La visión de una profesional de Villa María sobre uno de los temas que concentra el interés general en el país y en el mundo
¿Quién le pone límites al poder global?
Los “Panamá Papers” pusieron en el tapete la conducta de líderes políticos y empresarios quienes a la hora de gestionar sus negocios se valen de maniobras elusivas llevadas a cabo a través de intermediarios, cuya existencia, si bien es de larga data, siempre ha gozado de cierto anonimato gracias a la protección e inmunidad que permanentemente se les otorga.
En este sentido, con el propósito de entender las implicancias económicas que tienen dichas maniobras en las economías domésticas, resulta de interés conocer la lógica y funcionamiento de las mismas.
Los paraísos fiscales, denominación que curiosamente se debe a un error de traducción del término inglés tax haven, cuya traducción literal es “refugio fiscal” y que los franceses confundieron con heaven – paraíso (para que luego los españoles heredaran dicha confusión), si bien tuvieron su origen en el Siglo XVII como bases de la piratería contra el imperio español, su intervención en la escena económica y financiera en las últimas décadas se ha intensificado hasta ubicarse en el centro de la economía mundial. Este hecho se vio favorecido, entre otras cosas, por el proceso de globalización que ha dado lugar a una mayor integración económica, así como también a raíz de la implementación de políticas neoliberales tales como la apertura de las economías a los mercados exteriores, el mayor grado de libertad de movimientos en los mercados y una mayor transferencia de recursos a la actividad privada.
Tax Justice Network los define como “lugar que procura atraer negocios ofreciendo instalaciones políticamente estables que ayudan a personas o entidades a eludir reglas, leyes y regulaciones establecidas en otras jurisdicciones”.
Estos centros offshore se caracterizan por el secretismo fiscal, la posibilidad de evadir regulaciones financieras y bajas o nulas tasas de tributación. Por su parte, los servicios financieros suelen ser muy grandes en comparación con el tamaño de su economía local. Tal es el caso de Zug, una pequeña localidad Suiza de 19 mil habitantes que aloja en apenas dos o tres calles a 29 mil empresas, entre ellas unas 500 sedes de compañías globales.
Por lo general, en dichas jurisdicciones el poder político del Estado suele estar sujeto al poder financiero, siendo estos últimos en definitiva quienes manejan las decisiones y acciones gubernamentales, con el propósito de proteger las enormes utilidades que les reportan las ventajas económicas obtenidas a través de dichas políticas.
La radicación de empresas en paraísos fiscales se enmarca en la práctica que se denomina planificación fiscal internacional nociva, cuyo concepto y alcance resultan interesantes a la hora de examinar la legalidad que revisten.
La planificación fiscal internacional nociva consiste en la puesta en práctica por parte de las empresas de un conjunto coordinado de comportamientos cuyo objetivo es demorar, evitar o reducir al máximo la carga fiscal. Por tanto podemos decir que se trata de una elusión fiscal organizada.
La elusión fiscal tiene como objetivo alcanzar el mínimo costo tributario, en desacuerdo con la capacidad económica del contribuyente, utilizando los mecanismos y estrategias legales que permiten la legislación de cada Estado.
Estas maniobras profundizan las desigualdades hacia el interior de las fronteras afectando a las economías domésticas. Tal como afirma Shaxson en su libro “Las islas del tesoro”, las grandes economías están trasladando las cargas fiscales de las corporaciones y los capitales móviles hacia las espaldas de la gente común. Las variables económicas tales como la producción, la inversión, el ahorro, el consumo y las decisiones políticas de los Estados están atravesados por el impacto que provoca la planificación fiscal internacional en el conjunto de la economía.
Sin dudas los países más pobres son los mayores afectados por estas maniobras, puesto que además de ver erosionadas sus bases fiscales mediante la planificación, se fugan capitales hacia los países más ricos. El Fondo Monetario Internacional calculó en 2010 que sólo los balances de los centros financieros situados en pequeñas islas arrojaban un total de 18 billones de dólares: una suma equivalente a alrededor de un tercio del Producto Bruto (PBI) mundial.
Por su parte, Tax Justice Network calcula que los activos mantenidos en centros offshore de unos 10 millones de individuos con un alto patrimonio equivalen a aproximadamente 21 billones de dólares.
No hay dudas de que el sistema extraterritorial es el modo de funcionamiento del poder en la actualidad. Las prácticas elusivas utilizadas por éstos constituyen un círculo vicioso que degrada de manera exponencial la equidad distributiva y el bienestar de la población.
La lógica de los mercados globales sólo encuentra alguna forma de límite en las políticas de Estado, esto pone en evidencia la imperiosa necesidad de la implementación de políticas activas, dirigidas a limitar el accionar de los poderes concentrados, evitando la transferencia de recursos desde los sectores más desprotegidos. Es lamentable que paradójicamente quienes deberían bregar por la igualdad, la distribución y el bienestar del pueblo sean también partícipes de este entramado de negocios.
Patricia Dagatti, Contadora pública, lic. en Administración,
DNI 21.616.291
