Según los investigadores locales, la aprobación de “leyes democratizadoras” en la materia “legitimó prácticas socio-sexuales y hará que con el tiempo las que parecían prohibidas, no lo estén”

La inclusión-exclusión del activismo LGBT obtuvo un mayor protagonismo durante las últimas décadas en Argentina. Esta tendencia estuvo acompañada de una progresiva incorporación de potestades por parte del colectivo, sobre todo en lo que respecta a la salud y derechos ciudadanos a partir de la intervención del Estado. Esos cambios se pusieron de manifiesto en la sanción de un campo normativo que tuvo su punto de mayor influencia con la promulgación del Código Civil de la Nación.

Ante ese marco, la tesista en Sociología de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) Agostina Arzeno se abocó a analizar los cambios acontecidos en el ámbito de las políticas de la sexualidad durante los últimos 10 años y el impacto en la vida de mujeres trans de Villa María, temáticas que se insertan en la investigación “Las políticas de la sexualidad. Una década de cambios en Argentina”, que forma parte de los proyectos institucionales financiados por el Instituto de Investigación y es dirigida por la doctora Raquel Drovetta.

“En cuanto a las políticas sexuales, el análisis lo comienzo en los años 90, que es cuando se empiezan a tener en cuenta porque el Estado trabaja la problemática del SIDA y se realizan una serie de campañas de prevención, obligando la cobertura de tratamientos de HIV-SIDA a obras sociales y prepagas y preservando la identidad”, explicó Arzeno.

En la década siguiente destacó la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como un cambio importante, al igual que la promulgación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) obligando su incorporación en la currícula de las escuelas y promoviendo una “concepción integral de la sexualidad, no reducida a lo genital y con una perspectiva de derecho”. Sin embargo, respecto de este tema la investigadora advirtió que “se confundió sexualidad responsable con regulación”.

Otro aporte, más cercano en el tiempo, fue el nuevo Código Civil que contempló el matrimonio igualitario y la incorporación de la responsabilidad parental que “rompió con los modelos de familia tradicional y se legitimó la práctica de otros tipos de familia”. En la misma línea mencionó a la ley de identidad de género para la transexualidad y la fertilización asistida sin discriminar por sexo, edad o identidad.

Al ritmo de las nuevas normativas

Arzeno consideró que, desde una perspectiva deconstruccionista, el LGBT “desordena el mundo de los géneros y los sexos y abre otras posibilidades identitarias que no estaban predefinidas considerando al sexo como lo biológico y el género aquello que implica la construcción social”. En ese contexto afirmó: “El hecho de que se lleven adelante políticas públicas genera que se legitimen prácticas socio-sexuales y que con el paso del tiempo las que parecían prohibidas, no lo estén”.

Con relación a la situación en Villa María, la investigación reconoció la presencia del Movimiento Popular por la Igualdad (MPI). “Tuvieron el apoyo de la Municipalidad y al modificarse el contexto nacional eso repercutió en actividades variadas.

También la Dirección de Derechos Humanos trabajó conjuntamente con el MPI y articuló con el Estado local acciones para promover y ayudar a solucionar problemáticas trans y que muchas mujeres dejaran el trabajo sexual y accedieran a capacitaciones laborales, becas de estudio, entre otros apoyos”, agregó.

En el recorrido analizado, la tesista identificó que con la sanción de nuevas normativas se pasó de orientar las políticas relacionadas a la homosexualidad con una enfermedad a otorgar derechos para que los ciudadanos puedan desarrollarse.