Trabajadores judiciales instalaron ayer una carpa para explicar las razones del conflicto que lleva meses. Aseguran que hay un “doble estándar” en la liquidación de haberes de trabajadores y magistrados
Desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) resolvieron profundizar las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales.
Al trabajo a código y las asambleas diarias que vienen realizando, le sumaron una carpa en la vereda desde donde pretenden visibilizar el reclamo “por tiempo indeterminado, hasta que el Tribunal nos dé una respuesta”, dijo Guadalupe Vázquez, secretaria General de AGEPJ Villa María.
En la primera jornada de la carpa, se acercaron abogados a manifestar la solidaridad con los judiciales y dirigentes de la CGT local, que vienen sumándose a cada acto de protesta.
“Ellos nos están acompañando para romper la barrera que representa el doble estándar de liquidación salarial de empleados y de magistrados. Por ejemplo, la edad jubilatoria para los trabajadores es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, mientras que todos los magistrados pueden jubilarse a los 60. Nuestro aporte al sistema previsional es del 18% y el de ellos es del 12%. Además, sus salarios están equiparados al 90% de los ingresos de la Justicia Federal y nosotros tenemos un sistema provincial que agranda día a día la brecha”, planteó.
No sólo es “odiosa” la comparación con los magistrados de la Justicia Provincial, sino que también con sus pares trabajadores de la Justicia Federal. Aseguran que un ingresante sin título en el primer caso, comienza cobrando unos $9.500 mensuales, mientras que en el segundo el salario inicial alcanza los $18.000.
“Encontramos en esta modalidad, a través de la carpa, una forma de explicarle a la gente que si se demoran sus trámites, no es nuestra la culpa, sino de los vocales del Tribunal Superior que no dan respuesta a nuestro reclamo.
Cabe recordar que el conflicto iniciado hace ya varios meses apunta a la restitución del 1% de antigüedad que le fue quitada a todos los trabajadores provinciales durante la gestión de Ramón Bautista Mestre y que luego fue devuelta en tramos a otras actividades, menos la de la Justicia. También reclaman una mejora del adicional por título, dado que actualmente es una suma fija que no se actualiza desde hace tiempo y, finalmente, que se concreten los ascensos postergados.