Se llevó a cabo ayer un procedimiento judicial por el supuesto delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Estuvo encabezado por la fiscal federal, acompañada por profesionales de la Secretaría de la Lucha contra la Explotación de Personas y del Ministerio de Trabajo de la provincia
Unos 20 policías federales, por orden de la fiscal María Marta Schiani, realizaron ayer un procedimiento en un cortadero donde funcionan unos cinco hornos de ladrillos, ubicado en un campo distante a tres kilómetros de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos.
Antes de terminar el operativo, la Justicia ordenó la detención de un ciudadano boliviano de 33 años, radicado en Argentina. Era el encargado de la explotación ladrillera y quedó alojado en una celda de la sede local de la Policía Federal, imputado por el supuesto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Además, dos menores que los funcionarios públicos registraron mientras estaban trabajando, quedaron en el lugar con sus padres por recomendación de los técnicos de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
El procedimiento estuvo a cargo de la fiscal federal de Villa María.
Historias de vulnerabilidad
Por los guadales formados en el camino de acceso a los cortaderos llegaban, cerca del mediodía, niños de unos cinco años que asisten a la escuela de la zona, pedaleando en pequeñas bicicletas con rueditas. Venían a sus precarias casas, ubicadas en el mismo predio, donde encontraron a los funcionarios realizando el relevamiento.
Por un lado, la Justicia Federal llevaba un registro de las personas que allí viven, para determinar si había o no explotación laboral.
Si bien la investigación recién empieza, aparecieron algunos elementos que motivaron la detención del encargado. Por ejemplo, en su poder tenía los documentos de algunos de los trabajadores del lugar.
Por otra parte, el personal de la Secretaría provincial, compuesto, entre otros, por psicólogos, contenían a los habitantes del predio para explicar que el allanamiento se realizaba para protegerlos y no para acusarlos.
También participó personal de la Unidad de Violencia Familiar, que no tuvo que intervenir puntualmente en este caso, pero que concurrió como apoyo.
En lo que hace a las condiciones de vivienda, se pudo observar que utilizan los ladrillos que ellos mismos construyen para levantar las paredes y que los techos son de chapa.
Hay una sola bomba de agua para todas las familias que allí viven y los sanitarios no tienen las mínimas condiciones de higiene.
Según pudo saber EL DIARIO, el propietario del campo alquila ese lote, de aproximadamente una hectárea y media, al encargado. Se estima que el pago es de 4.000 pesos mensuales por cada horno.
El encargado, a su vez, contrata informalmente a trabajadores para la producción de los ladrillos.
Trabajo ordenó suspender la actividad
Además del personal policial, la Justicia y los equipos de la Secretaría contra la trata, estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Trabajo de la provincia, delegación Villa María.
Hasta el mediodía (después el operativo siguió) el inspector laboral y el de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (CYMAT) relevaron la situación.
Al término de la labor de los inspectores, el titular de la dependencia, Ignacio Venencia, dijo que “en lo que hace a la cuestión laboral, detectamos a 20 trabajadores. Sólo uno tenía monotributo y el resto, ningún tipo de registración”, explicó. Cabe acotar que la Justicia registró a más personas porque el procedimiento siguió en horas de la tarde, oportunidad en la que detectaron a más trabajadores “escondidos” detrás de un pequeño monte.
Pero volviendo a lo registrado por la cartera laboral, se informó que también detectaron un menor realizando trabajos esforzados. “Por ese caso corrimos vista a la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil (Corepi)”, informó.
Para que presenten la documentación laboral se fijó una audiencia para mañana, viernes 18, en la sede local del Ministerio.
“En lo que hace a las condiciones de higiene y seguridad, detectaron fallas e incumplimiento, por lo que se dispuso suspender todo tipo de actividad productiva hasta tanto se resuelvan los requerimientos”, concluyó.
Procedimientos anteriores
Dos casos en el año 2015
Abril de 2015: se realizó un procedimiento en los cortaderos ubicados a la vera de la ruta 9, entre Villa María y Ballesteros. Detectaron a 70 personas “explotadas y si bien imputaron y hasta detuvieron a los dueños de la tierra, el caso no tiene condenados.
Octubre 2015: otro procedimiento realizado en cortaderos ubicados entre la estancia La Negrita y la ruta 158. En ese lugar rescataron a un menor de edad que fue resguardado en el refugio de la Secretaría contra la trata de personas.
