Los autores de la investigación que analiza lo sucedido entre 2003 y 2013, hicieron eje en el rol del Estado en el abordaje de distintas temáticas, como la violencia en el fútbol, los conflictos escolares y la violencia de género
Investigadores de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) realizaron un abordaje de las políticas públicas abocadas a la gestión de diferentes conflictividades sociales, violencias y fenómenos delictivos.
El proyecto tuvo como objetivo reconocer las modalidades que asumió el gobierno de la seguridad en la provincia de Córdoba, en el período comprendido entre 2003 y 2013.
Lo hicieron a partir de la descripción de las estructuras e iniciativas gubernamentales en torno a diferentes conflictividades: la violencia en la escuela, en el fútbol y en la familia.
Desde un enfoque cualitativo reconstruyeron las políticas de seguridad implementadas a nivel provincial en la última década y sistematizaron experiencias operadas en ámbitos específicos del Estado.
Como parte de las observaciones precisaron que esas políticas están relacionadas a una “profunda policialización” que tiene que ver con “el abordaje punitivo” de la conflictividad social.
“Lo que intentamos es recalar en las particularidades de las intervenciones estatales reconociendo distintas lógicas en disputa, incluso hacia adentro del mismo ámbito estatal de la provincia”, aseguró la directora del proyecto, Mariana Carbajo. En tal sentido, el diagnóstico de los investigadores está relacionado con “el ascenso de jefes policiales a la estructura gubernamental del gobierno” y por otro lado a “la respuesta represiva y punitiva”.
Según la investigadora, cuando se habla de políticas de seguridad se suele comprender al Estado como “una entidad monolítica” y se suele caracterizar sus políticas en función de lo que hace la Policía. “Lo que intentamos en el proyecto es abordar distintas conflictividades para ver los diversos actores estatales que se involucran en la gestión de las mismas tratando de identificar tensiones entre lógicas de policialización y ciudadanización de las políticas de seguridad”, explicó.
Con respecto a los ejes abordados pudieron reconocer distintos actores en relación a las problemáticas de conflicto. Así, en términos de violencia de género identificaron el programa de lucha contra la violencia familiar y dentro de éste el botón antipánico.
“En esta política encontramos una lógica de policialización en donde la Policía tiene cada vez más injerencia en las respuestas y una tendencia a la judicialización de la política”, dijo Carbajo.
En relación a la violencia en el fútbol tomaron la creación del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) como entidad gubernamental que intentó la pluralización de actores para el abordaje de la violencia en el fútbol y, en el caso de la escuela, el paradigma de la convivencia hacia el interior de las mismas en contradicción con la puesta de cámaras y la incorporación de adicionales como respuestas por parte del Estado a las conflictividades, violentas o delictivas, que “se dan en y en torno a los establecimientos educativos”.
Entre crisis y fracturas
Carbajo, especialista en criminología, señaló que el tema de seguridad se incorporó a la agenda gubernamental de la provincia a inicios de los 2000. Después de la crisis del 3 y 4 de diciembre de 2013 se “produjo una fractura muy fuerte en las políticas de seguridad provincial que, lejos de tomarse como oportunidad para repensar la institución policial y su democratización, llevaron a la profundización de la policialización y la mano dura como estrategia de abordaje de la conflictividad social”.
Al ser consultada sobre la masiva utilización de dispositivos por parte de los ciudadanos, la docente e investigadora aclaró: “Las cámaras, alarmas, la incorporación de policías son estrategias de defensa que responden a la sensación de inseguridad, se trata de métodos disuasivos que le permiten al ciudadano sentir que tiene algún tipo de respuesta. Lo importante sería en estén acompañadas de estrategias de participación ciudadana. No pueden ser la única respuesta del Estado, sino que tienen que estar articuladas a estrategias de inclusión social”.
Además de Carbajo, el equipo está integrado por Agustín Zanotti, Mauricio Graso, Celia Galvalisi, Nicolás Cabrera Durán, Andrés Hernández, Mauro Surghi, Florencia Rodríguez, Pedro Sorbera y Teresa Oliva.
