Mañana los representantes de las partes fundamentarán sus posiciones en torno a la desaparición ocurrida en 2012
Las dos semanas que duraron las audiencias no ayudaron a dilucidar qué sucedió con Facundo Rivera Alegre, que desapareció luego de un baile de Damián Córdoba en el Estadio del Centro de la capital provincial.
Los testimonios de los empleados del cementerio San Vicente prácticamente descartaron la hipótesis de la Fiscalía que señalaba que el cadáver del joven había sido cremado en ese lugar por Aldo Monje, el empleado del área de mantenimiento imputado por el presunto delito de «encubrimiento agravado».
De esta manera, sigue siendo un misterio qué sucedió con el cuerpo de Facundo, lo que lo convierte en un desaparecido en democracia.
«En lo que se refiere al tramo del encubrimiento sobre la supuesta cremación creo que ha quedado totalmente descartada, salvo que los que lo hayan cremado sean los policías, que eran los únicos que tenían la llave del crematorio», expresó Claudio Orosz, abogado de la familia.
Sin saber qué sucedió con el cuerpo, lo único que parece confirmar el fallo es la autoría del homicidio por parte de los hermanos Pablo Rearte y K. L.
Según la testigo Laura Carolina Ludueña, oficial inspectora comisionada que formó parte de la investigación, Facundo se dirigió a barrio Maldonado para comprar cocaína para la banda de Damián Córdoba. Allí, en la casa de los Rearte, habría discutido “por un cobro” con K. L. Los gritos se volvieron golpes y “Pablo Rearte agarró a Facundo y K. L. le pegó un disparo en la cabeza”.
En este contexto, el abogado Orosz remarcó que el supuesto autor del disparo, K. L., era menor de 16 años al momento del crimen por lo que es inimputable. A su hermanastro Pablo, imputado como coautor de homicidio agravado, le podría caber algún tipo de condena.
«Creo que el tramo propiamente dicho por parte de un menor de edad con la colaboración esencial de su hermano mayor, Pablo, va a tener algún pedido de responsabilidad penal, no se si de condena», indicó.
Críticas a la investigación
Durante la audiencia, la querella cuestionó varios aspectos de la investigación: la intervención del teléfono de Viviana Alegre; la filtración de información sobre la investigación a los imputados; y la participación de Rafael Sosa, exdirector de Lucha Contra el Narcotráfico, actualmente detenido e imputado por encabezar una asociación ilícita entre polícías y narcotraficantes en lo que se conoció como «narcoescándalo».
«Creo que vamos a seguir preguntándonos qué pasó con Facundo Rivera Alegre. Espero que la Justicia trate de investigar cuál fue su destino. De nuevo vamos a darnos cuenta que cuando hay necesidades políticas de solucionar rápidamente ciertos casos, muchísimas sogas quedan sueltas (…). Vamos a seguir tratando de saber la verdad, pero vamos a seguir teniendo un desaparecido», opinó el abogado de derechos humanos.
Una vez más, Orosz involucró a la Policía de Córdoba en el caso Rivera Alegre, no por acción directa, sino como autores que posibilitaron el desenvolvimiento de los hechos.
«Han intentado presentar a Viviana, la madre, como una loca. Pero ella fue bombardeada con hipótesis, llamadas, mensajes, anónimos, que involucraban a la Policía. Más, si en el debate surge que posiblemente el cuerpo haya sido movilizado en un móvil policial. Si además le agregamos que la zona es absolutamente liberada y la policía sólo va cuando la llama el narco que paga, como lo dijo la testigo fundamental de la causa», repasó.
