Mientras avanza la investigación algunos de los funcionarios públicos presuntamente involucrados fueron licenciados y otros trasladados a localidades de la región. El jefe de la Departamental habló con los medios de prensa 

El escándalo de las supuestas irregularidades en el cobro de adicionales por parte de funcionarios policiales de distinto rango y jerarquía de la Departamental San Martín de la Policía de Córdoba llegó a los Tribunales de Villa María y al Tribunal de Disciplina de la fuerza.

Se hizo cargo de la investigación del caso la fiscal de Instrucción del Primer Turno, Silvia Maldonado, quien inició su actuación de oficio ayer al enterarse del hecho a través de la prensa, a la vez que recibía en su despacho también en la víspera la denuncia por parte del comisario Inspector Mauricio Rantica, la que hace referencia , textualmente, a presuntas irregularidades en el “Servicio de Seguridad Ciudadana aportado por el Gobierno de la Provincia en relación con la bonificación compensatoria por extensión de la jornada laboral” – tal el nombre técnico -lo que en la jerga interna se conoce como “fondos Alfa” y que comúnmente se designa como “servicio adicional”, es decir, el servicio que presta la Policía, fundamentalmente en espectáculos públicos y en el Hospital Pasteur, por ejemplo.

“Efectivamente, habiendo tomado conocimiento de las presuntas irregularidades ocurridas con estos fondos adicionales, iniciamos una actuación de oficio y dispusimos las primeras medidas para avanzar en la investigación”, dijo Maldonado a EL DIARIO y agregó que las mismas consisten en “requerir documentación a la Departamental y al área de Finanzas del Gobierno de Córdoba, donde se envían las planillas una vez que se han hecho efectivos los pagos y comenzar citar a declarar a los funcionarios presuntamente implicados en las irregularidades”, señaló la funcionaria judicial.

Maldonado indicó además que ya se comunicó con el Tribunal de Disciplina de la Policía, donde también si iniciaron actuaciones.

“La investigación recién comienza, por lo que resulta difícil adelantar ante qué tipo de delito estamos, sin embargo creo que podrían caber varios, como malversación de fondos públicos, omisión de los deberes de funcionario público e inclusive no se descarta la estafa. Esperamos contar con la documentación necesaria para seguir avanzando”, señaló la fiscal de Instrucción.

Dijo el jefe de la Policía

Por su parte, en relación al escándalo, el titular de la Departamental San Martín, comisario Inspector Héctor Moyano brindó una conferencia de prensa para aclarar algunas cuestiones sobre el caso.

“Nosotros hacía desde el viernes pasado que habíamos iniciado una investigación sobre el tema a partir de rumores internos que habíamos escuchado”, dijo el jefe policial.

Los rumores hacían referencia, según el propio funcionario, a haberes “indebidamente liquidados”

“Llevábamos alrededor de un 30% de la investigación avanzada cuando se conoció públicamente, por lo que ya se está ocupando la Justicia y el Tribunal de Disciplina”, expresó Moyano.

“Ahora hay que establecer si hubo delito o no, y para eso se lleva adelante la investigación, que es larga y difícil, porque hay que cotejar las planillas e individualizar planilla por planilla, hombre por hombre, día por día.

“No vamos a dar nombres ni montos, porque todo eso es ahora materia de investigación judicial”, se excusó el comisario Inspector cuando los periodista reunidos en su despacho de la Comisaría de Distrito le pidieron precisiones sobre el particular.

En cuanto a qué área de la fuerza se ocupará de ahora en adelante de la distribución y liquidación de la carga horaria extra para los uniformados para Seguridad Ciudadana, el jefe indicó que se ocupará de eso el Servicio de Adicionales.

Moyano señaló que no sabe a cuánto tiempo atrás podrían remontarse las presuntas irregularidades en el cobro indebido de adicionales pero aclaró que “desde que yo vine a Villa María, en enero de este año, se ocupaba del tema de los adicionales la misma gente”.

En cuanto a los presuntamente implicados hasta ahora en el escándalo, el jefe de la Departamental San Martín dijo que “serán licenciados hasta que termine la investigación y se deslinden responsabilidades”, pero se cuidó muy bien de señalar a algunos de sus subordinados como sospechoso de alguna maniobra presuntamente dolosa o delictiva.

El comisario Inspector, por último, se mostró preocupado por el escándalo ya que “todo lo que viene en contra de la Policía sorprende y daña la imagen de la institución. Aquí hay buena gente y se trabaja bien”, dijo Moyano.

Movimientos

A pesar de que Moyano esquivó mencionar nombres de los presuntos implicados e hizo la salvedad de que en “algunos medios salieron nombres que no tienen nada que ver”. Sin embargo, este medio accedió al facsímil de un memorándum interno sobre “movimiento de personal” en el que, curiosamente, figuran los mismos nombres que ya se dieron conocer como relacionados con el asunto en cuestión (ver facsímil a la derecha).

En el documento policial se menciona al cabo primero José Darío Palazzini; cabo primero Mario Daniel Sarmiento; agente Jessica Daiana Bollea y el cabo primero Mauricio Germán Sánchez.

En virtud del hermetismo que se guarda en la Comisaría de Distrito no se conocieron montos ni nombres, pero los rumores salpican a varios funcionarios, incluso algunos de mucha jerarquía a quienes la fiscal va a investigar.

Esto es sólo el comienzo; dicho por el propio comisario Moyano: “El 30 % de la investigación está avanzada”. Falta descubrir el 70% del iceberg.

“Nosotros queríamos seguir investigando internamente y llevarle a la Justicia la investigación completa y detallada, y presentarle todas las pruebas”, dijo el comisario Inspector.

“Podrían caber varios tipos de delitos, como malversación de fondos públicos, omisión de deberes de funcionario público e, inclusive, no se descarta la estafa”.

“Nosotros queríamos seguir investigando internamente y llevarle a la Justicia la investigación completa y detallada, y presentarles todas las pruebas”.

El comisario Inspector Héctor Moyano aprovechó la conferencia de prensa de ayer para aclarar públicamente que “a mí nunca me investigaron ni tengo una sola sanción en mi legajo, como se dijo en algún periódico”.

Sin embargo, en la edición de La Voz del Interior del 8 de abril de 2014 se decía que “Cinco autoridades de la Unidad Departamental Juárez Celman fueron removidos de sus cargos tras el operativo en un bar de La Carlota donde se promovía la prostitución. La decisión sorprendió en esta región del sur provincial (…) Fueron apartados de la Jefatura el comisario mayor Sergio Wisnievsky; el segundo jefe, comisario Inspector Héctor Moyano; el jefe de Zona 1, comisario Inspector Jorge Flores, y los subcomisarios Román Orlandi y Guillermo Braga”.

Y la misma información figuraba en el portal de FM Estrella de La Carlota.