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El autor de la nota, Iván Billalba, señaló que si bien el municipio “está bastante bien” en lo que es la incorporación de personas con discapacidad, no llega al porcentaje establecido por la ley
No se cumple la ley que obliga al Estado contratar personas con discapacidad.
La Ley 25.689 establece esa obligación al Estado nacional comprendido en los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado, que se denominan sociedades de economía mixta en la ciudad, como pueden ser las concesionarias de los servicios públicos.
Todos están obligados a ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal.
La provincia de Córdoba es una excepción a nivel nacional, ese cuatro por ciento (4%) fue aumentado al cinco por ciento (5%) . El requisito es que la persona reúna condiciones de idoneidad para ocupar el cargo.
Hay falsas creencias en nuestra sociedad. Vamos a hablar en general, se piensa que las personas con discapacidad son menos productivas que las personas que no tienen discapacidad. Y confunden discapacidad con incapacidad laboral. Esto es grave para las personas con discapacidad ya que en el momento de poder competir por un trabajo en igualdad de condiciones con las demás siempre se ven relegados.
Aparte todos somos diferentes pero tenemos los mismos derechos y en ese marco la legislación nacional sostiene que el trabajo es una obligación y un deber del Estado.
Quienes deben garantizar ese cupo laboral son el Estado nacional a través de sus dependencias de ANSES, PAMI, Gas, etcétera. El Gobierno provincial, por su lado, desde EPEC, Banco de Córdoba, Casa Ciudadana etcétera.
En este contexto la Municipalidad está bastante bien, desde la gestión de los gobiernos peronistas incorpora a su planta personas con discapacidad, pero no llegan al cuatro por ciento (4%).
El municipio comprende sociedades de economía mixta, que son varias (Transporte, Mercado de Abasto, etcétera), concesionarias de servicios públicos (Agua y Cloacas, limpieza, estacionamiento medido, etcétera) y la Defensoría del Pueblo.
Sobre esta última hay que hacer un apartado especial porque de alguna manera es la que debe colaborar para que las personas con discapacidad tengan acceso a los cupos laborales de que dispone la ley.
Desde el inicio de la gestión de Alicia Peressutti al frente de la Auditoría, el tema fue puesto a consideración y se tramitaron muchos casos de acceso a la movilidad en trasportes públicos, colocación de rampas, habilitación de infraestructura puestas al servicio de las personas con problemas de movilidad, entrega de prótesis, etcétera.
Pero esta ley no se cumple. El Poder Ejecutivo debería implementar todos los medios necesarios para que los diferentes estamentos del Estado llamen a concurso para cubrir las vacantes que marca la ley.
En nuestra Córdoba hubo presentaciones de amparo donde la Justicia dio lugar al planteo y obligó al Estado a incorporar a las personas con discapacidad a sus plantas.
