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Casanello investiga a una firma local

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Casanello investiga a una firma local
En octubre de 2012, Casanello asumió al frente del Juzgado Federal N° 7 y se transformó, con 37 años, en el juez más joven de Comodoro Py. Actualmente lleva adelante la causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez y elevó a juicio oral la causa por escuchas ilegales que involucra a funcionarios del Gobierno de CABA y a la Policía Metropolitana

Defraudación contra la Administración Pública – El juez solicitó medidas en la ciudad

A través de un exhorto, el juez federal que lleva adelante varias causas de tinte político solicitó información sobre la única empresa encargada de la faena en Villa María

Escribe Franco Gazzoli
DE NUESTRA REDACCION

La Justicia Federal investiga por “defraudación contra la administración pública” a la empresa encargada del faenamiento de carnes vacunas en la ciudad y la región: Meat SA.

La empresa, que opera desde el edificio del ex-Matadero Municipal, único establecimiento dedicado al rubro, está en el foco del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, quien tiene a cargo varias causas de tinte político.

Esta firma frigorífica ahora es parte de esas carpetas, en el marco de una investigación madre por la que se libró un exhorto al Juzgado federal de Villa María, a cargo de Roque Ramón Rebak, para que solicite la presentación de documentación en la diminuta oficina (un box, en realidad), que tiene la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) en el Centro Integral de Atención al Ciudadano (CIAC), la denominada “Casa del Gobierno de Córdoba”, de calle Mendoza 1183.

Sin embargo, los funcionarios de la Justicia Federal, a cargo del secretario del Juzgado, acompañado por efectivos de la subdelegación local de la Policía Federal, nada pudieron obtener de esas oficinas, ya que la documentación se digitaliza y de inmediato es enviada a la sede central de la capital provincial, precisaron fuentes operativas del lugar.

Por lo tanto, los delegados se retiraron con las manos vacías y la información se intercambió vía telefónica y por correo electrónico, aparentemente acompañada de documentos escaneados.

De todas maneras, no sería la única medida solicitada desde el Juzgado capitalino al villamariense, según dejaron trascender, ni la única involucrada esta empresa.

 

Público y privado

A la hora de buscar conocer detalles de la causa madre o el motivo principal que involucra a Meat, la empresa encargada de la faena por estas pampas, el hermetismo reina y los funcionarios resguardan en su ley el secreto de toda causa penal. No hay forma de traspasar el umbral entre lo público y lo privado, ya que se trata de la carne que consumen miles y miles de personas a diario, quienes sellan y autorizan los cortes que circulen.

 

Desmentida

Si bien en un primer momento se dijo que se trataba de un allanamiento en el espacio de la IPJ de la sede del CIAC Villa María, en el Juzgado lo negaron y explicaron que se trató meramente de una solicitud de presentación, una medida distinta en cuanto al uso de la fuerza policial. Sin embargo, fueron agentes de la Policía Federal de la subdelegación a cargo de la comisario Olga Ester Quinteros (titular), quienes asistieron junto a los funcionarios federales al edificio de calle Mendoza. Es un dato menor, pero es distinto.

 

Qué investigan

Sobre la información obtenida, no trascendió detalle, aunque fuentes judiciales explicaron que se trata corroborar la conformación de las sociedades anónimas, la renovación de autoridades, asambleas y, más que todo, los balances que se deben presentar. Esos son requisitos que en parte se publican en el Boletín Oficial de la Provincia, pero no los balances, por lo que pasan a ser una ficha clave en materia de una causa por presunta “defraudación contra la Administración pública”.

 

Los dueños

Según la última información publicada sobre esta empresa en el Boletín Oficial, Meat SA tuvo asamblea por última vez el 13 de octubre de 2016, donde se procedió a la elección de autoridades por tres ejercicios. En la misma publicación se informa que el presidente es Santiago Beltrán y  el director suplente es Arturo Ricardo Beltrán. Otro dato que aporta es que el inicio de la actividad de la firma es del 1 de junio de 2001.

El apellido Beltrán es más que conocido en el rubro, ya que cuenta con frigorífico en Estación Juárez Celman (Forres Beltrán) y años atrás (2009) realizaron la apertura de un establecimiento de grandes dimensiones en Santiago del Estero (el mayor del país). El Grupo Beltrán cuenta, además, en la misma Estación Juárez Celman, con una refinería.

Meat está inscripto en la Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP) con actividad dedicada a “procesamiento de carne de ganado bovino” y como “matanza de ganado, excepto el bovino y procesamiento de su carne”.

 

Monopolio

Vale mencionar que tras el cierre del Matadero Frigorífico Regional Villa Nueva SA, el que tenía como titular o referente a Eduardo Piñero, conocido como el Galleguito, Meat se constituye en el único centro de faenamiento en la ciudad y zona de influencia (unos 70 kilómetros a la redonda), más allá de que lleguen a este ejido camiones de otras pocas procedencias autorizadas.

De hecho. Meat opera desde 2001 en Villa María, brindando el servicio de faena (con promedio de 600 mil kilos “en gancho” de carne bovina y otros 200 mil kilos de porcina). Los matarifes llevan los animales y el establecimiento en cuestión entrega las media res.

 

Defraudación

La causa madre se denomina “Gómez , Rogelio s/Defraudación contra la administración pública (Expte. de origen Nº…..)” y, por la misma, se han solicitado más de una medida en el ámbito de la ciudad.

La figura de fraude en perjuicio de la administración pública se encuentra contemplada en el artículo 174 inciso 5º del Código Penal. Allí se reprime a quien “cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública” (nacional, provincial, municipal). Se trata de una de las modalidades agravadas (y de las más juzgadas) de la figura básica de la estafa prevista en el artículo 172 del mismo cuerpo legal.

Esta figura importa llevar adelante un delito a través del cual se defrauda a la administración pública por vía del engaño o el abuso de confianza. Es decir, un abanico defraudatorio amplio, que no solo se limita a la estafa, sino que incluye a toda forma hábil de defraudación conocida. El autor de este delito puede ser cualquier persona y la pena es prisión de dos a seis años.