Luego de que el tema se rechazara el jueves en la Comisión de Acuerdos, quedó en el centro de la escena en la sesión legislativa de ayer

La primera sesión ordinaria del año abrió ayer con un pedido de la concejala Nora Landart de Juntos por Villa María para tratar sobre tablas el pedido de auditoría contable, financiera y administrativa al último período de Eduardo Accastello al frente del Poder Ejecutivo.

La cuestión no prosperó: tal como ocurrió un día antes de manera privada en la Comisión de Acuerdos, el bloque Villa María para la Victoria hizo valer sus votos y rechazó la solicitud.

Ambas bancadas utilizaron diversos artículos legales para fundamentar por qué cada uno tenía razón en tratar (o no) sobre tablas el tema, luego de que el miércoles se rechazara por mayoría en comisión y quedara archivado.

Todo esto nació cuando los extribunos de Cuentas, Andrea Mussa y José Naselli, afirmaron haber encontrado irregularidades en los asientos contables del municipio de tres cuentas bancarias que se resumen en millonarios diferimientos de montos dinerarios, alteración de datos y acreditación de plazos fijos.

El análisis de los fondos externos de la comuna en los bancos Nación, Hipotecario y Córdoba representó, según los extribunos, diferimientos por un valor de casi 35 millones de pesos.

Con esto como trampolín, el bloque de la versión local de Cambiemos vino diciendo en el verano que se necesitaba auditar las cuentas del accastellismo, indicando que concejales y tribunos de la oposición habían efectuado en los últimos años numerosos pedidos de informe y rechazado los balances anuales.

“Cuando un proyecto es girado a Comisión y es rechazado, como este caso, es girado al archivo de manera automática. Si algún concejal o bloque lo reflotara, tiene que pedir en Comisión el desarchivo”, señaló Carlos De Falco, por lo que consideró improcedente el pedido de tratamiento sobre tablas.

Desde Juntos por Villa María, Karina Bruno sostuvo que “los tratamientos sobre tablas no se avisan” y añadió que de todas maneras Landart “les dijo en labor parlamentaria que iba a pedir el tratamiento sobre tablas”.

La abogada precisó que el artículo 110 del Reglamento Interno establece que “es moción tratar sobre tablas toda proposición que tiene por objeto considerar inmediatamente un asunto con o sin despacho de comisión”. “Los proyectos son sólo archivados cuando o los retira el autor o se los rechaza en sala o cuando pasan dos períodos ordinarios sin ser tratados, y no es este el caso, no es la Comisión la que dispone el archivo de un proyecto”, afirmó.

Bruno disparó que “hay una cuestión que se soslaya, que en definitiva es una cuestión de tecnicismo y evitan considerar la cuestión de forma”, la de auditoría. “Evitan discutir. No se quiere hablar del fondo de la cuestión”, añadió.

José Carignano, presidente del Concejo Deliberante, entonces apuntó que la cuestión de fondo no es lo que se estaba viendo. Karina Bruno le espetó: “Entiendo que usted fue el jefe de Gabinete (de la gestión Accastello)”, y siguió.

Luego volvió a hablar De Falco, quien dijo que si bien Landart manifestó que iba a pedir el tratamiento, no se votó (“una cosa es decir y otra es pedir”). Después argumentó que lo esgrimido desde lo legal por Bruno se refiere a cuando los proyectos ya están en sala. “Las formas son formas”, subrayó.

Finalmente se expresó otra vez Landart, quien defendió la postura en el artículo 110 del Reglamento. De Falco insistió en sus argumentos, se fue a votación y se impuso la mayoría oficialista. Ahora sí quedó cerrada la cuestión desde lo parlamentario.

Los argumentos del oficialismo en el expediente

En la Comisión de Acuerdos el proyecto de la oposición fue rechazado el jueves con los votos del oficialismo.

“El pedido obedece a la necesidad de esclarecer presuntas irregularidades manifestadas por los órganos de control. En primer lugar no hay actos concretos que expresen esas irregularidades”, señalaron los miembros de la bancada de Villa María para la Victoria, colocando en negrita la palabra “presuntas”.

En el expediente, al que accedió EL DIARIO ayer, fundamentaron que “no es incumbencia ni está en el objeto del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas realizar auditorías, sino, por el contrario, el control de la matrícula y ejercicio profesional, pero más allá de estas cuestiones y entrando al fondo del asunto, entendemos que la iniciativa no puede prosperar”.

¿Por qué? Porque indicaron que “las cuentas fueron entregadas y recibidas de conformidad por el Departamento Ejecutivo Municipal el 10 de diciembre de 2015”, sin advertir los concejales del kirchnerismo que se trata de la continuidad del mismo proyecto político.

“En ese sentido -continuaron- el señor intendente ha manifestado en este recinto que se ha realizado un relevamiento integral de las cuentas públicas, nivel de liquidez, avance de la ejecución presupuestaria, relevamiento y correcta identificación de gastos e inversiones efectuadas y comprometidas, determinación de las obligación a pagar, etcétera, con lo que queda palmariamente demostrado que se han auditado debidamente las cuentas municipales, sin objeciones”.

Añadieron que en el año se aprueban unas 15 mil órdenes de pago y que “sólo un escasísimo margen tienen observaciones, no debe llegar al uno por mil”.

“Por otra parte, las órdenes rechazadas han sido debidamente remitidas a todos los bloques de este Concejo y no ha habido ningún acto jurídico válido que demuestre la disconformidad o irregularidad por la que, ahora, se fundamenta este proyecto”, apuntaron.

La bancada accastellista resaltó también que el control de legalidad de las cuentas está a cargo del Tribunal de Cuentas, “por lo tanto éste, que incluso en los años señalados la mayoría era casualmente la oposición, debió implementar los mecanismos de inspección necesarios”.

Concluyeron en que si había irregularidades, los vocales denunciantes “debieron realizar la correspondiente auditoría, que incluso puede ser externa y ante algún impedimento concurrir ante la Justicia”.

Por eso lo rechazaron y lo archivaron.