Escribe: Miguel J. Rodríguez Villafañe* (Especial para EL DIARIO)
El endeudamiento externo ilegítimo en Argentina, especialmente desde 1976 en adelante, estuvo acompañado con acciones que facilitaron la trampa y lo indebido y permitieron que se ocultara la información relevante a la sociedad. La estrategia de ocultamiento, desinformación y manipulación se asentó en diversas modalidades de manejos de medios de difusión, funcionales al objetivo querido.
Manipulación de medios de difusión
Para el referido fin, entre las dinámicas llevadas a cabo se puede señalar la cooptación o la compra de medios de difusión, en especial por los bancos prestamistas externos y/o por sus representantes o vinculados a ellos. Estos se hicieron dueños, total o parcialmente, de empresas de medios de difusión o las condicionaron de diversas formas, directa e indirectamente. Entre estas últimas modalidades se desplegó también una estrategia de inducción a tomar créditos, que después terminaba cercando económicamente a las empresas dueñas de medios de difusión, por la inestabilidad económica en la que se sumía al país por ciclos.
Otra forma que se usó por parte de los bancos consistía en invertir una cantidad significativa de dinero en publicidad, en los medios de difusión. Esto a muchos de ellos los hizo dependientes de dicho ingreso y, por ende, actuaban con temor de perder esa pauta publicitaria, si se decía algo que pudiera no gustar a quienes desde el mundo de las finanzas les pautaban.
O sea, por un lado o por el otro, se condicionaba a los medios de difusión para que tengan una visión determinada del accionar de las entidades bancarias y de su accionar en materia de deuda externa ilegítima.
Discurso único
A su vez, a esos medios de difusión cooptados o condicionados el Estado les facilitó una dinámica por la cual se permitió una importante concentración de la propiedad de los mismos que, en muchos casos, llevó a conformar grupos concentrados, monopólicos y/u oligopólicos. Estos, a su vez, lograban de esta manera administrar, más fácilmente, el discurso único en el tema de endeudamiento externo. Para ello también se garantizó, en algunas prestaciones de radiodifusión, un mercado cautivo a las estructuras operantes sobre la opinión pública, por ejemplo, en materia de TV por cable. De esta forma, determinados grupos se fueron apoderando de los principales medios de comunicación masivos.
Por otra parte, con la Ley 22.285 de Radiodifusión dictada en 1980 por el último Gobierno militar no se permitió el ingreso de nuevos titulares de licencias para radio y televisión. En dicha norma se excluyó de poder tener medios, particularmente, a las instituciones de la economía solidaria no comerciales, como es el caso de las cooperativas, mutuales y demás organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, eliminando la posibilidad de contar, en materia de radiodifusión, con una visión plural, para difundir otra visión alternativa de la realidad.
Luego, incluso por la Ley 23.696 llamada de “Reforma del Estado”, de 1989, se amplió aún más la concentración y se autorizó que los medios gráficos más importantes como, por ejemplo, los diarios Clarín y Nación, dueños de la empresa Papel Prensa SA -empresa que produce el papel para diario-, pudieran aumentar mucho su influencia, ya que se derogó la norma que les prohibía participar en radiodifusión.
Asimismo, la información en materia de créditos o deudas externas era acotada o invisibilizada por los diarios, radios y televisión cooptados o condicionados por las entidades financieras. En ese entonces se enseñó que el país se volvía riesgoso si no cumplía, sin condicionamientos, lo que se le exigía que se abonara por acreedores externos. Hubo momentos en los que se nos degradó como sociedad y la temperatura de nuestra autoestima dependía del aumento del índice llamado “riesgo país”, que brindaban diariamente los medios de difusión de manera destacada. Dicho riesgo era un fantasma al que las personas sólo podían temer, aunque no se permitía saber las razones en virtud de las cuales los que nos endeudaron nos responsabilizaban y pretendían que nos volviéramos “creíbles” ante el mundo sólo pagando, sin discutir lo que se nos decía que debíamos. Se transmitía la sensación de que, para reingresar a la civilización, no correspondía preguntar y se tenía que pagar, para no ser unos castigados del mundo y poder bajar la temperatura del “riesgo país”.
Después vendría el default y la crisis del año 2001.
En el año 2009 vino un respiro, cuando se dictó la nueva Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que permite la existencia de diversidad de medios y que a la libertad de expresión se la enfoque desde los derechos humanos y que no esté regida sólo por leyes de mercado.
Déjá vu peligroso
Sin embargo, ahora, con los Decretos de Necesidad y Urgencia 13, 236 y 267 de 2015, dictados por el presidente Mauricio Macri, en los que reforma inconstitucionalmente la Ley 26.522, la situación que se presenta aparece como conducente a algo ya se ha visto y vivido (déjà vu), parecido a lo que he descripto.
Baste referir, a manera de ejemplo, que a toda la política de medios de difusión se la deja sometida, especialmente, a las leyes del mercado y se han derogado las normas que evitaban la concentración monopólica de licencias y el tope de no poder tener más del 35% del mercado, entre otras graves disposiciones adoptadas al respecto.
De pronto, en estos días, con la discusión del pago a los fondos buitre, en los medios poderosos volvimos a escuchar el discurso único, con mensajes tramposos, como decir que sólo estamos en el mundo si acordamos con los condicionamientos usureros de los fondos buitre o que si no pagamos tendremos apocalipsis sociales. A su vez, dichos mensajes intimidantes, en gran medida, se difundían por los mismos que nos endeudaron y aceptaron condiciones indignantes para el país. De nuevo se trata de instalar como eje el miedo a las consecuencias de no cumplir, porque nos dicen que volveríamos a resultar un país muy riesgoso y tantas otras frases que se reiteran en el tema, como ya mencioné.
Resulta preocupante entonces que volvamos a ver la misma película, ya vivida y para colmo conocemos el final, en el que es el pueblo el que termina sufriendo y mal.
*Abogado constitucionalista y periodista