RAC-Forobra SA, mediante una inversión de 31.500.000 pesos, en un plazo de 12 meses.

En marzo de 2013, la UTE RAC-Forobra cedió a favor de otra UTE, Teximco SA-ICI SA, que también era la adjudicataria del plan que comprendía la entrega de la Plaza Manuel Ocampo, todos los derechos y obligaciones derivados del contrato con el IMI.

Después de subcontratar tramos íntegros de las obras, en agosto de 2014 la UTE Teximco-ICI procedió a ceder nuevamente sus derechos y obligaciones a favor del Instituto Municipal de la Vivienda, devolviendo así a la misma Municipalidad una obra que no concluyó.

Naselli recalcó que la obra, que debía terminarse en un año, estaba a medio ejecutar cuando asumió Martín Gill y ya había insumido más de 40 millones de pesos.

“Ni el entonces presidente del IMI, Carignano, y mucho menos el exintendente Accastello se dignaron a contestar un solo pedido de informes respecto a este desmanejo descomunal de contratos incumplidos y cifras millonarias, cuyo destino jamás fue explicado, al menos no públicamente. Nunca se dieron a conocer las razones de las sucesivas cesiones contractuales. Por supuesto, a la actual administración tampoco le importó dar razones por las cuales los vecinos tuvieron que seguir financiando viviendas aparentemente pagadas, pero jamás construidas”, disparó el 9 de mayo de este año en este medio.

Del allanamiento participó el comisario Maximiliano Funes, jefe de la División Investigaciones de la Departamental, dos policías de esa área, dos efectivos de la Policía Científica pertenecientes al Gabinete de Informática y dos funcionarios de la fiscalía, entre otros. También se citó al autor del sistema informático que manejan los institutos.

De allí se llevaron cajas de documentación del período 2011-2015.

Cabe consignar que aunque se trata del mismo plan habitacional, este accionar no guarda relación con la denuncia realizada por Carlos Gilibertti el mes pasado.

Voces de la oposición recalcaban ayer que la gestión de Martín Gill no permitió auditar la administración accastellista y que hasta la “bomba Gilibertti” nunca dijo nada sobre la herencia recibida.