En vísperas del Día del Niño
“El derecho se tiene cuando se ejerce. No existe otra forma o manera de ejercerlo, sino con la práctica”, destacaron de la APDH
“Debemos luchar contra la desestructuración de la vida desde la infancia, no solo resistiendo, sino también exigiendo lo ya aprobado por nuestras leyes y es imposible hacerlo individualmente y en soledad por más voluntad que pongamos”, expresó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, delegación Villa María, en un comunicado.
“La direccionalidad de las leyes determinan su ideología, desde APDH pretendemos que la ideología de un Estado de derecho sea el respeto irrestricto a los derechos humanos y debe aplicar los mecanismos necesarios para establecer la igualdad y la justicia. Todo lo que perturbe la convivencia debe ser abolido, ninguna situación social justifica la negación de los derechos y menos aún, los derechos de los niños/as”, continúa.
Desde Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sentimos el compromiso de opinar y aportar conceptos sobre el tema, con humildad de espíritu, pero con firmeza democrática, que nos permita reflexionar sobre las situaciones puntuales, con el propósito de tener una mirada holística y no tan solo jurídica y positivista, sino fundamentalmente social, sobre la violencia institucional que con tanta vehemencia se expresa hoy en nuestra sociedad.
“Agustín Salvia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA , alertó que “está aumentando” la pobreza en el país y que “afecta principalmente a los niños/as”. Además remarcó el peligro de “que las personas que habían salido en 2017 vuelvan a caer”.
Anticipó una posible suba de los índices de pobreza, que del 29%, podría saltar al 32%, como consecuencia de la corrida del dólar y la devaluación”. “La economía popular depende de los programas sociales”, y la aplicación de los mismos como la AUH o las moratorias jubilatorias han permitido contener el crecimiento de la pobreza”.
“Los menores son las principales víctimas ante una situación de crisis o pobreza.
“Entre los datos más alarmantes que reveló el trabajo se advierte que el 37,7% de los chicos del Conurbano depende diariamente de la alimentación gratuita que le brindan los comedores escolares, las viandas que reparte el Estado o los planes de copa de leche. En tanto, un 10,1% reveló problemas de inseguridad alimentaria severa. Es decir, admitieron haber padecido hambre. La sumatoria de todo ello implica que un 20,2% padece de inseguridad alimentaria total. Los casos de dependencia de los chicos de alimentos gratuitos se concentran sustancialmente en hogares asentados en villas miseria (47,4%) o en hogares de clase media baja (36,5%)”.
Si hacemos una mirada totalizadora del país, es posible que estas estadísticas sean más acuciantes, más severas y no se observan medidas del Estado, dirigidas fundamentalmente a potenciar el trabajo, para que cada responsable de hogar encuentre en la tarea que realice los recursos para cumplir con su compromiso familiar.
En esta intención de involucrarnos todos, familia, escuela, organizaciones sociales, Estado, es bueno que nos hagamos ciertas preguntas, que nos permitan acercarnos a esta temática de la cual no podemos estar ajenos, porque hace a nuestro futuro:
¿Cómo responde la sociedad en el marco de su responsabilidad colectiva, frente a los jóvenes abandonados a su suerte, víctimas de un contexto social que los expulsa, los margina y los maltrata?
Jóvenes que “son víctimas de la negación de sus derechos, excluidos de derechos ciudadano mínimos, que comienzan por el hambre, siguen por diversos aspectos de sus vidas, al punto que se niega su existencia como personas”.
¿Cómo tendríamos que cambiar nuestra mirada y nuestro compromiso, para que fuera posible establecer las condiciones mínimas para que “los sueños, los juegos y los deseos”, de los jóvenes, sean armónicamente compatibles con sus derechos?
Esta realidad nos plantea y nos interroga sobre: ¿cuáles son las condiciones básicas para que los jóvenes tengan la posibilidad del acceso a los derechos, a la libertad y a la dignidad humana?
Las leyes nacionales y provinciales se han adecuado a la Convención de los Derechos del Niño, que están consagrados en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994. ¿En la práctica es así?
El tema fundamental está en la aplicación de la norma, porque el derecho se tiene cuando se ejerce y no simplemente porque figure en un papel. No existe otra forma o manera de ejercerlo, sino con la práctica.
¿Quién es el responsable de aplicar las normas en un país democrático? El Estado, es el garante de crear y sostener los caminos que hagan posible el ejercicio de los derechos en un marco de igualdad, pero asumiendo la responsabilidad de atender a los sectores marginados y vulnerables.
Para que el derecho tenga vigencia para todos y en un plano de legitimidad, el Estado debe asumir el compromiso de ejecutar el mandato constitucional.
“El derecho no es solo la norma, la ley; el derecho es una práctica social y específica, que expresa los niveles de acuerdo y de conflicto propios de una formación histórico-social determinada.
El derecho es un discurso social, y como tal, le da sentido a la conducta de los hombres y los convierte en sujetos. Al mismo tiempo opera como el gran legitimador del poder, que habla, convence, seduce e impone a través del discurso de la ley. Ese discurso jurídico instituye, dota de autoridad, facultad a decir o a hacer. Su sentido remite al juego de las relaciones de dominación y a la situación de las fuerzas en pugna, en un cierto momento y lugar”.
“Cada vez que el derecho consagra alguna acción u omisión como permitida o como prohibida, está revelando donde reside el poder y cómo está distribuido en la sociedad”.
Desde APDH repetimos permanentemente que el hombre no es al Estado, sino que el Estado es al hombre, es decir, que lo debe servir y que no hay otro estamento superior al hombre, porque es él, el sujeto de soberanía.
La democracia en su concepción genuina y natural, pierde su espíritu cuando el Estado no atiende estos principios, que es cuidar al hombre en toda su dimensión humana (…).
El otro estamento de una república, el responsable de plasmar la vigencia de los derechos consagrados, buscando un equilibrio que garantice un Estado social de igualdad y de justicia.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, asume su responsabilidad como defensora de los derechos humanos y su compromiso irrestricto en la defensa y la aplicación de los mismos. Lo hicimos con la dictadura y lo haremos en democracia, contra todo Estado que no asuma la responsabilidad de aplicar la Constitución, las normas emergentes y el derecho internacional.
