Expresaron su disgusto por no haberse dado curso al habeas corpus. Remarcaron que ofrecieron pruebas. Y adelantaron que realizarán diversas acciones
Miembros de diversas organizaciones se reunieron anteanoche en el comedor Caritas Felices de barrio La Calera para definir las acciones a seguir tras no prosperar el recurso de habeas corpus colectivo preventivo presentado ante la Justicia para garantizar la libertad de tránsito de jóvenes de ese sector.
Como se conoce, la jueza de Control de Villa María no hizo lugar al recurso impulsado por el comedor comunitario de ese barrio con el apoyo de diferentes organizaciones al considerar que no podía pronunciarse sobre la existencia de amenaza a la libertad ambulatoria, ya que se mencionó genéricamente a «los jóvenes del barrio» y no se individualizaron actos concretos ni se identificaron personas afectadas.
Los impulsores de la acción indicaron a EL DIARIO que en el recurso no se individualizó a personas «para protegerlos y evitar la persecución y las posibles represalias por parte de la Policía» y se subrayó que «el carácter colectivo de este escrito significa que se debe identificar al grupo de personas afectadas y no a los individuos en particular que lo conforman». Y se advirtió que en el escrito se ofrecieron pruebas para demostrar los hechos que se denunciaron.
Tras el encuentro de anteanoche se emitió un documento que es firmado por Marisa Sánchez, del comedor Caritas Felices; Fabián Bizzarri, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA); Juan Frank, en representación de la organización estudiantil de la Universidad Nacional de Villa María, “El Hormiguero Patria Grande”; Enrique Norberto Godoy, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Las Juanas/La Colectiva, la docente Derna Montero, Nadia Caronni, el estudiante Alexis Scarponi y el periodista Diego Bengoa, entre otros.
El mismo dice lo siguiente:
“-Expresamos nuestro malestar por la decisión de la jueza de Control Edith Lezama de Pereyra de no dar curso al recurso de habeas corpus. También señalamos nuestra sorpresa por la celeridad con la que rechazó nuestro planteo, sin dar lugar a la solicitud de medidas de prueba, como librar oficios a la Departamental General San Martín para conocer estadísticas específicas, a la Justicia de Menores y a llamar a testigos puntuales.
-Reiteramos y ratificamos que numerosos jóvenes y adolescentes de barrio La Calera son hostigados por miembros de la fuerza policial, sufriendo operativos infundados y arbitrarios en la vía pública ante la vista de todos los vecinos.
-Reiteramos nuestra preocupación por la autocensura en la que incurren los chicos del barrio para transitar libremente por diferentes sectores de la ciudad, ya que por temor a padecer operativos o procedimientos infundados generalmente no atraviesan los límites de La Calera.
-Advertimos que muchos chicos del sector suelen ser objeto de estos operativos camino al trabajo o cuando circulan por espacios céntricos o la costanera durante eventos masivos, lo que los lleva a adoptar la postura de no querer salir de La Calera o que el hacerlo les acarree un conflicto emocional.
-Adelantamos que efectuaremos diversas acciones tales como reuniones con funcionarios y actividades con los pibes del sector, para sensibilizar, concientizar y revertir la problemática.
-Resaltamos que vemos al menos con sorpresa que ningún miembro del Poder Legislativo local, salvo alguna excepción, se expresara en los últimos años sobre una problemática palpable e inocultable y a todas luces evidente para quienes tenemos contactos con jóvenes de sectores vulnerables.
-También llamamos al Poder Ejecutivo a que siente posición en defensa de sus representados».
