En 1976, a menos de un mes de irrumpir en la oficina del intendente municipal de Villa María, el mayor José Cayetano Torres declaró que el Estado local sería dirigido como si se tratara de una empresa. De esa manera, quien fue el encargado de destituir de su cargo al intendente Carlos Pizzorno, definía, de manera clara, la visión económica liberal que guiaba a quienes habían realizado el golpe de Estado
Esa concepción acerca del Estado fue difundida por los medios de prensa con los cuales el militar, que ejercía como interventor municipal, mantuvo contacto. En su edición del 23 de abril el periódico local Opinión, dirigido por el veterano periodista Victoriano Godoy, publicó un gran título de tapa: «La municipalidad será conducida con sentido de empresa: nos dice el actual intendente mayor Torres». En la nota queda claro que Cayetano Torres había señalado esa visión, literalmente, asociando el concepto de empresa al de eficiencia en el Estado. El interventor pasa a enumerar acciones que implican un ajuste. Por una parte señala que realizará un inventario con el objetivo de «reducir gastos inútiles, verificar estrictamente el estado financiero de la comuna…» e inmediatamente pasa a decir que suspenderá el «personal golondrina, regularización de la situación de contratados y separación definitiva de gente no necesaria». Pero en cuanto a qué personal era necesario en el municipio era una cuestión relativa, en el caso del militar parecía que había exceso de personal. Por ello a poco de asumir, Cayetano Torres produjo la cesantía de 144 agentes municipales. En el referido artículo de «Opinión» destacó que esa acción importaba el ahorro de «muchos miles de pesos para el erario financiero». En el afán de continuar achicando el Estado, también señala que muy pronto unos 50 empleados se retirarían por acceder al beneficio jubilatorio. Según el reportero, Cayetano Torres definió todos esos movimientos de personal como un «proceso de reordenamiento que habrá de culminar cuando se concrete la racionalización del personal en todos los sectores».
Achicar el Estado
El golpista sabía que debía ir a favor de una idea de Estado que implicaba dejar empleados sin trabajo. A lo largo de los años veríamos avanzar esa concepción hasta llegar a formar parte del «sentido común» de gran parte de la población y de diferente dirigencia política. Torres no venía para «militarizar» el municipio, sino a encuadrarlo dentro de una lógica del nuevo liberalismo que lo emula con una empresa. Es el mismo ideario que luego fructificó en la privatización de diferentes reparticiones del Estado, tanto a nivel nacional como local. A nivel nacional las remozadas ideas liberales habían iniciado su imposición en 1975, en sintonía con lo que pasaba en otros puntos de Latinoamérica.
En las declaraciones de aquella época, Torres parece un gerente o directivo de «recursos humanos», señala que se controlará la puntualidad de los empleados municipales «como asimismo poner acento en los casos de los enfermos con licencia». Nada dice en la nota de las condiciones laborales o las estrategias para lograr la mayor colaboración posible de cada agente municipal. El empleado sólo aparece como un insumo más, nada se dice de la realización del mismo. Recordemos que el 8 de abril de ese año, el interventor, junto al secretario de Gobierno, René Rodríguez, había firmado el decreto prohibiendo toda actividad gremial en las reparticiones municipales. Esto era como un eco de la prohibición de toda actividad sindical y política dispuesta por la Junta Militar que gobernaba el país.
Cierre de las cuentas
El periodista de «Opinión» pensaba que «lo actuado por el mayor Torres es digno del buen comentario. Una acción directa saludable para una administración depurada y correctamente sana, con una funcionalidad de organigrama». El comunicador también opinó que la «amplia visión tomada con toda claridad sobre el problema municipal villamariense… nos habla de la importancia que importa analizar el estado deficitario de la cosa pública con arrastre multimillonario, pero también advierte sobre su optimismo en cuanto a que las medidas tomadas y a tomar darán como resultado un adecuado cierre de ejercicio financiero…». Esto, según «Opinión», permitiría elaborar un plan de pago de deuda existente. De manera constante se asocia el concepto de empresa al de eficiencia a la vez que presenta al Estado como ineficiente, presentándose razonamientos que a primera vista pueden parecer lógicos, pero que analizados distan mucho de serlo. Por ejemplo, resulta imposible aplicar el mismo concepto de eficiencia al Estado y a la empresa cuyo principal fin es generar rentabilidad económica. En la nota de “Opinión” se habla del manejo del Estado como empresa y la generación de rentabilidad. Así es que dice «…se aplica en el manejo de la administración un concepto de empresa con todo lo que significa jerarquización y rentabilidad, porque con los porcientos del 75 para jornales y sueldos, 25 para bienes de consumo y 5 para capital no se puede ir adelante de ninguna manera».
Idea que encontró tierras fértiles
La posición ideológica que expresó Torres, que parece compartir el reportero, es parte de un liberalismo que avanzó mucho en los años posteriores y llevó a que gran parte del Estado pasara a manos privadas bajo el argumento que la empresa puede administrar mejor lo público. A la par que se decía que el Estado debía reducirse a la menor expresión posible. Una ideología que naturaliza la existencia de la empresa considerándola como una forma social sin historia y como el único lugar donde se desarrolla la actividad productiva. Posiciones coherentes con ciertas corrientes de pensamiento como la de denominada Sociología Industrial de la Escuela de Relaciones Humanas, que si bien retoma cuestiones de la economía clásica visualiza la empresa como el agente encargado de conciliar los intereses individuales con el bienestar social. Una cuestión bastante discutible a la luz de la realidad que puede mostrar la mayoría de los servicios privatizados y la aplicación de una concepción empresarial a la administración del Estado.
Torres fue una expresión de un sector social que entendía que el Estado debía ser manejado con criterio empresarial. Y esa posición ideológica iría encontrando terreno fértil en sectores políticos. Podríamos reflexionar acerca de cuánto de esa racionalidad, de esa forma de entender la problemática, quedó como sedimento en las visiones que aún circulan en la sociedad y que consideran que el Estado sería mejor manejado de aplicarse los criterios utilizados en una empresa privada que persigue utilidades económicas y no el bienestar el pueblo.
