Ocurrió en la ciudad de Oliva, el 29 de mayo de 2017
El camarista Félix Martínez le impuso ayer una condena unificada de siete años de prisión de cumplimiento efectivo a un albañil de Oliva, luego de hallarlo culpable de un hecho de violación ocurrido en aquella ciudad el 29 de mayo de 2017.
Hugo César Aguilar (36), apodado “el Sanjuanino” por ser oriundo de aquella provincia, fue declarado autor responsable de “abuso sexual con acceso carnal” en perjuicio de una joven de 21 años con capacidades diferentes.
En la víspera, durante la segunda audiencia de debate, el presidente del tribunal escuchó los alegatos de las partes y cerca del mediodía dictó la sentencia condenatoria.
Al emitir sus conclusiones, el fiscal Francisco Márquez solicitó una pena de siete años y ocho meses de prisión, mientras que el abogado olivense Guillermo Romero, representante de la Querella, reclamó una condena de 12 años de cárcel.
A su turno, la asesora letrada Silvina Muñoz pidió la absolución de su defendido por el “beneficio de la duda” y, subsidiariamente, una sanción de seis años de prisión, el mínimo que prevé la legislación para ese delito.
En su veredicto, el juez Martínez impuso una condena de seis años y seis meses de prisión por la violación, pero como Aguilar estaba debiendo parte de una sanción anterior, dictada el 15 de marzo de 2016 (dos años y nueve meses por hechos de violencia de género y violencia familiar), recibió una pena unificada de siete años, con declaración de reincidencia.
Cuatro años por “narcomenudeo”
En otro juicio sustanciado en los Tribunales locales, el juez el camarista René Gandarillas le impuso una sanción de cuatro años de prisión efectiva a Diego Alberto Arancibia (39), un villamariense que fue detenido en octubre de 2016 luego que se le secuestraran 1.800 gramos de marihuana en una vivienda de barrio Roque Sáenz Peña de esta ciudad.
Arancibia fue declarado autor responsable de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
El allanamiento fue realizado por personal la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el inmueble ubicado en calle Arenales al 500, donde se encontraron varios envoltorios que contenían picadura de marihuana lista para ser vendida en la modalidad de “narcomenudeo” (en pequeñas cantidades).
En los alegatos, el fiscal Márquez solicitó la pena finalmente impuesta, mientras que el abogado defensor, Iván Jesús Rivarola, planteó la inconstitucionalidad de la escala penal y pidió una sanción de tres años de cárcel.
