En diálogo con EL DIARIO, el titular de la Procelac se refirió también a las sociedades offshore en general

Carlos Gonella se encontraba en Colombia cuando a comienzos de este mes el Consorcio Internacional de Periodistas desató el paquete que encerraba el escándalo de los Panamá Papers. A su regreso, horas después de estallar el caso de las sociedades armadas por personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales, recibió una denuncia formulada por el constitucionalista Eduardo Barcesat en contra del presidente de la Nación, Mauricio Macri, por su participación en las compañías offshore Fleg Trading Ltd y Kagemusha SA y la sospecha de la comisión de varios delitos, entre ellos el de “evasión fiscal agravada».

“Para cuando tomé contacto con esa presentación, el diputado nacional por Neuquén, Darío Martínez, ya había radicado una denuncia penal que recayó en la Fiscalía Nº 6, a cargo de Federico Delgado, en este caso por la presunta omisión maliciosa en las declaraciones juradas del presidente de las dos empresas mencionadas, y el juez Sebastián Casanello impulsó la acción penal. Nosotros no podemos intervenir donde hay un juez y un fiscal trabajando en el tema. Lo que corresponde es remitirle la denuncia para que la adjunte a la causa en trámite”, explicó Gonella a un periodista de EL DIARIO.

–Tenemos entendido que hoy (por ayer) recibió una nueva denuncia en contra del presidente Macri…
-Sí, y adopté el mismo criterio, a pedido del denunciante, Leandro Santoro.

–¿Qué es lo que denuncia Santoro?
-La denuncia es contra el presidente Mauricio Macri y contra el intendente de Lanús, Darío Grindetti. Lo que Santoro quiere que se investigue es por qué, siendo jefe de Gobierno, Mauricio Macri hizo en 2010 la emisión de los bonos Tango Serie 8 para financiar obras pagando por ello al Credit Suisse y a KBR Corporate Finance comisiones ocho veces más caras que las que pedían otros agentes financieros.

–¿Qué tiene que ver el intendente de Lanús?
-Santoro aporta que de los Panama Papers surgiría que Grindetti, quien en ese momento era el ministro de Hacienda y hombre de confianza de Macri, quedó a cargo del manejo de Mercier Internacional SA, una empresa de dueños desconocidos radicada en Panamá, Mercier SA, y también de una cuenta en un banco suizo vinculado directamente con esa colocación de deuda, el Credit Swiss. La sospecha del denunciante es que detrás de aquel endeudamiento por 475 millones de dólares hubo una maniobra de lavado de dinero que luego fue destinado a financiar la actividad política del PRO. La documentación adjuntada indica que esa cuenta fue abierta el 15 de julio de 2010 y que la citada empresa le otorgaba a Grindeti poder para operar en el Credit Swiss.

–¿Tampoco va a poder investigar ese caso, entonces?
-No, ayer (por el lunes) a las 13.30 se las remití a Casanello y Delgado.

–¿Qué opina de todo esto? ¿Qué visión tiene de las sociedades offshore?
-No voy a hablar de estos casos en particular. No corresponde que lo haga. Puedo hablar en general, y en ese plano general, de acuerdo a nuestras investigaciones, por ejemplo la muy desarrollada que tenemos en torno al BNP Paribas, todas las sociedades offshore, todas estas estructuras jurídicas que se generan en paraísos fiscales, se utilizan para ocultar o disimular operaciones económicas y sustraerse de cumplir las leyes tributarias y fiscales de los países, produciendo un efecto dañino para la economía de los países. Esa es la lógica del paraíso fiscal.

Precisamente ayer, el diario La Nación, integrante del Consorcio Internacional que desató el escándalo, informó de otros ecumbrados argentinos que figuran en los reveladores documentos. Algunos controlan empresas en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas o Seychelles. Otros surgieron asociados a operaciones comerciales con empresas que generalmente se utilizan para evadir impuestos o lavar dinero.

Casi todos figuran en los registros del estudio Mossack Fonseca que destapó el Consorcio Interna como dueños o «beneficiarios finales» de las firmas.

Algunos de los hombres de negocios fuertes del país involucrados son Amalia Lacroze de Fortabat, por ejemplo, que operó con Rosewall Enterprises en Panamá, Islas Vírgenes y Seychelles. Aunque la exdueña de Loma Negra falleció en 2012, todas sus compañías permanecen activas. Con la revelación de las cuentas ocultas del HSBC trascendió que el administrador de la fortuna Fortabat es el ministro Alfonso Prat-Gay.

También aparecen con lujo de detalles Héctor Magnetto, Gregorio y Jorge Pérez Companc, la familia Blaquier (vinculada a cuatro offshore), Eduardo Eurnekian, los hermanos Pagani (dueños de Arcor SA), Alfredo Coto, María de las Mercedes Bulgheroni (única hija mujer del fundador de la petrolera Bridas y hermana de Carlos y Alejandro Bulgheroni), entre otros muchos integrantes de la high society de la Argentina.

Un especialista de carrera

Carlos Gonella, nacido en Oliva, criado en Villa María y graduado en la Universidad Nacional Córdoba (UNC), es abogado y especialista en Derecho Penal.

Realizó numerosos posgrados e investigaciones y se desempeñó como docente en esa casa de altos estudios y en la Universidad Nacional de La Rioja, entre otras. Ha publicado libros y artículos en revistas especializadas en Derecho penal.

Actualmente es fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, cumpliendo funciones a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Estando al frente de la Fiscalía de Córdoba llevó adelante juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia y en La Rioja, logró la primer sentencia condenatoria a penas de prisión efectiva por el delito de lavado de activos de origen delictivo en todo el país y por delitos de falsedad documental y fraude fiscal.

«Lavado de activos»

«Quería informarles que en el día de hoy realicé la denuncia pertinente a los señores Néstor Grindetti y Mauricio Macri por la presunta comisión del delito de lavado de activos. La misma fue recibida, en mano, por el titular de la Procelac, Dr. Carlos Gonella, quien, a nuestro pedido, la remitió con la urgencia que el caso amerita, al Juzgado Criminal y Correccional 7». Leandro Santoro, ayer en su cuenta de Facebook