El juez federal de Villa María, Roque Ramón Rebak, ordenó ayer a Ecogas «refacturar» a todos los usuarios de Villa María y que se abstenga de cortar el servicio a los que no pagaron, además de acreditarles el dinero pagado de más a los que ya abonaron sus facturas.

Al mismo tiempo, obligó a la empresa a respetar el tope de aumento del 400% establecido por la reciente Resolución 99/2016, con la que el Gobierno nacional dio «marcha atrás», en parte, al tarifazo.

Con la medida de «no innovar», el magistrado aceptó el amparo colectivo presentado por la defensora del Pueblo de la ciudad, Alicia Peresutti, con el patrocinio del abogado y concejal del oficialismo local, Carlos De Falco, en nombre de los 1.746 ciudadanos firmantes.

Invitan a radio abierta por el tarifazo

El Partido Obrero de Villa María y Villa Nueva convocó a trabajadores y vecinos a la radio abierta que se llevará a cabo mañana, desde las 11, en la esquina de Buenos Aires y San Martín de nuestra ciudad, exigiendo la anulación del tarifazo en los servicios que ha impuesto el Gobierno nacional -secundado por los gobernadores de todas las provincias- y las fuerzas políticas que integran.

“Este es un tarifazo del que es víctima el conjunto de la población argentina. En el marco del brutal ajuste que llevan adelante los gobiernos nacional, provinciales y municipales de todos los partidos políticos, los salarios han sufrido un nuevo y durísimo golpe y el nivel de incrementos fijados en paritarias no guarda la más mínima relación de proporción con los aumentos de tarifas de agua, luz, gas y transporte público, entre otros”, señala un parte de prensa que lleva las firmas de los excandidatos a intendentes por Villa María, José Gutiérrez, y por Villa Nueva, Facundo Altamirano.

“Durante dos décadas, desde los años 90 y hasta la actualidad, las privatizadas han saqueado los recursos naturales, han desinvertido en las empresas públicas y ahora pretenden que se traslade integralmente a los usuarios la factura de la crisis que han generado”, agregó el texto.

“Mientras se discuten excepciones a clubes, hospitales, universidades, etcétera, desde el Partido Obrero impulsamos la excepción completa para todas las familias trabajadoras, lo cual implica retrotraer las tarifas al 1 de enero de este año”, remarcó.

“No podemos aceptar que sin abrir los libros de las empresas prestadoras de servicios y sin saber adónde se llevaron el dinero de los subsidios que durante largos años les otorgó el Estado, se traslade al pueblo semejante tarifazo”, indicó.

“Ante la primera oleada de movilizaciones por el aumento de tarifas del gas, el Gobierno nacional definió un tope máximo del 400% para el aumento en los hogares patagónicos. A las empresas o comercios de esa zona, sin embargo, les sostuvo el tarifazo del 1.500%, sólo que distribuido en dos cuotas. Más de las tres cuartas partes de la nueva facturación irá a las petroleras, una transferencia del orden de los 3.500/4.000 millones de dólares. Pero, además, el anuncio del aumento de tarifas fue en paralelo a la más que duplicación del precio que recibirán las empresas por el gas en boca de pozo. El tarifazo financia una política de rescate furibundo de las petroleras”, consideraron Altamirano y Gutiérrez en el escrito.

“En las iniciativas contra el tarifazo, muchos vecinos organizaron desde la presentación de cautelares hasta movilizaciones callejeras. Frente a ese nivel de exasperación, intendentes y concejales se sumaron luego a los reclamos, pero esa ‘adhesión’ no pasa de ser una impostura, dado que todos ellos integran fuerzas políticas ajustadoras, sea Cambiemos a nivel nacional o el Frente para la Victoria y el resto del PJ en provincias y municipios”, apuntaron.

“Sin embargo, el movimiento popular no debe perder de vista que las cautelares de la Justicia expresan la intervención de otro poder del Estado en la crisis. La judicialización apunta a contener la reacción popular frente al tarifazo y ‘encauzar’ su aplicación. En cualquier caso, y por pedido del propio Gobierno, la sucesión de cautelares terminará en un fallo ‘ejemplar’ de la Corte. El Gobierno busca por esa vía la legitimación final de este nuevo ataque al bolsillo de los trabajadores. Este escenario reafirma la necesidad de que esta lucha se apoye en la iniciativa popular, con independencia de todos los poderes del Estado. La respuesta es multiplicar y extender lo que ya se vive en las calles: frazadazos en todo el país contra el aumento y por la victoria de las luchas en curso”, concluyó el parte.